El Fin del Absolutismo

La ciudad liberal

Estos hombres hablaban en nombre de una clase social, alejada también todo lo posible de la vida campesina de Europa por el proceso de la evolución económica; y esta clase social era -la nobleza del comercio con dinero en el bolsillo-, (Carlyle).

Desvanecido el sangriento pandemónium revolucionario, la clase media tomó en Francia la dirección de los negocios públicos. El gobierno de la nación vino a manos de la burguesía, impaciente por desarrollar y multiplicar su riqueza.

España hace también su revolución francesa, es decir, su revolución burguesa... sin burguesía. Aquella nobleza del comercio, con poder para dar a Francia su santo y seña, no existía, como acabamos de ver, en la Península cuando las Cortes de Cádiz proclamaron el milagroso advenimiento de la soberanía nacional. Fuera de algunas ciudades del litoral, capitaneadas por Cádiz, España estaba totalmente huérfana de burguesía. La revolución española sería, pues, la revolución de Cádiz. Cádiz y una parte de los principios universales de la Enciclopedia, contra toda España.

Al amparo de la geografía, la revolución española se refugió en aquel lejano rincón meridional, el único lugar, con Barcelona, donde la revolución podía medrar y sostenerse dado el carácter mercantil de la ciudad. Por entonces, Cádiz incluso adelantaba en tráfico marítimo a Barcelona. Todavía el año 1832 entraron en aquel puerto setecientos veintiún buques, ciento sesenta y siete más que en el catalán.

Desde el comienzo de la pugna entre el liberalismo y la monarquía absoluta, Cádiz fue el baluarte de la libertad. En Cádiz se concibió y alumbró la Constitución. Cádiz organizó el levantamiento de Riego, y lo financió con los medios que aportaron algunos de sus hombres de negocios, entre los que figuraban don José Montero, probo e inquieto comerciante, y don Juan Álvarez y Méndez, Mendizábal para la Historia, principal de la casa Bertrán de Lis.

Cádiz se negó a admitir en 1821 un gobernador designado por la absolutista voluntad de Fernando VII, y se declaró en rebeldía. Cuando, un bienio después, toda España se abatió, cual un campo de espigas al soplo del viento, al paso de las impertinentes tropas de Angulema, Cádiz fue la última tronera del liberalismo en entregarse, y no sin dejar a salvo su honor.

Restablecido el absolutismo, el corazón liberal de Cádiz latía todavía, y un batallón de marina se creyó llamado a anunciar que aun había constitucionalistas en España. Veinte años después se levantó Narváez contra Espartero, y cayó Espartero, pero Cádiz estuvo en bloque junto a la revolución vencida. Tras otro lustro de angustia para los liberales, la ciudad gaditana, entreabierta la puerta parlamentaria, metió su equipo de diputados progresistas. para terminar, el almirante Topete anunció en 1868, en Cádiz, el derrumbamiento de la monarquía de Isabel II.

La revolución española sufrió su primer contratiempo serio en cuanto abandonó su cuna. Apenas instaladas las Cortes en Madrid murieron violentamente, manu militari. Para algunas ideas, como para los individuos enfermizos, hay cambios de atmósfera fatales.

La monarquía católica

Los hombres de la revolución española, los Martínez de la Rosa, los Alcalá Galiano, Los Toreno, los Muñoz Torrer, los Mendizábal, los Istúriz, los Argüelles, los Quintana, los Canga, los Flórez Estrada, los Lista eran los corifeos de un grupo, no de una clase social. El liberalismo español no era un movimiento, ni siquiera un partido; era una secta. A extramuros de Cádiz, Barcelona y otros -muy pocos- centros mercantiles estaba perdido. Y como corresponde a una secta, tuvo que refugiarse, no más nacer, en las sombras.

La historia del liberalismo español a lo largo de su sobresaltada vida es la historia en incalculable dimensión de las sociedades secretas y particularmente de la masonería.

La tragedia del liberalismo español, que será la de la España contemporánea, se origina en definitiva en el hecho de que los liberales no llegaran a ser una clase social y tuvieran que acometer la reforma de España careciendo de fuerza en la nación. Pero lo primero -el no ser una clase social- no estaba en la voluntad de los liberales enmendarlo, y lo segundo -la reforma nacional- no convenía al interés urgente de España rehuirlo. He aquí el fondo dramático del conflicto que comienza en 1810.

Refiriéndose a la guerra contra los moriscos de Granada, Menéndez Pelayo se pregunta si era posible en la España del s. XVI la existencia del culto mahometano. Y se responde con razón, que no. Pues bien, tampoco era posible una monarquía absoluta española en la Europa del s. XIX.

La monarquía de Fernando VII fue, en efecto, una horrenda máscara mutilada de la monarquía católica del siglo XVI.

Los enemigos que en España tenía el progreso -en primera línea la Iglesia- querían lo imposible. Sin advertir que el liberalismo español planteaba un problema de naturaleza exclusivamente política. Un dato que no debe sorprender, porque el liberalismo español, aunque contuviera media docena de volterianos en su seno, era católico al nacer. Repudiaba la Inquisición -como pronto la tendría que repudiar Fernando VII-, fundándose en el inteligente criterio de que había pasado su hora y por considerar que representaba un peligroso anacronismo incluso para la Iglesia. (Con todo, los liberales sustituyeron a la Inquisición con el Tribunal de Defensores de la Fe).

El liberalismo español encabezó su primera Constitución con un párrafo litúrgico: En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo legislador de la sociedad... Y en el artículo 12 declaró que La Religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica Apostólica Romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.

Además, las Cortes decretaron la obligatoriedad del imprimatur episcopal para todas las publicaciones de tema religioso; y, en fin, los diputados oían misa antes de comenzar las sesiones.

El candor de los liberales

Ni las Cortes de Cádiz ni la mayoría de sus hombres representativos habían dejado de ser católicos, y los que ya no lo eran tenían plena conciencia de su minoritarísimo y no hubieran osado hacer frente a la Iglesia católica en el terreno del dogma. Uno -escribe Oliveira Martins (Historia de la Civilización Ibérica. Madrid. Mundo Latino, p. 384- declama en las Cortes discursos aprendidos de memoria de la tribuna francesa, y a continuación se va a rezar devotamente el trisagio y siente piadoso horror a la Masonería. Otro amontona textos sobre textos, pruebas sobre pruebas, para demostrar que ya en los siglos XI y XII los españoles eran liberales-parlamentarios, y que la revolución consiste en restablecer los cánones de los concilios de Toledo o de las imaginarias Cortes de Lamego. No pudo ser mayor el desorden, mas es imposible hallar mayor candidez ni mejor buena fe.

Quintana, autor de la oda Al Panteón de El Escorial, diatriba severa contra el fanatismo, incluyó, no obstante, en su plan de instrucción pública la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas. había que llevar, según ese documento, al espíritu de los alumnos los dogmas de la religión. Y todavía veinte años después, en la constitución de 1837, se estampó, con el asentimiento liberal, el exclusivismo religioso a favor de la Iglesia católica.

Se comprobaba en el s. XIX, como siempre, que solo la conducta de la Iglesia puede poner en peligro en España la religión. Muchas veces triunfará la revolución liberal en España, pero en ninguna victoria se dará, como en Francia, una -Fiesta de la Razón-, ni habrá ningún disipado Robespierre español que proclame la existencia de un Ser Supremo de su propia invención.

Porque la metafísica del español, aunque no le incapacite, como algunos pretenden, para desempeñar un papel decoroso en el actual tipo de civilización, sí parece oponerse a la creación espontánea de un sistema de ideas de base racionalista. Y a eso se debe, sin duda, que el español, en punto a religión, sea católico o no sea nada. Ya es significativo, que ni en el s. XIX haya logrado el protestantismo formar secta próspera en España, un hecho notable que indujo a Ángel Ganivet a pensar en la conveniencia de alquilar algunos protestantes y llevarlos a España para dotar a la Iglesia católica de lo que él creía oposición vivificadora.

Es innegable que en el entronque de las dos centurias, los que dieron cuño político a la voz liberal, sabían, a despecho de su pasión traductora, que la revolución española no podía ser, en lo espiritual, de igual hechura que la de Francia, ni debía resultar, en buena política, una subversión de principios tan sólidamente enraizados en la sociedad española que el solo intento de rozarlos comportaba un choque vidrioso con la nación.

La revolución de Cádiz pudiera haber sido la revolución de España, una revolución desde arriba, si en la otra margen de la sociedad española no acusaran las viejas instituciones decrepitud e ignorancia superlativas. Ello quebraba toda posibilidad de compromiso, al paso que hacía más inexcusable la transformación. Pero la ineptitud y el cerrilismo de nobles y clérigos abandonaba la obra de salvar a España -no se trataba de menos- a una secta impotente, que por sentirse hostigada cuando buscaba colaboración, se va a echar en brazos de los enemigos de su propia causa, empezando por el Ejército.

Con la Iglesia hostil a la revolución político-económica, cerrada a la banda contra todo ademán reformador, aquello que se inició en las Cortes de Cádiz con el mayor respeto para la religión, se iba a tornar pronto en penosa lucha, entre clericales y anticlericales. Porque el poder social de la Iglesia en España superaba al poder social de la Iglesia en Francia; y ya estaba visto que quien intentara destruir el antiguo régimen político-económico español habría de enfrentarse en primer lugar, no con los aristócratas, sino con el clero.

Y no habiendo clase media histórica en España, el grupo de reformadores encargado por veleidades de la Historia de llevar a cabo la revolución burguesa sin burgueses se convertía fatalmente en secta, y para desgracia de la revolución, en secta anticlerical. Su revolución difícilmente podía pasar de motín, y los revolucionarios terminarían, no colgando a los panaderos e incendiando los chateaux, como en Francia, sino asesinando a los frailes y pegando fuego a los conventos.

Aspiración a la teocracia

La Iglesia apela a un pasado en que servían los grandiosos planes políticos del monarca -la monarquía católica universal- para legitimar su antiguo sueño de suplantar a la corona y asentar sobre los escombros del Estado una teocracia. Porque sería equivocación transcendental creer que la Iglesia se situó a la defensiva en la crisis de la sociedad española que se abrió con la invasión napoleónica, y que podía darse por satisfecha con la humillación de los liberales.

No; la Iglesia llevaba otras miras. España se había quedado sin instituciones -consecuencia fundamental de la convulsión-, el poder político yacía por tierra, sin verdadero dueño, y la Iglesia, que había perdido grandes batallas en su lucha con la corona durante el s. XVIII, se disponía ahora ni más ni menos que a gobernar.

Ya la primera Junta Central, que presidió el conde de Floridablanca -de regreso de sus aficiones reformadoras-, llamó a los jesuitas españoles, que estaban en Italia desde que Carlos III, que prefería su despotismo al de la Compañía, los expulsó. La Junta nombró nuevo inquisidor, suspendió la venta de los bienes de obras pías y prohibió la impresión de toda clase de publicaciones sin previa licencia. No faltó obispo que se proclamara de hecho rey, cual el de Santander, que se colocó al frente de aquella Junta, se tituló regente soberano de Cantabria y exigió tratamiento de Alteza.

En el resto de las juntas el clero se hallaba nutridamente representado, y en muchos casos era el agente soberano a la cabeza de esas partículas del poder secular. No había entonces institución que poseyera más fuerza que la eclesiástica. Ella dictaba decretos, capitaneaba guerrillas, lanzaba soflamas y daba tono a la campaña contra los franceses.

Pero la revolución, que al desquiciar la monarquía y poner de manifiesto el ínfimo prestigio de la nobleza hereditaria, indujo a la Iglesia a luchar por la teocracia, estimuló a la minoría ilustrada a imponer a la sociedad el sistema representativo. Liberales y ultramontanos eran dos fuerzas que luchaban por el poder, y ambas se dirigían a coartar la soberanía de la corona. Los primeros, en nombre de la soberanía popular; los segundos, fundando tácitamente su derecho a gobernar en su incomparable señorío sobre la sociedad española.

De ahí que se entablase inmediatamente la colisión entre la institución espiritual y el rey, de igual modo que se planteó el conflicto entre los constitucionalistas y el monarca.

Fernando VII necesitaba a la Iglesia para mantener su terrible y trasnochado absolutismo, y por parte de la corona existía la posibilidad de una transacción. No otro era el sentido del nombramiento de su confesor, el padre Víctor Sáez, ministro universal de la monarquía. Respaldaban al padre Sáez los jesuitas, que se aprestaron a instalarse en calidad de factor decisivo en la nueva situación. Pero en seguida se descubrió que la Iglesia no se conformaba. Para sus planes teocráticos, el monarca constituía un estorbo.

En primer lugar, Fernando VII era un soberano muy personal e imperativo. No era este un rey dócil, como Carlos II. Absolutista como no lo fuera el más absolutista de los no con mucha propiedad llamados Austrias, y déspota como no lo soñara el más despótico de los Borbones, Fernando iría tan lejos en la represión contra los liberales como ambicionase la Iglesia. Conocido es el terror que siguió a la restauración del absolutismo en 1823.

La implacable persecución de los liberales, de los cuales fueron ejecutados ciento veinte en dieciocho días, obligó al cuerpo diplomático acreditado en Madrid a protestar cerca de la corte. Hasta el general Pozzi di Borgo, sujeto de confianza del emperador ruso en Madrid, intervino con el designio de frenar los excesos policíacos. !Que duda tiene que los eclesiásticos más exigentes podían estar satisfechos del antiliberalismo de aquel rey¡

No pudo Fernando, por presión de los gobiernos extranjeros, restablecer la Inquisición, como hubiera sido su gusto; pero el papel de la Inquisición se hallaba bien traspasado a organismos nuevos, como las Juntas de la Fe y la Junta Suprema del Estado, presidida por el fanático obispo de Osma, primate de El Ángel Exterminador. No velaban, a buen seguro, esas juntas menos celosamente que el Santo Oficio por la pureza de la fe.

Nada, sin embargo, de cuanto el rey hiciera en su favor satisfaría a la Iglesia, porque la Iglesia quería gobernar, y eso solo podía conseguirlo anulando por completo el poder de la realeza o coronando a una persona que se prestara a ser la cabeza sumisa de una teocracia. El clero, en suma, ansiaba todo el poder para sí, y como Fernando VII no se lo daba, la Iglesia inventó el carlismo.

¿Por qué pretende la Iglesia suplantar a la monarquía en el primer tercio del s. XIX? Este anacrónico propósito se origina, a todas luces, en la formidable situación social que el clero disfruta en España en el momento, justamente, de máxima debilidad de la sociedad civil.

Poder social del clero

En los comienzos del s. XIX contaba España, según hemos visto en nota estadística anterior, 3.100 conventos de uno y otro sexo. Había retirados a la vida monástica 57.000 varones y 24.000 hembras, que con los 75.000 seculares levantaban el número de las personas consagradas plenamente a la religión, a 156.000, en números redondos.

Por cada setenta habitantes había un eclesiástico en España, mientras que en Rusia se clasificaba uno por cada 153; en Italia, uno por cada 200, y en Francia, uno por cada 280. Tenía, pues, nuestra nación doble número de religiosos que Italia y triple que Francia, proporcionalmente al censo de habitantes. En algunas ciudades españolas el número de clérigos era superlativamente elevado, como en Valladolid, que albergaba a la sazón un servidor de la Iglesia por cada dieciséis varones.

La potencia económica de la institución espiritual era doble que la de la corona; y su fuerza jurídica tal, que no había jurisdicción que no se viera invadida por los clérigos, ni asunto en que no se llamaran a parte los tribunales eclesiásticos, aunque por su condición estos negocios se encontraran a remota distancia del signo talar.

La propiedad territorial de la Iglesia se cifraba en un millón trescientas mil hectáreas. Por rentas territoriales y urbanas la Iglesia recaudaba anualmente 600 millones de reales. Por diezmos y primicias, 324 millones. Por casual, derecho de estola y pie de altar, 118 millones.

Nominalmente la Iglesia tributaba, y es posible que la corona obtuviera de veinte a veinticinco millones de reales del diezmo, y que el impuesto de alcabalas fuera efectivo, por lo que atañe a las órdenes religiosas que practicaban el comercio y la industria, en la mayoría de los casos, bien que todo esto halla que tomarlo con un grano de sal. Añádase a ese poder económico, el poder político que de él tiene que derivarse forzosamente, más el que dimana de la adhesión popular a los eclesiásticos, y se tendrá exacta idea del incoercible vigor social de la Iglesia en aquel instante.

Al quebrantarse el poder de la nobleza en la subversión de 1808-1813, la Iglesia, que en lo económico no tenía rival, en lo político acaudillaba a las masas y en lo jurídico amedrentaba a todo contrincante, no hacía, por tanto, sino reclamar la confirmación oficial de su efectiva omnipotencia en la vida real del Estado. La Iglesia exigía todo el -imperium- para sí y con ello el desahucio de la corona. En nombre de un mendaz tradicionalismo los prelados pretendían gobernar a la monarquía, dictar la ley al monarca y a la nación.

Pero no era esa la tradición española. Porque en la monarquía católica del s. XVI hubo un -gobierno inspirado en los intereses de la fe, pero ejercido por los poderes civiles-. Además la Iglesia figuró mancomunada con el Estado en una misma misión trascendente cuando las inteligencias superiores de la nación daban cánones al orbe católico.

Todo eso, sin embargo, era imposible en el s. XIX, porque ni un Estado-Iglesia español podía declararse pendiente del más allá sin montar una ridícula farsa, ni había ya Reforma protestante que contener, ni, sobretodo, asombraba la Iglesia por el saber de sus individuos, sino por su penuria intelectual. Comprueba Menéndez Pelayo que todo el primer tercio del s. XIX no se publicó en España un solo tratado de Teología pura, un hecho por demás expresivo, que le lleva a uno a preguntarse que hacían los ciento cincuenta mil españoles que tenían consagrada su vida -sus cuerpos, por lo visto- a la religión

La preocupación de las grandes inteligencias católicas españolas, -exceptuados unos cuantos rebeldes- se ceñía a conservar el poder material de la Iglesia; y si surgió a continuación alguna lumbrera, como Balmes, su obra, notable por lo demás, está llena de sentido práctico, pendiente del orden social basado en la impía distribución de la riqueza, y sobresaltada por los riesgos que comenzaba a correr en su tiempo la propiedad privada.

Pero el genio católico español del s. XIX no era, al parecer, Balmes, sino Donoso Cortés. El furor que hacían los discursos y los escritos del marqués de Valdegamas entre los católicos oficiales españoles, denunciaba, precisamente, la infecundidad de las cabezas católicas. Festejaban a este autor por el carácter socialmente reaccionario de sus ensayos. Eso era lo que interesaba. Su obra más celebrada, el Ensayo sobre catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales, recoge el sentimiento militante de un sector social temeroso de perder sus privilegios.

Donoso Cortés era un converso. Procedía del extremo liberalismo, y luchaba con el ardor inseparable de los que se bañan en este Jordán. Se quiso hacer de Donoso Cortés un profeta del nuevo catolicismo, un genio español, ante el cual los liberales, malos traductores del francés, deberían descubrirse.

La verdad es que después de expirar sor María Agreda, la genuina tradición católica española quedó huérfana de valores intelectuales. Muy digna de encomio es la obra de cultura que han realizado algunos polígrafos y eruditos católicos, como Menéndez Pelayo, dignos de respeto y admiración, pero no ha habido católico oficial alguno -Unamuno no lo era- que pudiera contender en frescura y en originalidad de pensamiento con el más modesto de los teólogos españoles que figuraron en el Concilio de Trento. En el s. XIX hacía mucho tiempo que se habían acabado los Vázquez Menchaca, los Vozmediano, los Cano, los Suárez, los Laínez etc.

Caída de la popularidad de los eclesiásticos

Es evidente el desastre de que en el momento más transcendental para nuestra nación de los tiempos modernos fuera la Iglesia tan rica en bienes y tan pobre en valores intelectuales. Cuando los tuvo supo reformarse y salvarse, como testimonian los cambios introducidos en el mundo eclesiástico español por el cardenal Cisneros y por Santa Teresa. También así salió España al paso de la Reforma protestante.

En los umbrales de la centuria decimonona, la Iglesia era la piedra angular de la fábrica social española, pero no supo hacer frente a una mutación de la que España no podía escapar.

Una Iglesia con luces habría encauzado las reformas políticas y económicas urgentes, como quiso hacerlo el cardenal Belluga en el s. XVIII, y ello hubiera salvado a España y a la Iglesia. Como este hecho no se produjo, España y la Iglesia se iban a doler juntas. Si no se hacía la reforma de la sociedad española con la Iglesia tendría que hacerse contra la Iglesia, y prevaleció esta segunda alternativa que era la catastrófica.

Las jerarquías eclesiásticas ignoraron por completo el papel que les correspondía desempeñar. El clero español era político, probablemente porque no podía dejar de serlo, y no es eso lo que, en justicia, puede reprocharse a los eclesiásticos españoles de principios del s. XIX. Pero podían haber sido mejores políticos. Mas su ignorancia y su codicia hizo de ellos pésimos asesores, o incapaces gobernantes, sin otro título para dirigir a la nación que el de su inmerecido predicamento social.

Porque ya no monopolizaban el saber los hombres de Iglesia, como en el s. XVI; y el inevitable conflicto entre el poder social de la Iglesia y su incapacidad para administrarlo en beneficio de sí misma y de la nación, tenía que traducirse en el rápido descenso de popularidad de los eclesiásticos. El pueblo perdía el respeto a un clero montaraz que predicaba la violencia política y la ejecutaba con su propia mano.

Al capitanear la represión policíaca contra un movimiento tan inofensivo desde el ángulo de vista católico como era el liberalismo español al nacer, los religiosos sembraron los vientos que habrían de traer las tempestades de mañana.

Las masas fueron retirando su adhesión a una institución que no podía reformar nada porque ella misma estaba necesitada de honda reforma; y de atacar a los liberales, el vulgo pasó a atacar a los eclesiásticos. En 1834 se produjo en Madrid la primera matanza de frailes y al año siguiente se repitieron los desmanes, ya con quema de conventos, en Barcelona, Zaragoza, Reus y Murcia.

Ejército y Sociedad

España ha dado al diccionario universal la voz pronunciamiento, y como por lo común los vocablos solo se internacionalizan cuando tienen un sentido típico, estricto y elocuente, que les viene de la originalidad de la cosa representada por ellos, parece que España ha creado, con la palabra, un fenómeno social hasta ahora desconocido en el mundo.

Volvemos siempre a lo mismo: el español es una criatura singularmente constituida, que ama la guerra civil y cuando se mete en un uniforme es víctima del morboso placer de rebelarse contra las instituciones civiles. Nada más distante de la verdad. La presencia del Ejercito en la política española no denuncia ningún desarreglo psicológico del hombre español.

La prerrogativa del mando en una sociedad sanamente constituida es por ley natural atributo del poder civil, porque ni el Ejército como tal tiene otra misión que la de destruir, ni el soldado encamina su preparación técnica en otro sentido que el de hacer la guerra eficazmente, ni la disciplina civil es impuesta, sino pactada, ni la fuerza errátil e incierta que se ha desprendido de su órbita puede edificar nada.

El ejemplo gobernante de un César o un Napoleón no contradice esta tesis, pues en ambos las dotes de estadista sobrepasaban las de estratega.

La fuerza propende a abusar de su poder. Imantada hacia el mando absoluto por ley de su propio impulso, la institución militar escapa a su función específica en cuanto en la sociedad civil aparece debilitada la resistencia; y esta resistencia no es otra que el orden moral, fruto de la convivencia espontánea.

En principio el Ejercito representa una amenaza para el estado civil, que ha de procurar siempre recordarle su misión privativa con el ejemplo indiscutido de la fortaleza moral de las instituciones gobernantes. Pero los romanos iban más lejos en sus recelos, y habían elevado a norma tradicional que el general y el ejército como tales no pudieran entrar en la ciudad salvo en circunstancias muy extraordinarias.

El ejército disuelve las Corte

Dos factores se coligaron para mezclar al Ejército en la vida española. A causa de la guerra-revolución de 1808-1813 se desplomaron las instituciones fundamentales, sin que tal derrumbamiento fuera seguido de arraigo de las nuevas; y eso acontecía en un momento de auge para las armas, a la hora en que todos los españoles hacían de soldado, y cuando a los más modestos se les brindaba la espléndida coyuntura del generalato.

La coincidencia de la decrepitud del Estado antiguo, inerme y sin autoridad moral, con la ascensión pletórica de la fuerza armada convertía a los militares, a los profesionales y a los improvisados, en árbitros de los destinos de España. España era una anarquía.

Pronunciamiento de Elío y de Eguía (1814)

La corona se sentía débil frente al romántico liberalismo, concienzudamente monárquico, y ya en Valencia, a su regreso de Francia, Fernando VII vio en la espada del general Elío el instrumento adecuado para meter en cintura a los liberales. Días después... Pero veamos lo que nos dice un contemporáneo:

Habiendo llegado a Guadalajara el 30 de abril algunas fuerzas procedentes de Valencia mandadas por el súbdito inglés y general español don Santiago Whittingham encaminándose a Madrid, como a población dominada por enemigos, preguntó la Regencia al general a que venía, y él respondió solo que a obedecer órdenes del rey comunicadas por el general Elío; acto ya de rebelión militar, así como de declaración de guerra a nombre y con consentimiento del monarca, y feo modo de proceder de un extranjero, a quien no tocaba, aun sirviendo a España, tomar parte en sus discordias civiles, y menos todavía convertir en pro del monarca, poco antes amigo de Napoleón, el poder que en la milicia española le daba su clase, adquirido en unión con los mismos hombres y en obediencia a las mismas leyes de cuya destrucción se prestaba a ser indigno instrumento. Con más o menos razón se veía en la conducta de este inglés una prueba más del favor que daban los gobierno europeos al rey contra las Cortes. Antonio Alcalá Galiano, Historia de España, Madrid, 1846, t. VII, pág. 35

El golpe de Estado lo remató el general Eguía, capitán general de Madrid, disolviendo el parlamento antes de que el monarca entrara en la capital. La monarquía absoluta -una monarquía absoluta también discordante de la tradición porque se arrogaba más fueros que la del s. XVI-, quedaba así restaurada directamente por el brazo castrense.

Como consecuencia de la paz habían quedado cesantes buen número de generales, jefes y oficiales del Ejército, cuya carrera se interrumpía bruscamente en el momento de mayor gloria. Los liberales, expulsados de la legalidad, se redujeron a buscar la fuerza que les faltaba en la opinión en los antros de la conjura. La corriente sentimental de la época, harto influida por el romanticismo, favorecía el procedimiento, y la conducta inconcebible de la corte parecía autorizar todos los excesos de los gobernados.

Providencial ocasión para que ambiciones yacentes desenvainaran otra vez la espada en persecución de la fortuna. Corona y súbditos rivalizaban en halagar al Ejército, la fuerza decisiva, una vez vaciadas las instituciones civiles y eclesiásticas de su energía moral.

El Militarismo

La constante intromisión del Ejército español en la vida pública a lo largo del siglo XIX y XX ha inducido a muchos a pensar que España es una nación militarista, y esto no es exacto. La usurpación de la función gobernante por los militares constituye un fenómeno de carácter social.

Una nación militarista ha sido Alemania, por ejemplo. Pero en Alemania nunca ha gobernado el Ejército, aunque se haya dejado sentir su peso en la vida nacional. El breve paso del general Kurt von Schleicher por la Cancillería en 1932 tuvo como causa un hecho social -el mismo se llamó general social-, y este hecho fue la ruina de la sociedad civil alemana, producida, como suele ocurrir en todas partes, por la desigualdad social extrema.

El militarismo alemán de los días de Federico el Grande, y el militarismo francés, que nació al calor de la monarquía de Luis XIV, no han tenido equivalentes en nuestro país, para el cual las armas nunca han constituido un fin en sí mismas, sino instrumento subalterno en la persecución de fines ecuménicos, ajenos, cuando no contrarios, al interés estrictamente nacional, y mucho menos al de la casta militar. España no es, ni ha sido nunca, una nación militarista.

En ningún país fue la milicia más dócil a la ley civil que en España cuando España tuvo un poder civil moralmente inatacable. Sobre ello aporta claro testimonio la sociedad española del s. XVI, y no solo en la Península, sino también en las más remotas regiones de la monarquía, allí donde se ofrecían a la fuerza militar mayor número de alicientes para extraviarse. La conducta de Hernán Cortés en la fundación de Veracruz atestigua la humildad de que eran capaces las armas españolas ante la sociedad civil en el momento de máximo esplendor para ambas.

El caso Hernán Cortés

Habiendo conquistado aquel territorio y deseando pasar a Quiabislan, lugar famoso por la fertilidad del suelo, Hernán Cortés reunió "a la gente para nombrar los ministros del gobierno". Fueron elegidos alcaldes Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo; regidores, Alonso Dávila, Pedro Alonso de Alvarado y Gonzalo de Sandoval; alguacil mayor, Juan de Escalante, y procurador general Francisco Alvarez Chico. "Nombróse también el escribano de ayuntamiento, con otros ministros inferiores, y hecho el juramento ordinario de guardar razón y justicia, según su obligación, al mayor servicio de Dios y del rey, tomaron su posesión con la solemnidad que se acostumbra", relata don Antonio de Solís.

Mientras se nombraba a las autoridades civiles y tenía efecto la ceremonia del juramento, Hernán Cortés permanecía entre la multitud, silencioso y atento, como un ciudadano más. No pasaba inadvertido, por más que se lo proponía, en virtud de "aquel género de autoridad que suele consistir en la veneración ajena". Pero "procuraba autorizar con su respeto a aquellos ministros para que el brazo de la justicia y la voz del pueblo llenasen los vacíos de la jurisdicción militar que residía en él por delegación de Diego Velázquez."

Al otro día, de mañana, se reunió el ayuntamiento en consejo, para iniciar su obra de gobierno. Al tanto de ello, Hernán Cortés pidió licencia para entrar. "Pusiéronse en pie los capitulares para recibirle y él, haciendo reverencia a la villa, pasó a tomar el asiento inmediato al primer regidor."

Cortés pronuncia entonces un discurso con gran elevación de miras, refiriéndose a lo que se ha hecho y a lo que queda por hacer. Recuerda a las autoridades que para las empresas que se avecinan, "donde necesitaremos igualmente del consejo y de las manos", el Ejército no está en condiciones. El no se considera con autoridad moral para mandarlo en tanto el ayuntamiento no le confiera mejor título que el que le dió Diego Velázquez, cuya confianza Hernán Cortes había perdido. "Dexo aparte aclara-, la razón de su desconfianza, por ser de otro propósito, pero no puedo negar que la jurisdicción militar, de que tanto necesitamos, se conserva hoy en mí contra la voluntad de su dueño, y se funda en un título violento, que trahe consigo mal disimulada la flaqueza de su origen." Historia de la Conquista de México, por don Antonio de Solís, secre- tario de Su Majestad, y cronista mayor de las Indias, Madrid, 1791, libro II, cap. VII, pp. 208 ss.

Ruega, pues, a los regidores que designen nuevo jefe del Ejército. Porque "en el Ayuntamiento reside la representación del rey y puede en su real nombre proveer el gobierno de las armas". Promete acatar lo que resuelvan aquellos magistrados populares y termina con esta magnífica y ejemplar oración: "...que sabré sin violentarme acomodar la pica en la mano que deja el bastón, que si en la guerra se aprende el mandar obedeciendo, también hay casos en que el haber mandado enseña a obedecer."

A continuación deja sobre la mesa el título de Diego Velázquez, besa el bastón de mando y lo entrega a los alcaldes. Dicho y hecho todo eso, se retira a su barraca a esperar la decisión del ayuntamiento. Los capitulares acuerdan no admitir la dimisión del conquistador, sino obligarle a que tome de nuevo el mando de las tropas.

Ordénase al pregonero que convoque a la gente, a quien se da entonces cuenta de la renuncia de Hernán Cortés y del acuerdo del ayuntamiento de confirmarle en la jefatura del Ejército. La muchedumbre aprueba con aplausos y vítores la resolución adoptada, y todos juntos, los alcaldes al frente del pueblo, se dirigen a la tienda del ilustre capitán y le notifican "que la Villa Rica de la Vera Cruz, en nombre del rey don Carlos, y con sabiduría y aprobación de sus vecinos en Concejo abierto le había elegido y nombrado gobernador del Exército de Nueva España y en caso necesario le requería y ordenaba que se encargase de esta ocupación, por ser así conveniente al bien público de la Villa y al mayor servicio de Su Majestad."

Cortés, astuto y político, aceptó el nuevo nombramiento "con grande urbanidad y estimación", pero no ofrece duda que en su humildad ante el poder civil no había reservas mentales.

La supremacía militar

Las clases directoras españolas de nuestro tiempo olvidan que cuando el poder resigna el gobierno de la sociedad en manos del Ejército no reduce a servidumbre a una sola clase, sino a toda la sociedad. Nadie se salva del vasallaje. La experiencia delata que aquellos que ceden el mando a la arbitrariedad castrense, pensando que el patriotismo de los favorecidos devolverá a la fuerza bruta a los cuarteles en el momento más conveniente para sus intereses de clase, se forjan una estúpida ilusión.

Observamos esto: pueblos sin fuerte clase media, como Hungría, Polonia, las naciones balcánicas, España, las naciones hispanoamericanas están condenados a sufrir la tiranía militar, al menos con intermitencias. Es decir, generalmente en los países sometidos a los trastornos de los pronunciamientos periódicos o de los gobiernos militares semipermanentes predomina en la economía el sistema de la gran propiedad territorial: son naciones agrarias, sin clase media mercantil ni agrícola que cuente y en las cuales se escinde la sociedad en dos núcleos: el de una oligarquía acaudalada y el del proletariado misérrimo.

Admiramos por contraste, la solidez de las instituciones civiles en naciones como las escandinavas. Pero poco misterio se encierra en ello. El equilibrio de clases de los pueblos escandinavos, como el de Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, los Estados Unidos de América, hace posible el funcionamiento del sufragio universal. Más aún: lo impone, Porque la libertad es tan inherente a las naciones socialmente equilibradas, como la tiranía, en la acepción griega, a los pueblos que no han hallado su equilibrio interior o tratan de hallarlo.

Se ha definido a las libertades públicas como -resistencias-, y a la libertad política, por consiguiente, como fenómeno originado por -una pluralidad de fuerzas que mutuamente se resisten-, y la experiencia histórica de la sociedad basada en clases económicas corrobora la definición. En todo caso, está hoy en nuestra mano comprobar que en las naciones en que se corresponde armónicamente la sociedad de clase media predominante con el Estado liberal, el Ejército no encuentra portillo por donde escapar a su misión técnica. El poder civil posee tal fuerza moral que frente a su autoridad no se le ofrece otra opción a la fuerza organizada que la del acatamiento.

Analogía entre España y Roma

En la sociedad antigua, cuando el soldado era ciudadano y el ciudadano soldado, y cuando el manejo de las armas representaba un privilegio que solo se discernía a los propietarios, el Ejército se diferenciaba ostensiblemente de las fuerzas armadas de nuestro tiempo. Pero, con todo eso, el senado romano tomaba sus precauciones; y cuando las legiones acampaban en el Aventino, el senado, que veía proyectarse sobre la ciudad el espectro de la anarquía y la guerra civil, en las que tanto habrían de perder los patricios, cedía.

Mas acudía en abono de tan prudente ademán en cuerpo tradicionalmente celoso de las prerrogativas de la sociedad civil el dato de la peculiar constitución del Ejército, cuya condición no era la de brazo armado del Estado, como lo es hoy, sino más bien de la ciudadanía en armas.

La reacción que siguió al asesinato del segundo de los Graco en época posterior, reacción todo lo brutal que correspondía a un gobierno injusto -enemigo de las reformas que vigorizan al poder civil-, introdujo por primera vez en Roma a las armas como elemento decisivo en la vida del Estado. De la abyección de aquel gobierno nos dice Mommsen:

La corrupción del estado civil romano invita al ejército a entrar en la liza política. Mario mete a las legiones en la empresa de derrocar a la aristocracia. De un modo seguro y definitivo la sociedad civil romana ya no recuperará su antiguo vigor. El poder civil ha degenerado, y Roma asistirá a la disputa de los generales banderizos peleando entre sí por establecer sus respectivas dictaduras (en la acepción moderna).

Unos, Mario y César, serán los generales del partido democrático; otros, Sila y Pompeyo, los adalides de la aristocracia. En el análogo conflicto del s. XX, España tendrá un remedo pálido de Mario en Riego y un trasunto de Sila en Narváez. La fortuna negó a nuestro país la saludable monarquía de César, y en su lugar nos dio la débil y efímera regencia de Espartero.

Para un español, ese periodo de la Historia Universal de Roma que se extiende desde el intento reformista de Sempronio Graco hasta la victoria de César está llena de sugestiones. A trozos se podían cotejar esa parte del drama histórico romano y nuestro drama nacional del s. XIX, actual todavía. Que había conciencia de ello en España lo prueba el hecho de que en 1854 se hablara en Madrid de la resurrección del consulado y que a Espartero y a O´Donnell les llamaran -los cónsules-.

El estrecho parentesco que liga a sucesos tan distanciados en el tiempo como son los que concurren en la crisis más grave que atravesó Roma y aquellos otros que se han abatido en nuestros días sobre la nación española se explica por la analogía de las circunstancias sociales; y donde se perfila con aristas más acusadas el paralelismo es el el carácter de la agresión de la fuerza militar contra el gobierno civil.

La rivalidad entre Mario y Sila había nacido en los campos de batalla de África, como la de Espartero y Narváez se originó en América y en la primera guerra carlista; y en ambos casos los partidos políticos toman posiciones detrás de los generales, sin duda por intuir que la única fuerza real existente era la militar, la fuerza bruta.

El proceso de autodestrucción del estado civil es el mismo en Roma que en España. El ejército romano, reorganizado por Mario cuando reclutó las legiones que habrían de luchar en África, no era ya la milicia republicana de días pasados, sino una mesnada con espíritu de cuerpo. Mario creó, al incorporar en sus columnas a los ciudadanos más pobres y al hacer posible que el oficial más humilde ascendiera a general, una fuerza militar profesional, en la que el voluntariado abría la puerta a innumerables individuos que nada tenían que perder.

Esta revolución en la vida del ejército romano tiene sus puntos de contacto con la que se produjo en España durante la guerra de la Independencia. De añadidura, coincidiendo, como dije en ocasión anterior, con la relajación del poder civil, Italia, como España, se hallaba empeñada en guerras ultramarinas e interiores, una circunstancia que situaba a la nación en estado de guerra permanente, con todo el favor que de ello se deriva para el medro y la jurisdicción del Ejército.

El primer pronunciamiento liberal triunfante en España fue el que acaudilló Riego en enero de 1820. Riego se sublevó en Cabezas de San Juan al frente de 1.500 hombres, a los que se había dicho, como se dijo a los 22.000 que esperaban barco para América en la costa meridional, que victoriosa la revolución obtendrían estimables recompensas.

En el impulso subversivo de Mario, el primer general que se subleva en Roma, juegan factores idénticos a los que mueven a Riego. Al punto de que el juicio que expresa Mommsen sobre este particular podría aplicarse mutatis mutandis a la España de 1820.

La confianza de los conjurados de Cádiz y Sevilla se fundaba igualmente, no tanto sobre sus efectivos militares como sobre la abyección en que había caído la monarquía. Esa fe les dio la victoria. Un comandante con media compañía -al final se quedó Riego con cuarenta y cinco soldados- se bastaron para echar abajo aquella ficción de Estado civil.

La Teoría

Hay dos maneras clásicas de revolución: una biológica, espontánea; la otra, incubada con artificio, mimética. La primera es aquella que se va gestando con el tiempo en una sociedad por virtud del nacimiento de una nueva clase social y que se consuma cuando esa clase se encuentra ya formada y es más fuerte que el medio que la oprime. El advenimiento de esta clase social se suele anunciar por el mayor poder social y la superioridad intelectual de sus personajes representativos sobre los de la clase que oficialmente domina. Arquetipos de este género de revolución biológica son la revolución helénica del siglo VI antes de Cristo, la inglesa de la decimoséptima centuria y la gran Revolución Francesa.

Se da, asimismo, otra suerte de revolución cuando la sociedad comienza a no sentirse armónica porque la clase dominante ha degenerado. Síntoma de esa degeneración es, por lo común, la ciega resistencia a toda reforma salvadora. El estado de la economía es nocivo para el orden social, como en el caso anteriormente citado, pero en este el núcleo innovador carece de poder económico, no se apoya en una clase que supere en pujanza a la descaecida clase directora y trata de imponerse a la sociedad entera arrancando concesiones políticas a los opresores. De este segundo tipo son las revoluciones de los Graco en la República romana y la de España en nuestro tiempo, ambas originadoras de sendas guerras civiles con una duración en cada caso de más de cien años. No tiene duda que en este género de revolución influye considerablemente el ejemplo exterior, que actúa a manera de acicate en el ánimo de los reformistas y refuerza la pasión de los entusiastas.

La mutación abocetada en primer lugar es una revolución desde abajo. El otro proceso revolucionario se desarrolla desde arriba. En aquel ejemplo la revolución surge de las entrañas de la sociedad; en este la revolución se enfrenta con la sociedad. Aquélla es una revolución de clase; ésta, una revolución de secta. La primera legisla para confirmar un hecho consumado; la segunda trata de consumar el hecho mediante la ley. En una el acto, la reforma, precede a la ley; en otra la ley precede a la reforma. La revolución francesa es, en esta nomenclatura, una revolución desde abajo. La española, una revolución desde arriba. Desde arriba, porque la destrucción del viejo Estado ha de hacerse desde la cima del poder, por reformas legislativas, en tanto que en el otro linaje de subversión, el Estado antiguo cae, como si dijéramos, por una explosión interna de la sociedad. En la revolución de secta, especialmente, la minoría reformista se tiene que apoyar en el proletariado, porque su única fuerza reside en la parte de poder político que conquiste movilizando a las masas contra las oligarquías. Pero la soberanía popular, la intervención activa del pueblo en la política, hace a la secta tributaria de las masas, a las que no puede despedir una vez prestado el servicio, contra lo que ocurre cuando quien lleva a cabo la revolución es una clase media fuerte. Esta será una de las grandes tragedias de la revolución española, como lo fue en la romana: la de una secta progresista actuando con masas proletarias y tratando de instaurar un sistema de libertad en el medio imposible de un pueblo en la miseria, para el cual el supremo valor político no es la libertad, sino la igualdad.

La revolución desde arriba pondrá, en el régimen constitucional, a la libertad en crisis permanente. El proceso político se caracterizará por el juego de dos situaciones antípodas, presentándose en rotación: la dictadura de la clase amenazada y la demagogia de la secta reformista. Ningún gobierno de la secta, es decir, de la revolución desde arriba, podrá durar en sistema de libertad de opinión y discusión parlamentaria. La oligarquía le atacará, gracias a la libertad, con su dominante poder económico y el pueblo volverá contra él su creciente poder político.

La revolución se cifrará al final en la penetración de la línea de menor resistencia: el pueblo verá aumentados sus derechos políticos; en vez de dos, tendrá diez tribunos; en lugar de veinte, la masa contará con cuarenta diputados. La oligarquía no arriesga nada colaborando con la secta en esta política, demagógica en un profundo sentido, pues gracias a ello puede retener la propiedad.

Moral del liberalismo español

Afirma Mommsen en su Historia Romana que el sufragio universal conduce a la monarquía. Se refiere a la monarquía de César, desenlace de la revolución de los Graco. Aquella revolución, como la española, tenía que desembocar en la desaparición de la libertad. Pero lo que en realidad quería decir el gran historiador es que el sufragio universal conduce a la monarquía absoluta, o a una de sus variantes, como la dictadura moderna, cuando no existe, bien porque no se haya creado, como en España, bien porque haya desaparecido, como en Roma, una clase media, campesina o mercantil. Que en definitiva es eso lo que está en el ánimo de Mommsen se prueba por otros dos asertos suyos: primero, que con la aparición del tribunado de la plebe se inicia en Roma la guerra civil, pues dio poder político a los que no tenían tierra, como en España; y segundo, que la razón de que no hubiera tiranías en Italia y las hubiera en Grecia fue que los italianos excluyeron de los comicios por más tiempo que los griegos a los ciudadanos que no tenían tierra.

Ello es evidente. Si la libertad precede a las reformas sustanciales de la economía en el sentido de la destrucción de la oligarquía agraria o financiera, la libertad hace de la revolución legislativa un interminable y sangriento proceso nacional, truncado a menudo por la dictadura oligárquica. El error de los liberales españoles, por lo demás explicable, consistirá en no percibir que el parlamento y la libertad, son en todas partes hijos, no padres, de la revolución. Fueron los hijos, y no los padres, de la revolución en los pueblos donde la transformación social se produjo de abajo arriba, como en Inglaterra y Francia. Con mayor motivo tenían que serlo en España, donde el primer paso de la revolución tenía que consistir en crear la clase revolucionaria del momento, la clase media histórica, y en transformar al liberalismo, mediante el reparto de las tierras y el rápido fomento del comercio y la industria, de secta, en clase; de grupo selecto, en movimiento nacional.

Si Cromwell se vio forzado, para salvar la revolución de la libertad, a crear un parlamento adicto, y si Napoleón -Napoleón el estadista-, apoyado en la poderosa clase media europea, tuvo, para llevar a remate la revolución burguesa, que imponer silencio a los abogados, con mayor razón incumbía a los liberales españoles no pedir derechos políticos, y menos decretarlos, para los que no tenían tierra, sino modificar de raíz la condición de la propiedad como fundamento de la libertad. La fórmula inteligente no era dar la libertad a los que no tenían tierra, sino dar la tierra a los que no tenían libertad. Porque la libertad vendría con la tierra, pero la tierra no vendría con la libertad.

Los principios filosóficos de los liberales españoles creaban, sin embargo, la primera dificultad seria a la revolución. Su pasión por la libertad era, ante todo, moral.

Por todos conceptos, nada hay en Europa que equivalga al liberalismo doceañista español. La voz liberal designa en la política española una actitud moral, mientras que Europa la recoge para definir valores políticos y económicos engendrados por una nueva clase social que en España no existía. Nótese que España no queda dividida en liberales y conservadores, sino en liberales y serviles. El liberal español se autodefine por el nombre que pone a su antagonista, y al llamarle servil lo elimina como ente político para exaltarlo como sujeto moral. Liberales y serviles, exaltados y moderados: conceptos morales.

Esta original concepción del conflicto se reflejará en toda la política liberal española, más atenta a imponerse al adversario por la dignidad que por la eficacia; más interesada en humillarlo que en destruirlo.

El Jacobinismo

En España, la falta de punto de apoyo social del constitucionalismo abonaba particularmente el terreno a las sociedades secretas. Pero, además, con las ideas del Contrato Social llegó a nuestro país la ola romántica que desencadenó Rousseau, según la observación de Belloq, y todo se concitó para hacer de España un hervidero de sectas declamatorias y de intrépidos conjurados. Bien conocido es el tipo de conspirador romántico, uno de los personajes que más color prestan a la época. El romanticismo empapa todas las manifestaciones de la vida, y si en las letras se mofa de los viejos maestros, en la política arrumba convencionalismos y escrúpulos. Movimiento de rebelión y de protesta, no podía dejar de bañar con su luz los gestos de los liberales y los del carlismo, luego que el carlismo se sintió minoría en la nación.

Junto a las sociedades secretas funcionaban las sociedades patrióticas, que serán en España, ya bien entrado el siglo, un remedo de la sociedad jacobina francesa.

Mas la imitación fallará en el mismo punto que falla todo el progresismo español. El jacobinismo era un movimiento nacional, y las sociedades patrióticas españolas no pasarán de subsectas. Todos los jacobinos de Madrid cabían en un café. Estos raquíticos órganos de la revolución, si así podemos denominarlos, por perturbadores que fueran, carecían de base en el pueblo, mientras que la sociedad jacobina francesa era fundamentalmente una institución de raíz popular, con sus cuarenta y cuatro mil centros, activos y bulliciosos, en toda Francia.

En rigor, los jacobinos, en cuanto poder popular superaban a la Convención. Sus debates, lejos de ser la cábala de una sociedad secreta, se publicaban en el Moniteur. Las sociedades patrióticas madrileñas, en cambio, no irradiaban la menor influencia fuera de la capital, y aún aquí su actividad parecía reducirse a provocar alborotos en un local cerrado.

En España no podía arraigar el jacobinismo francés, que era, como hemos dicho, un movimiento de masas. Pero los liberales españoles querían hacer la revolución, y esta revolución tenía que tener un órgano. Los partidos políticos de aquella modesta clase media no podían ser tal órgano, porque por mucho que se esforzaran los entusiastas no hallarían elementos en la nación, al comenzar, para constituir nada en una escala nacional. Y no solo era el liberalismo, por su divorcio del medio en que actuaba, todo él, una secta, sino que, además, tenía conciencia de que era una secta.

Esto lo hacía superlativamente apto para las prácticas sectarias, para el ocultismo político. Por otra parte, la enorme fuerza social del clero presentaba a la Iglesia como el obstáculo principal, en apariencia como el único obstáculo, que cerraba el paso a la revolución. Simplificado el problema, la crisis histórica venía a ser un conflicto entre la secta liberal y el movimiento teocrático. Los liberales se quedaban en anticlericales, y el órgano de la revolución iba a ser la Masonería.

La Masonería y el Ejército

Hay quien remonta los orígenes de la Masonería en España al s. XVIII. Sin embargo, esta sociedad en ciernes de la decimoctava centuria era harto distinta de la que había de encabezar más tarde la revolución liberal. Antes de la llegada de los franceses con José Bonaparte hubo masones en España, mas no hubo organización masónica digna de tal nombre. Las primeras logias las formaron los franceses de José y los -afrancesados- españoles bajo la autoridad y orientación de los primeros.

A últimos de 1816, en auge el terror de la camarilla fernandina, comenzó a funcionar en Granada una nueva sociedad, que se llamó reformada. La organización francesa había sufrido los cortes y añadidos que ha juicio de los reformadores españoles imponían las circunstancias. La nueva sociedad no tenía carácter político excepcionalmente acusado, ni se constituía para restablecer la Constitución de 1812.

En Madrid apareció pronto una logia, que obedecía a la de Granada, y en Cádiz inició también por los mismos días sus actividades otra sección, que con el nombre de -Soberano Capítulo- se reunía en el domicilio del propietario gaditano don Francisco Javier de Istúriz. La prosperidad del conciliábulo en esta ciudad mesocrática indujo a la formación de una logia central bajo el transcendental y laborioso título de -Taller Sublime-.

En el trienio que hay desde la fundación de la sociedad reformada en Granada hasta el pronunciamiento de Rafael del Riego, las juntas secretas no dejaron de conspirar. La Iglesia arremetió contra ellas y las logias de Madrid y Granada tuvieron que disolverse, mientras que en Valencia reprimía el general Elío con furor draconiano una conjuración de la misma marca. Donde mejor ambiente encontraba la secta era en Cádiz. Aquí había abierto sus puertas a los militares, derivando ya francamente en organización política.

Apenas constituirse, la Masonería se había trocado en el órgano de la revolución liberal. La oficialidad del Ejército de guarnición en Cádiz -no los soldados, pues la sociedad no era una institución democrática-, entraba en capítulos y logias, consciente ya de que se trataba de una entidad política. El arribo de la fuerza expedicionaria que habría de embarcar en Cádiz y los puertos próximos con destino a sofocar el movimiento secesionista en la América hispánica fue un acontecimiento del que sacó velozmente partido la Masonería. Raro era ahora el regimiento que no tenía su logia.

La introducción del dogma de la soberanía popular en una nación que al disolverse las instituciones inicia espontáneamente la marcha hacia la teocracia, por quedar como único elemento de poder social el clero, tenía que hacer de la revolución española un drama original. La fatalidad había ido convocando sin demora a los diversos elementos de ese drama, y al erigirse la Masonería en el órgano directivo de la subversión, todos los factores que van a imprimir la caótica fisonomía con que le conocemos al s. XIX están ya presentes en la escena. Es ahora cuando va a comenzar la revolución confiada a una secta incapaz de llevarla a cabo con éxito.

La clase media europea y su equivalente en los Estados Unidos de América jamás hubiera cedido tan interesante función a una sociedad secreta. La Masonería no había hecho la revolución en ninguna parte ni había pretendido hacerla.

En la revolución francesa había sido una institución subalterna, de la que recelaba la burguesía. Los banqueros, como los hermanos Frey, eran jacobinos, no masones. En los Estados Unidos el hecho de ser masón le costó la presidencia de la Unión a Jackson, pues el instinto popular, como escribe Cecil Chesterton, presumía, que para las sociedades secretas, terroristas o no, no hay sitio en una nación libre.

El partido antimasón norteamericano que se formó a raíz del escándalo Morgan -Morgan prometió hacer públicos los secretos de la sociedad y no volvió a saberse más de él- recibía toda su fuerza de los elementos que luego constituyeron el partido whig, esto es, de la burguesía avanzada.

Y si la Masonería inglesa ha podido prosperar ello se debe a su estricta y subrayada fisonomía de organización benéfica; en otro caso es seguro que habría levantado en el país igual clamor adverso que la organización norteamericana.

Las logias de Cádiz decidieron al fin establecer la Constitución de 1812. Se había dado un paso de considerable gravedad política, porque al triunfar la conjura revolucionaria iba a triunfar la sociedad, y con la victoria, la Masonería se convertiría en el deus ex machina de la política liberal española, una verdadera catástrofe para el liberalismo, como en seguida veremos.

En marcha el complot, no se admitía en él a quienes no ingresaran previamente en la sociedad. De esta suerte la revolución, contra lo que acontecía con los jacobinos, repudiaba la sangre popular y se encerraba en un sectarismo que más tarde había de seguir ignorando, en las reformas económicas esenciales, los intereses de las clases populares. Se iba a hacer la revolución contra la Iglesia, pero eso no significaría que iba a hacerse en favor del pueblo.

Desde el primer momento, pues, la Masonería, por su condición de organismo cerrado, fundado sobre el principio aristocrático, prescinde del pueblo y pone en peligro, no más conquistarla, la libertad, porque la va a obtener valiéndose de un Ejército profesional, muy pagado de su espíritu de cuerpo, pretoriano, que va a la revolución a continuar la aventura que interrumpió la salida de los franceses de España, y que se alista en la Masonería para esquivar un deber.

Este Ejército es un enemigo de la sociedad civil y de la libertad tan peligroso como la Iglesia. La Masonería moviliza a este Ejército contra la Iglesia, pero no se puede movilizar a este tipo de ejército contra la Iglesia sin movilizarlo al mismo tiempo contra la nación. La entrada de las armas en la política de la mano de los masones ponía en peligro para el futuro cualquier simulacro de Estado civil que intentaran levantar los liberales.

Don Antonio Alcalá Galiano, diplomático en vacaciones, fue, según el mismo cuenta, quien recibió la misión de conectar a las logias con el ejército que acampaba en el Sur. A poca costa -a lo que se dice-, ganó a los militares para la causa de los conspiradores. Porque el elocuente emisario les pintaba con trazos sombríos aquel espantoso viaje que estaban a pique de emprender, del cual, con toda seguridad, no volverían. Quedarse en la Península amparados por la benéfica Constitución implicaba el reposo y el ascenso.

La verdadera gloria para un soldado era la que otorgaba la libertad agradecida a sus servidores. Ante argumentos tan generosos los oficiales afluían a las logias. A los soldados se les decía que el designio de los conjurados estribaba en suspender la expedición. Por consiguiente, quien obedeciera al gobierno se colocaba del lado de los partidarios del embarque, y al contrario, los que se sumaran a la rebelión trabajarían por quedarse en tierra.

La cosa no podía estar más clara. En julio de 1819 la conspiración se hallaba muy avanzada y acordaron rematar los últimos detalles en las tenebrosidades de una cueva en Alcalá de los Gazules. Aquella noche juraron sobre una espada desnuda derribar el infame régimen de Fernando VII.

La Masonería y Riego

Un oscuro personaje -inmortalizado luego por el martirio-, comandante del regimiento de Asturias de guarnición en Cabezas de San Juan, levantaba su gente al quebrar el alba del primer día de 1820 y proclamaba la Constitución de 1812. Era este soldado Rafael del Riego, que había pasado buena parte de la guerra de la Independencia prisionero en Francia, después de dar muestras de loable fidelidad a su jefe. Riego tenía la orden de marchar en silencio sobre Arcos de la Frontera, pero prefirió obrar por su cuenta, y no se atuvo al plan.

En la jornada siguiente se sublevó en Alcalá de los Gazules el coronel Quiroga. Con Riego iba, por riscos y llanuras, el futuro hacendista de la revolución, Mendizábal. El movimiento había triunfado, y la Masonería había asestado un golpe certero al absolutismo. Jefes y oficiales del Ejército y clases de tropas acudían ahora en tropel a familiarizarse con la secta. España volvía a tener un gobierno liberal. Pero otro gobierno secreto, formado por representantes de las logias provinciales, se disponía a dictar la política de los ministros, ninguno de ellos, al parecer, masón. La secta había derrocado al absolutismo y negaba celosamente a todos los no sectarios el derecho a gobernar.

Estorbaba a la Masonería aquel gobierno y como también le estorbaba a Fernando VII, absolutistas y masones coincidían ahora, al menos en un punto. La impaciencia de los sectarios destacó un enviado especial, otra vez Alcalá Galiano, para una entrevista, que tuvo efecto, con el padre Cirilo de la Alameda, general de los franciscanos y jefe del absolutismo apostólico, un eclesiástico de mucha historia en el siglo XIX. El padre Cirilo, en nombre de Fernando VII deseaba explorar la posibilidad de constituir un gobierno masónico homogéneo.

Las negociaciones no dieron, de momento fruto, pero el gobierno no podía sostenerse sin la aquiescencia de la Masonería, órgano indiscutible y poderoso ya que la revolución liberal, y varios ministros, entre ellos Argüelles y Valdés, tuvieron que ingresar en la secta.. Los ministros se hacían masones, y la Masonería se escindía. La incapacidad de la sociedad para dirigir la política liberal introducía el caos en la revolución, porque como tal sociedad secreta no podía gobernar, pero como órgano de la revolución se arrogaba la función de elegir el poder ejecutivo.

Los Comuneros

El estado llano de la Masonería, el sector más próximo al pueblo, consideró no tardando que el rito carecía de tradición en España e invocando románticamente la tradición liberal fundó -Los Comuneros- o Hijos de Padilla. Los Comuneros adoptaron otra liturgia: en vez de la escuadra y el compás y demás símbolos masónicos pusieron en uso otros signos, el castillo como pieza central de la ceremonia.

Y es que el liberalismo español no podía desobedecer a su conciencia sectaria, en la acepción más pura de esta palabra. No tiene duda de que al separarse de la Masonería las gentes que fundaron Los Comuneros aspiraban a constituir una organización democrática.

La secta madre, rígidamente jerárquica, con su dogmática escala de categorías, el carácter monárquico absoluto de la jefatura y el compromiso jurado de obediencia ciega al Gran Oriente se compadecía dificultosamente con las aspiraciones del pueblo. La nueva entidad arrastró a casi todos los sargentos. Pero la circunstancia de que Los Comuneros persistieran en el uso de fórmulas de tipo masónico y no se desprendieran de la Masonería para tomar rango de partido, prueba cuán fuerte era, como dije antes, en los cuadros liberales el sentimiento sectario.

En los sucesivo la Masonería y Los Comuneros iban a disputarse la clientela con el celo habitual de competidores de la misma industria. En 1822, Riego, ya general, figura como jefe de la Masonería, y la Masonería constituye un gobierno que Fernando VII aprueba, con estrepitosa protesta de la secta hermana que no se aviene a que se la prive de representación ministerial. Singular estado de cosas.

La Masonería tiene que contar como factor de consideración en todo estudio honesto del pandemonium español. Las actividades de esta sociedad secreta no se acompañarían de especial transcendencia en España, si la fatalidad no hubiera hecho de ella el órgano de la revolución. La revolución española, de suyo difícil y caótica, llegó a complicarse excepcionalmente por la parte que las logias tomaron en los acontecimientos.

Los intereses de la Masonería no eran, decididamente los de la revolución. La reiterada expulsión de los jesuitas, primera y urgente medida de toda situación liberal, tenía tanto que ver con la revolución, como las nubes de antaño. La Masonería se hallaba espiritualmente preparada para este tipo de política superficial, pero ni por su condición de sociedad secreta, desconectada de las masas, ni por su ribete religioso estaba capacitada para una empresa más profunda.

No era tampoco desdeñable la amenaza que la Masonería política representaba para los intereses de la sociedad civil. En una nación donde el poder arrastra precaria existencia no puede contribuir a fortalecerlo, ciertamente, el entrenamiento de los militares en la política, y en este sentido las logias significaban la intervención sistemática del cuartel en los negocios públicos y la quiebra de la disciplina militar, aún en los periodos en que más conviniera a los liberales su mantenimiento.

La propiedad de "manos muertas"

En su aspecto económico, la revolución liberal había de consistir en España, como en otros países, en desamortizar, desestancar y poner en circulación la riqueza territorial llamada de manos muertas, propiedad de la nobleza y las instituciones eclesiásticas. Esto es, en convertir en propiedad privada individual activa la propiedad colectiva, generalmente no explotada por sus dueños.

Ello urgía en nuestro país, porque a principios del siglo XIX casi toda la tierra se hallaba en España en poder del clero, fundaciones, encomiendas, señoríos y mayorazgos; los que debían poseerla, que eran los verdaderos labradores, no poseían más que una porción mínima. Flórez Estrada calculaba que los baldíos, o tierras yermas, y bienes de manos muertas sumaban casi tanto como tres veces la propiedad individual. El gran reformador Olavide afirmaba en su Informe de 1768 que los comunes y los baldíos ocupaban las dos terceras partes, o más, del territorio andaluz. En un escrito anónimo titulado Plan del uso que debe hacerse de los baldíos, y que autorizaron, al considerarlo fehaciente, Canga Argüelles, Flórez Estrada y Escrich, se decía que de los 136 millones de fanegas (de 50 estadales cada una: cada fanega, 64 áreas, 40 centiáreas) que mide la Península, menos 14 millones que ocupan los ríos, montes, poblaciones, caminos, etc. , estaban en cultivo 33 millones y quedaban de pasto, baldíos y de manos muertas 89 millones, o sea casi el 70% de la superficie total del territorio, cerca del triple de la extensión de la propiedad individual.

En orden al principio de la necesidad de la desamortización, que era dogma liberal, no había discrepancias entre los legisladores de Cádiz, ni las hubo entre sus sucesores ideológicos. Venía a ser esa reforma vieja aspiración de las clases progresivas de España. Los gobiernos del siglo XVIII, bajo Carlos III y Carlos IV, habían aplicado poco antes los bienes de los jesuitas a la reducción de la Deuda pública y había expropiado a instituciones de caridad, gremios religiosos, fundaciones pías y beneficios bajo patronato seglar a cambio de bonos del Estado.

Pero separaba a los economistas del momento el clásico pleito anejo al destino que debiera darse a la propiedad desamortizada: si había de ser colectiva o individual, de pertenencia del Estado -o los municipios- o de los ciudadanos particulares.

Defendió el criterio colectivista Flórez Estrada, y con ello se atenía a una tradición española manifiesta, pero la posición individualista, que tuvo por paladín a Jovellanos, bien que menos conforme con esa cierta tendencia tradicional española en materia de propiedad agraria, y, sin duda, perniciosa para el país, llevaba las de vencer, por ser hija de la corriente ideológica de la época, eminentemente individualista.

Colectivismo y comunismo

La tradición colectivista y comunista española constituye el tema de la obra clásica de Costa (Colectivismo agrario en España), y en esta fuente hemos de detenernos para refrescar nuestra memoria con hechos y teorías de superlativo interés para nuestro estudio.

La tradición colectivista y comunista española en orden a la teoría y práctica de la propiedad de la tierra tiene su raíz, a mi modo de ver, en la psicología de la raza. Contra lo que se dice, el español no es más individualista que otros pueblos que pasan por lo contrario.

Tierra de communitas, España es el país de las comunidades de todo género, de las comunidades religiosas y de las comunidades revolucionarias. Mal puede ser calificado, en puridad, de individualista quien tantas pruebas a dado de preferir la Humanidad a la nación, de anteponer los ideales universales a los nacionales, de interesarse por la suerte y salvación del mundo con olvido de la propia salvación nacional. De ahí precisamente nace la debilidad del patriotismo español, erróneamente atribuida a lo opuesto, al individualismo.

La época histórica en que más plena y espontáneamente se expresa el alma española es la Edad Media -que al acabar, los españoles quisieran perpetuar en Europa-, y en la Edad Media triunfa el universalismo. La Reforma religiosa del siglo XVI les era antipática a los españoles porque tendía a dividir el mundo y a individualizar la fe, destruyendo la comunidad católica o ecuménica. La victoria de la Reforma protestante en media Europa pone fin al internacionalismo o universalismo medieval; y allí donde triunfa suprime el comunismo religioso. Prosperan entonces el individualismo y el nacionalismo, pero en conflicto con el español y con España.

Era lógico que España acaudillara la contrarreforma y que Inglaterra capitaneara la Reforma. Antípoda psicológico del español, el inglés, individualista y nacionalista, se erige en campeón de la interpretación individual de las Escrituras y triunfa en la edad en que el español fracasa: la edad del libre examen, del capitalismo de laissez-faire -cada cual que haga lo que le parezca- y de la propiedad privada individual.

No es casualidad que España se arruinara por el ideal de una sola Iglesia en Occidente, de un solo mundo, como hoy se dice, de la communitas universal, ni de que se arruinase también por culpa de las comunidades religiosas, ni de que tratara de salvarse con comunidades y germanías (fraternidades). Tampoco es casualidad que Inglaterra, no solo rompiese la unidad católica, sino la unidad protestante también y se diera una Iglesia para sí, como se dio un sistema de monedas, pesas y medidas separatistas, único en el mundo.

El inglés, es decir, Inglaterra, será siempre obstáculo de consideración para el nacimiento de una comunidad europea o universal. El espíritu de colaboración, de equipo, de comunidad, del inglés, se gesta como casi todas las virtudes de este pueblo, en el utilitarismo, y es fruto del patriotismo, del profundo nacionalismo de esta raza insular; por eso falla en el terreno internacional, en las relaciones con otros pueblos. Nadie puede ignorar a su prójimo como el inglés . La ciencia del Estado nacional es, en gran parte, inglesa: Hobbes, Adam Smith, Locke, Stuart Mill; pero la ciencia del Derecho internacional brota en España: Vitoria, Soto, Mariana, Suárez.

No se refleja menos la vena universalista y colectivista española en cuanto se escribió en España desde el siglo XVI sobre la ciencia política, especialmente en aquel tema y dominio en que más se trasluce, acaso, la psicología de una nación: el régimen de la propiedad.

Lo que pudiéramos llamar pensamiento clásico español en materia agraria es colectivista y comunista, como colectivista y comunista eran en buena parte la propiedad y el trabajo en los campos de España. La sociedad perfecta la traza Sancho Panza, no Don Quijote, aunque Don Quijote, en el discurso a los cabreros, se nos muestra comunista tan razonable como los tratadistas españoles de carne y hueso de su tiempo. La sociología española no levanta falansterios ni utopías, género de literatura social renacentista, en que puede discernirse la influencia de Platón.

Colectivismo y comunismo en teoría

Uno de los primeros españoles que escribieron en el Renacimiento sobre la cuestión de la propiedad fue el monje trinitario fray Alonso de Castrillo, quien dice en su Tractado de república, con otras historias y antigüedades, aparecido en Burgos en 1521, que todos los hombres nacen iguales y libres; de consiguiente, por ley natural, ninguno tiene derecho a mandar sobre otro. Costa tiene a fray Alonso por comunista y republicano. Por erudición -anota el polígrafo aragonés- el libro de fray Alonso pertenece al Renacimiento, por su fondo se engrana más bien en la Edad Media, pareciendo un superviviente de aquel fértil y osado siglo XIV en que la propiedad individual fue tan fieramente combatida y en que tantos soñaron con ajustar la sociedad civil al tipo del convento.

Cinco años más tarde, en septiembre de 1526, se imprimió la obra de Juan Luis Vives (1492-1540) de Subventione Pauperum, sive de Humanis necessitatibus, que trata de la beneficencia privada y pública. También roza Vives estos problemas en de Causis Corruptarum Artium. El humanista español declara que todo aquel que no reparte a los pobres lo que sobra de sus usos necesarios es un ladrón, y si no castigado como tal por las leyes humanas, lo es seguramente por las divinas.

Vives se adelanta a Henry George -y a Proudhon- en el enérgico juicio de que la propiedad privada es un robo. Costa comenta que ha de concluirse que en la mente de Vives, la constitución económica de un país, al menos en los concerniente a la propiedad territorial, habría de hallarse en estado de revisión perpetua. El insigne valenciano proclama el derecho al trabajo y a la asistencia -criterio socialista-, pero se opone al comunismo en su opúsculo Communione rerum, que publicó en 1535 en Brujas con el designio de influir sobre los campesinos alemanes sublevados.

Coincidiendo con el pensamiento de Vives en de Subventione Pauperum dio a la luz pública en 1538 fray Domingo de Soto su Deliberación en la causa de los pobres, alegato contra la desigualdad social. Este autor interpreta cierto pasaje del Evangelio de San Lucas en el sentido de que so pena de pecado mortal, son obligados los ricos a hacer limosna de lo que les sobra; quitado lo que es necesario para el hombre pasar la vida, todo lo demás ha de darlo al que tiene dello necesidad quien quiera escapar de las penas del infierno.

Persevera la tendencia comunista y colectivista en la obra del padre Mariana, nuestro clásico historiador, celebrado por españoles y extranjeros (el gran historiador inglés Gibbon entre ellos). Mariana dio a la estampa en 1599 su famoso tratado de Rege et Regis Institutione, que, como es sabido, fue recogido y quemado en París, por defender el tiranicidio.

El pensamiento de Mariana, el estado primitivo y más feliz de la Humanidad ha sido la propiedad colectiva de las riquezas naturales, singularmente de la tierra. Es de nosotros un deber de humanidad -dice el sociólogo jesuita- tener a disposición de todos los bienes que Dios quiso fuesen comunes, ya que a todos los hombres entregó la tierra para que se sustentaran con sus frutos, y solo la rabiosa codicia pudo acotar y acaparar para sí ese patrimonio divino, apropiándose los alimentos y las riquezas dispuestas para todos los humanos.

No es partidario Mariana de la distribución de las riquezas por igual; ha de reservarse una parte de la propiedad para la comunidad. República donde haya quienes carezcan de lo más preciso, no puede ser feliz ni gozar una paz duradera. Es fuerza guardar en esto cierta medida modus, como quería Platón, fomentando la medianía, huyendo de aquellos dos extremos igualmente viciosos.

Hacia el año 1600, el humanista Pedro de Valencia, natural de Córdoba, cronista de Felipe III, dirigió una Exposición al Rey en la que se abocetan doctrinas propias de un socialista moderno. La paternidad de la teoría del colectivismo agrario, atribuida al inglés Spencer (1775) pertenece a Pedro de Valencia, que la expuso antes.

El cronista español sostiene que nadie debe poseer más tierra que la que haya de cultivar por sí y necesite para su sustento; entran en su plan todas las tierras, públicas y de propiedad particular y admite que se compense a los dueños expropiados con pensiones enfitéuticas [cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de un canon ] moderadas. Solo la tierra debe trocarse en patrimonio común, no el capital mueble y semoviente.

El Estado debe dirigir la explotación del suelo, con sistema regular de turno o Flurzwang en cada localidad. Entre los daños que la nación puede padecer -dice Pedro de Valencia. -

Halla el remedio práctico en una organización colectivista de la propiedad territorial, reforzada con cierto orden de policía agraria que Costa califica de socialismo de Estado.

En 1600 apareció en Valladolid el Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de España y estados de ella, y del desempeño universal de estos reinos. Autor: el licenciado Martín González de Cellorigo, abogado de la Real Chancillería de Valladolid. Cellorigo declara que quien vive de la renta de la tierra es un usurpador, y, por tanto, que quien no es labrador no tiene derecho a ser terrateniente.

El colectivismo agrario tiene otro resuelto paladín en Lope de Deza, autor de Gobierno político de la Agricultura (1618), donde se recomienda que se faculte a los labradores para exigir el arrendamiento perpetuo o temporal de las tierras que labrasen, pagando tres y tercio por ciento de su valor en la especie de frutos que produjeran.

Deza defiende la enfiteusis o arrendamientos perpetuos de haciendas raíces por poquísimas y moderadas pensiones en los mismos frutos; repudia los censos modernos a base de dinero, especie de prestamos hipotecarios, merced a los cuales los adinerados viven en el ocio... y los labradores viven como siervos, consumiendo cuanto producen en pagar créditos, décimas y otras costas.

El autor de Colectivismo agrario en España (Costa), adivina en Lope de Deza el precursor de los colectivistas españoles de la segunda mitad del XVIII, que preconizan fijar máximun de extensión a la labor de los agricultores que exploten tierras propias, declarar perpetuos, por el llamado en las leyes de la Mesta derecho de posesión, los arrendamientos de tierras, convirtiéndolas en casi enfiteusis, sin la voluntad de los dueños, y tasar, por autoridad del Estado, la renta que han de satisfacerles anualmente los colonos, que es decir la indemnización por el dominio útil expropiado, prohibiendo en todo caso los subarriendos.

El licenciado don Miguel Caxa de Leruela, alcalde mayor entregador de Mestas y Cañadas, salió en 1631 a la defensa de la ganadería y el colectivismo agrario con su obra Restauración de España. Este autor achaca la penuria nacional al avance de la agricultura con menoscabo de la ganadería. En punto a la propiedad agraria, preconiza el régimen de la Ley Licinia, que prohibía poseer más de siete yugadas de tierra, y arriba de cien cabezas de ganado mayor y quinientas de menos. Altísima razón de Estado para asegurar el reino y la república es no consentir que ninguno crezca demasiadamente (en propiedades).

Propone que los pastos de cada localidad sigan siendo de posesión colectiva del vecindario y que cada vecino reciba cierto número de ganado menor y mayor, con el máximo en las quinientas cabezas de menor y veinte de mayor.

A mediados del siglo XVIII aparece en España un extraordinario y singular economista: Francisco Martínez de Mata, autor de unos Memoriales o Discursos, tan originales como proféticos. Debió ser confundido con los arbitristas en que tan fecunda era la época, a lo que daría pie su estampa personal. Se llamaba así mismo siervo de los pobres afligidos. Era franciscano de la Tercera Orden de Penitencia, y andaba por Sevilla en hábito religioso predicando sus doctrinas económicas. Las autoridades lo persiguieron, bien que reconocieran que no obstante carecer de letras hablaba con algún acierto en esta materia, en fuerza del uso, pues no se ocupaba en otra cosa.

Sin embargo, Costa tiene a Martínez de Mata con el más preciso y consciente precursor de Adam Smith. La riqueza de un país -afirmaba el franciscano economista- no consiste en la abundancia de oro y plata, sino en la abundancia de las cosas que son útiles o agradables al hombre; por consiguiente, el origen de la riqueza es el trabajo aplicado a los diversos ramos de la industria, o sea de la producción agrícola, pecuaria, minera y fabril y manufacturera. La industria es la verdadera piedra filosofal que transustancia en plata y oro las simple materias que Dios ha dado para sustentarse.

Así discurría en 1656 Martínez de la Mata, contradiciendo a un tiempo y en parte por adelantado los dos sistemas económicos mercantil y fisiocrático, que proclamaban como manantiales únicos de riqueza el comercio exterior y la agricultura.

Uno de los mayores méritos de Martínez de la Mata -comenta Costa-, consiste en haber adivinado el peligro que corría España con haberse constituido exclusivamente en agricultora; la apremiante necesidad de que se transformara en potencia manufacturera y comercial, para sostener su representación política en el mundo, conservar y acrecentar sus dominios coloniales, restaurar sus decaídos prestigios y afianzar sus grandezas, sus destinos, y hasta su existencia en lo futuro; y en todo caso para promover el adelanto y la prosperidad de la agricultura y la ganadería necesitadas de consumidores holgados y ricos, y de fábricas y empleos útiles donde colocar los brazos sobrantes de las familias cultivadoras.

Otro notable economista español, Juan Francisco de Castro, denunció entre 1765 y 1770 los males inherentes a la acumulación de la propiedad de la tierra. Este autor recuerda las celebradas leyes agrarias de Roma, que no permitían que nadie poseyera más de cincuenta yugadas de tierra, atribuyendo a la gran propiedad territorial el acabamiento y fin de la República romana, punto de vista que informa la obra de los grandes historiadores modernos de aquella civilización.

La razón -dice- se deja entender, cincuenta yugadas de tierra se consideraban suficientes para llenar las atenciones de un padre de familia en el cuidado de la labranza y su decente sustentación: el exceso se creía una usurpación hecha a la República, con que podía hacer vivir muchas otras familias, sustentar sus matrimonios, divertir sus manos, y el efecto de todo, adelantar la agricultura, fomentar las artes y aumentar la población. Si en la sincera observancia de estas leyes (agrarias) permaneciera Roma, acaso no viera la República tan breve ruina.

Colectivismo y comunismo en la práctica

Ese sentimiento ora colectivista, ora comunista o socialista que palpita en la sociología española se corresponde en la realidad con el régimen de la propiedad y la explotación de la tierra en parte considerable de España.

Se sabe de la nación de los vaceos [pueblo hispánico prerromano que habitaba un territorio extendido a ambos lados del Duero por los actuales términos de Medina del Campo, Valladolid, Palencia, Sahagún, Villalpando y Toro] que poseía las tierras en comunidad y las labraba individualmente por el sistema de año y vez. Se dividía la tierra en quiñones, que se repartían por suerte entre el vecindario. Los frutos se ponían en común y se distribuían entre todos según las necesidades de cada uno.

También existía de antiguo en España la institución colectivista, o más bien, acaso, comunista de los llamados campos de fábrica labrados en común por el vecindario para fines piadosos y de beneficencia. (según Díodoro Sículo, de quien lo recoge don Rafael de Floranes. Costa, p. 103)

En las postrimerías del siglo XVIII recordaba el licenciado don Francisco Xabier de Peñaranda que había en España ciertas porciones de tierra llamadas senaras concejiles que en muchos pueblos del Reyno, escasos de propios o rentas capaces de mantener los gastos públicos, o con objeto de pagar contribuciones, labran las gentes del campo congregadas, poniendo unos las manos, otros los arados y demás aperos, regularmente en días de fiesta, previa la ordinaria licencia, para no estorbarse los jornales ni ocupación de los trabajos, aplicando el producto a aquellos fines.

Se contaba en España pueblos como Llábanes, en la provincia de León, donde eran comunes las tierras de labrantías y se distribuían por suerte a partes iguales entre todos los vecinos cada diez años. Algunos prados eran, asimismo, comunes y se repartían como las tierras de labor; mas la mayor parte eran de propiedad privada

En cura párroco de Llábanes escribía.

Culminaba en España el colectivismo agrario en el régimen de las tierras municipales, denominadas bienes de propios y bienes comunales, según su aplicación. Los pueblos eran sumamente ricos en este linaje de propiedad. El diputado de las ciudades extremeñas don Vicente Paino recordaba en la representación que dirigió al rey en 1764 que el término de Badajoz fue en su origen todo común, así en cuanto a las tierras de sola labor como a las de labor y pasto.

La desamortización mermó esta clase de bienes, pero no acabó con ellos, como veremos.

Constituyen los bienes de propios dehesas, prados, campos, huertas, viñas, montes, sotos y otras clases de fincas rústicas, además de censos y otros derechos reales sobre heredades particulares. Los municipios arrendaban y arriendan las fincas de propios a vecinos de la localidad por periodos cortos, de uno a seis años, y con el producto de la renta se hace frente, en parte, a los gastos concejiles.

En Extremadura había a principios del siglo XIX dos géneros de bienes de propios: dehesas para los ganaderos, que pagaban una renta módica por los pastos, y tierras de labor destinadas a lotes de labranza, los cuales no se arrendaban en pública subasta, sino que se repartían todos los años por los ayuntamientos a los jornaleros y labradores pobres, quienes pagaban a cambio un pequeño canon o retribución.

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX -informa Costa- las fincas y derechos de propios -unidos a los impuestos sobre las tiendas, posadas, hornos, etc. -, cubrían con su producto todos los gastos de los pueblos y todavía dejaban un remanente, que Canga Argüelles cifraba entre 16 y 60 millones de pesetas.

Se llamaba, y se llama, bienes concejiles o comunales a otro patrimonio de los pueblos, formado por tierras labrantías, dehesas, prados, bosques, todo propiedad del concejo o colectividad de vecinos, no convertibles en fuente de renta por los ayuntamientos, sino de aprovechamiento directo, personal y gratuito de aquellos. Primitivamente, todos los bienes concejiles tendrían el carácter de comunales, es decir, no estarían destinados a producir renta, pero con el tiempo irían pasando a la categoría de propios, a medida que crecieran los presupuestos municipales.

El sistema de bienes municipales imperante en España se extendió a parte de América con la conquista.

Así, en el Perú se estableció el mismo régimen mixto, con sus bienes de propios para la dotación de la hacienda municipal, sus dehesas boyales y concejiles para los caballos y bueyes de labor, para las reses necesarias a la carnicería y para el número ordinarios de los demás ganados que los pobladores habían de tener; con sus ejidos, con sus baldíos de reserva para nuevas concesiones a los que adelante fuesen a poblar (leyes de indias), y -añade Costa- lo que ha de parecer más extraño: con el sistema de derrota de mieses, que hacía común el pasto de todas las tierras concedidas o vendidas por el rey luego de alzada la cosecha.

Colonización interior y reformas agrarias en el XVIII

Con tales antecedentes doctrinales y prácticos comienzan en España las reformas agrarias en la segunda mitad del siglo XVIII, reinados de Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808). En este dinámico periodo paran seriamente atención los gobiernos, por primera vez en la historia moderna de España, en los problemas fundamentales de la nación legados por el s. anterior.

Entonces se inicia, en realidad, la revolución regeneradora que, estorbada por obstáculos inamovibles y vicisitudes fortuitas transcendentales, seguirá tratando de imponerse, sin éxito definitivo, hasta nuestros días.

Cuatro hombres quedan adscritos en la historia a las reformas españolas del siglo XVIII: el de don Pedro Pablo Abarca y Bolea, conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla; el de don Francisco Antonio Moñino, conde de Floridablanca, magistrado, ministro, fiscal del Consejo de Castilla; el de don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, abogado, fiscal del Consejo de Castilla, asesor de Correos, director de la Real Academia de la Historia y presidente del Consejo de la Mesta; autor de la obra Antigüedad marítima de la República de Cartago, con el periplo de su general Hannon (1756), del Tratado de la regalía de amortización (1765), del Discurso sobre la educación popular de los artesanos (1755), etc. ; y el de don Pablo Antonio José Olavide, conde de Pilón, ministro togado en Lima a los veinte años de edad y auditor general de guerra en el virreinato del Perú, síndico en Madrid, con la dirección de los hospicios, intendente de Sevilla, superintendente de las colonias y poblaciones nuevas de Sierra Morena.

El empeño más ambicioso y aplaudido de cuantos concibieron y en parte realizaron aquellos reformadores en el área de las reformas rústicas fue la colonización de comarcas despobladas con inmigrantes extranjeros -la mayoría alemanes- y españoles de otras provincias. Comenzó la colonización en Andalucía, en unas cien leguas cuadradas de las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. la dirigió personalmente Olavide.

Llevó la empresa tres o cuatro años, y en ese tiempo y con un desembolso de diez millones y pico de pesetas no más, alzaron en tierras desérticas 44 pueblos comprendidos hoy en los ayuntamientos de La Carolina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena, Montizón, Aldeaquemada, Arquillos, La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián y Luisiana, con unos 30.000 habitantes.

Se incluía en el plan de colonización de Sierra Morena casi todas las formas de propiedad colectiva de trabajo en común heredadas de la tradición, en parte mejoradas: pastos de común aprovechamiento, con número máximo de cabezas de ganado para cada vecino; dehesas boyales; senara labrada de mancomún, para enriquecer la hacienda municipal; molinos, hornos y tierras para patrimonios de propios, etc.

Las haciendas o quiñones asignados a los pobladores serían todos iguales o conformes con las necesidades y capacidad de trabajo de una familia. Se llevarían en enfiteusis, pagando un canon a la corona, esto es, al Estado, propietario directo. Las parcelas no podrían ser hipotecadas ni gravadas con ningún otro impuesto. Tampoco podrían dividirse, sino que pasarían íntegras a uno de los hijos; a los demás se les asignarían otras tierras o haciendas. Ni estaba permitido juntar, ni aún por causas o con ocasión de matrimonio, dos o más de dichas haciendas o labranzas.

Como hemos insinuado, la empresa colonizadora antes diseñada era, en el propósito de los reformadores, el principio de una obra de ámbito nacional. En marcha, con eficacia y éxito notorios, la repoblación de esa zona andaluza, habría de intentarse mutación semejante en la provincia de Ciudad Real: en marzo y noviembre de 1769 se dictaron las disposiciones a este efecto. Pero no siguió adelante. Los reformadores no hallaron estímulos, colaboraciones y poderes necesarios para tan vasto designio.

La colonización era el aspecto del gran trueque con que los ministros de Carlos III se proponían despertar al campo español. Traían también aquellos hombres su plan de reforma agraria, que consistía, para comenzar, en distribuir tierras comunales entre los labradores y braceros de cada localidad; y el 2 de mayo de 1766 dictó el conde de Aranda una real provisión en la que mandaba que se repartan entre todos los vecinos de los pueblos sus tierras baldías y concejiles, por el derecho que cada uno tiene a ser arrendatario de ellas, además de la preferencia que dicta la equidad a favor de los braceros que carecen de tierras propias.

Se refería esa ley particularmente a la provincia de Extremadura. Las tierras labrantías propias de los pueblos y las baldías o concejiles que se rompiesen y labrasen por orden del gobierno habrían de partirse en suertes (no inferiores a ocho fanegas), ser tasadas por labradores y peritos y distribuidas entre los vecinos más necesitados.

Se daría preferencia en el reparto a los senareros y braceros que pudieran labrarlas por sí o a jornal, y luego a los que poseyeran una canga de burros y labradores de una yunta; a continuación a los de dos yuntas, después a los de tres, y así sucesivamente. Los favorecidos en el reparto habrían de cultivar las suertes por sí y les estaba prohibido el subarriendo. Quienes las subarrendasen, o las dejaran eriales dos años seguidos, o no satisficiesen la pensión durante ese lapso, perderían la tierra, que le sería dado a otro vecino.

Por leyes de 12-XI-1767 y 29-XI-1768 extendía el Consejo de Castilla la supradicha reforma a Andalucía y la Mancha, y prometía a los labradores de todo el reino repartimiento semejante en el futuro.

Mas no estuvo el gobierno tan afortunado en la reforma agraria como en el de colonización de Sierra Morena. No bastaba dar la tierra a los senareros y trabajadores del campo desprovistos, claro es, de capital mueble y semoviente, o sea, de casas, aperos, semillas, ganados, etc. , cosas que recibieron, con la tierra, los favorecidos con los planes colonizadores.

No haber previsto la dotación de los braceros con capital fue una de las causas del fracaso de la reforma agraria en Extremadura, pero no la única. Estaban los ayuntamientos -llamados a llevar a la práctica aquella pacífica revolución- en manos de los poderosos de cada pueblo; y ya entonces pudo comprobarse la falta de sentido moral de la clase directora, pues veía en el reparto medio y coyuntura, no de mejorar la suerte de los pobres, sino de acrecentar su propia fortuna y hacer aún más insufrible y perniciosa la desigualdad.

El gobierno puso un preámbulo a la real provisión de 2 de mayo de 1766 que decía.

En la real provisión de (12-VI-1767), por la que se hacía extensiva la orden del repartimiento a Andalucía y la Mancha, reprodujo el Consejo de Castilla un memorial de agravios de los pegujaleros de Osuna, en el que se traza fiel y espantable semblanza de aquella clase dominante.

En la villa de Osuna los labradores poderosos y aun las justicias y capitulares, que tenían diversidad de cortijos y dilatadas porciones de tierras y campiñas en lo mejor y más fértil de ese pueblo... se habían levantado con las dehesas y valdíos arrendables del público por pujas, amenazas y otros medios, sembrando anualmente muchas porciones de ellas, al mismo tiempo que las tierras de sus dilatados cortijos y heredades, para ser solos en la labranza y crianza.

Floridablanca y Campomanes

En el expediente abierto sobre la crisis agraria y pecuaria de Extremadura emitieron sucesivamente dictamen (Respuesta fiscal) Floridablanca y Campomanes. Opinaba el primero (1770) que los frutos y el capital mueble o semoviente debía ser de propiedad privada, pero aconsejaba la propiedad colectiva del territorio de cada concejo a favor del respectivo vecindario. El disfrute debía establecerse como el mir ruso (división en hojas, sorteo periódico entre los vecinos, etc.), muy extendido también en la Península Hispánica.

Campomanes escribía en su informe fiscal.

La reforma agraria preconizada por Campomanes comprendía los siguientes extremos:

A quienes cultivan tierras propias en cantidad de 50 fanegas o más se les considerará suficientemente dotados, y no podrán reclamar ninguna en el repartimiento.

Los que cultivan como colonos tierras ajenas que cubran asimismo el tipo de cabida legal, tampoco tendrán derecho a que se les de ninguna de las repartidas, pero se les asegurará la permanencia en el arriendo por causa de utilidad y de necesidad pública, reconociéndoles hasta el límite dicho de las 50 fanegas el mismo privilegio de posesión, o sea tácita reconducción, que ha usado la Mesta, y se evitará el que sean oprimidos, aplicando la tasa, a ejemplo igualmente de la Mesta.

A los labradores y jornaleros que carezcan de tierra propia o arrendada o que tengan menos de las cincuenta fanegas, se les proveerá de ella, o se les complementará la suerte por vía de repartimiento, rompiendo en los baldíos (sin perjuicio de los pastos indispensables), y en su defecto, en dehesas de propios, o de arbitrios y de particulares, por este orden.

La dotación para una yunta en los baldíos deberá ser gratuita; lo que se conceda en ellos de más, sobre ese tipo de las 50 fanegas, debe satisfacer una pensión anual, con la cual se ayude (según el método propuesto por el corregidor de Cáceres) a comprar bestias de labor a los vecinos pobres, y algunas cabezas de ganado lanar con que empiecen el establecimiento de las 250 por cada yunta, sin perjuicio de que puedan tomarlas en aparcería.

Llevado con celo este método, dice Campomanes, podría suceder que dentro de veinte años no hubiese vecino capaz de cultivar la tierra en Extremadura que no se hallara completamente dotado, sin perjudicar al dominio del público o de los particulares... De este modo, además, se uniría la granjería pecuaria con la labranza por medios legales y de equidad, y florecería la provincia en sus cosechas y en la multiplicación de sus ganados estantes, cuya industria circularía entre todos con la posible igualdad, que es la que hace abundar y abaratar las cosas.

Jovellanos y Flórez Estrada

Los informes de Floridablanca y Campomanes se referían a uno de los muchos expedientes abiertos entre 1752 y 1769 sobre las cuestiones del campo. En 1771 ordenó el gobierno que se formara con todos un expediente consultivo, agregándosele nuevos dictámenes de intendentes y tratadistas. Quedó así abierta una especie de información pública de la que resultó ingente copia de esclarecidas opiniones.

En estos expedientes consultivos -dice Costa. -se plantea todo un sistema de socialismo agrario del más subido precio, que la sociología de nuestro s. ha tenido en torpe e injusto olvido hasta el día de hoy. La tasa de la renta de la tierra en favor de los colonos, y el pago de ella en una parte alícuota de los frutos; la obligación de dar arriendo y prohibición de subarrendar; el derecho de posesión para los arrendatarios de tierras, que es una transformación del arrendamiento en censo por ministerio de la Ley, y sin el beneplácito del propietario; la preferencia y derecho de tanteo a favor de los vecinos; la limitación de las labranzas y el número de yuntas; la formación y reparto de suertes o cotos redondos individuales e inalienables, tomando la tierra para ello de las propiedades concejiles y baldías, de las comunidades, y caso de ser insuficientes, de las particulares: todo esto se ventila y resuelve en aquellas transcendentales informaciones, que habrían podido se punto de partida para un vasto y fecundo sistema de legislación social (iniciado ya con medidas de octubre de 1781, junio de 1783, diciembre de 1786, marzo de 1791, abril de 1793).

La Comisión nombrada para estudiar los informes sacó extracto, apuntamiento o memorial ajustado de dicho expediente y resolvió su impresión para repartirlo entre los locales; de aquí nació -añade Costa- el Memorial ajustado dado a la estampa en 1784. La Junta de ponencia después de haber deliberado largamente sobre el asunto, encargó la redacción de su respuesta al sabio economista, vocal de la misma, ; y tal fue el origen del célebre Informe en el expediente de Ley Agraria (1795), que tan gran influjo ha ejercido después en la legislación y que puede decirse forma época en la historia de la economía política en España.

Dejemos para más adelante el informe-ponencia de Jovellanos.

Sobremanera interesante es el del intendente de Sevilla, don Pablo Antonio José Olavide, quien no duda que, uno de los mayores males que padecemos es la desigual repartición de las tierras y que las más de ellas están en pocas manos, siendo constante que esto perjudica a la agricultura y al Estado, y lo que conviene es que haya muchos vasallos ricos y estantes, y no que en pocos se reúnan inmensas fortunas.

Lo primero en que el Gobierno debe parar atención es, pues, en hacer muchos verdaderos propietarios (de a 50 fanegas) con las tierras que tiene en su mano, por estar bajo de su tutela y dirección (capellanías, obras pías, encomiendas militares, es decir la desamortización), mandando darlas a censo con pensión de la octava parte de frutos. En igual forma deben repartirse todas las tierras de propios y arbitrios de los pueblos. Recomienda la enfiteusis acreditada en el reino de Valencia y en Cataluña.

De indudable interés documental es el informe del intendente de Soria. La tierra de Soria se iba quedando yerma; habían dejado ya de labrarse las dos terceras de los campos que antes se cultivaban, efecto de la pobreza y falta de recursos de los labradores, siendo la causa principal el que .

El procurador general del Reino, Sáenz de Pedroso, manifestaba que en los repartimientos de tierras de propios y arbitrios que se hagan a los vecinos labradores de cada lugar debe concedérseles el disfrute a perpetuidad y con carácter hereditario, mientras ellos y sus familias las cultiven y paguen la pensión; y que eso mismo debe prescribirse respecto de las tierras de los particulares, y aun de las eclesiásticas y amayorazgadas, que no se debe permitir a los dueños despedir a sus colonos sino en el caso de que no paguen la pensión en dos años.

Dijimos al principio del presente capítulo que la revolución liberal había de consistir en España, como en otros países, en convertir en propiedad privada individual activa las tierras que se expropiaran a la nobleza y comunidades e instituciones como la Iglesia. Esa era la ley de la revolución de la burguesía. El liberalismo se conciliaba mal, por consiguiente, con el colectivismo y con el comunismo agrario.

En definitiva, la filosofía política de la época sacrificaba la sociedad al individuo, el interés público al interés particular. Que cada cual se defienda como pueda. El Estado no debe coartar la libertad individual en la esfera económica, como no debe ponerle frenos en el orden político. Así se concebía la sociedad perfecta. Cuanto se opusiera a la libertad de movimientos del individuo, al máximo despliegue de sus energías y facultades como sujeto económico se tenía por pernicioso obstáculo.

Aquella ley capitalista, ley de la selva, que trataba de liberar al hombre de las cadenas restrictivas y regimentadoras en que lo tuvo embarazado la legislación medieval parecía a la clase revolucionaria de entonces -como acontece en cada época a los revolucionarios con el credo en boga- descubrimiento maravilloso y parto genial del entendimiento humano.

Los burgueses españoles -los hombres de Cádiz- pensaban, claro está, como los burgueses de las demás naciones. tenían por intolerable abuso la propiedad colectiva, que de tan inicuo modo impedía al individuo poner a prueba sus prodigiosos talentos con-naturales de hombre de empresa.

Semejante doctrina amenazaba a los bienes comunales y de propios tanto como a los bienes de la Iglesia, pues toda propiedad colectiva o de instituciones, cualesquiera que fueses su origen y sus usufructuarios, estorbaba los planes de los revolucionarios, al paso que agudizaba la impaciencia de aquella nueva clase social por enriquecerse.

No solo parecían naturales, incontestables y benéficas esas teorías de los hombres de empresa, ya hechos o en potencia, estos es, a los burgueses: las veían también así, sin necesidad de ser filósofos, los hombres de presa que, adelantándose a la revolución legal, se apropiaban las tierras de los comunes, usando ya del derecho del más fuerte, o menos escrupuloso, a despojar a los débiles.

En eso apareció el Informe de Jovellanos. Era la voz misma de la Revolución, y de ahí la profunda impresión que causó y la calurosa acogida que tuvo. Las propuestas colectivistas, las soluciones encaminadas a garantizar la posesión de la tierra a los labradores mediante la limitación de la libertad de disponer de ellas como quisieran, cuanto a ese tenor se decía en los informes anteriores, lo diputaba Jovellanos con elegante desdén. extravíos de la razón y el celo.

La ley agraria no debía tener otra misión que la de remover los estorbos que se oponen a la libre acción del interés privado, que es en lo que consiste la función entera del legislador en orden al trabajo humano (párrafos 24 y 28). Y lo demás, que sería ocioso reproducir, después de haber expuesto ya nosotros en líneas anteriores en que consistía la doctrina económica de los liberales.

Frente a la concepción individualista no podía menos de alzarse y forcejear la posición colectivista, más acorde con el sentimiento tradicional español, pero vencida ya por las ideas de la época en el expediente consultivo, como atestigua el triunfo de Jovellanos, y poco después derrotada de nuevo en las Cortes desamortizadoras.

Encarnó como nadie la política agraria colectivista en el periodo revolucionario don Álvaro Flórez Estrada (1769-1853). Expuso este insigne economista sus teorías en dos obras: Curso de Economía Política, publicada en Londres en 1828, y La cuestión social, aparecida en España en 1839.

El notable Curso de Economía Política mereció alabanzas de destacados economistas europeos, como Adolfo Blanqui, quien en su Historia de la Economía Política en Europa, impresa en 1837, trataba a Flórez Estrada como economista original, y señalaba los puntos de vista con que el español enriquecía la ciencia económica y se apartaba de los grandes maestros: Adam Smith, Ricardo, Sismondi, etc.

Smith -anota Costa- descubrió que el trabajo es el origen único de toda riqueza. De la misma teoría de Smith que sirvió de punto de arranque a Flórez Estrada para fundar su sistema colectivista, dedujo su sistema Carlos Marx. El economista español desarrolla tesis análoga a la que unos cuarenta años después informaría la obra de Henry George. Comparada la doctrina de George con la de Flórez Estrada se diría que el libro del norteamericano-Progreso y Miseria-no es sino una brillante amplificación de la obra del español.

Flórez Estada preconizaba el rescate de las tierras indebidamente apropiadas y la nacionalización de su dominio: que el jefe del Estado las distribuya, arrendándolas por una renta moderada a los que hayan de cultivarlas. Nadie debe poseer más tierra que la que puede cultivar una familia; este es el único sistema agrario compatible con un gobierno paternal y fuerte.

Defendía también este autor la conveniencia de que el gobierno poseyera bienes raíces como fuente de renta pública: cuanto más extensa sea la propiedad territorial del gobierno -decía-, tanto más fácil le será distribuir bien entre los individuos la riqueza más importante, y de esta distribución depende que sea feliz o desgraciada la suerte de las naciones. Quería que toda la propiedad territorial se diera en arriendo enfitéutico, lo cual haría la dicha de la nación sin perjudicar a ninguna clase social.

Las Cortes de Cádiz y la propiedad agraria

Sin demora trataron las Cortes de Cádiz la cuestión de la tierra. Dentro y fuera del Parlamento se apuntaron en seguida las dos tendencias: la individualista y la colectivista. Al discutirse en 1811 -periodo 1810-1814- la desamortización de los bienes concejiles, propios y baldíos o comunales, varios diputados llamaron ya la atención de la asamblea sobre los peligros que anidaban en la venta.

Pero la doctrina de Jovellanos, por razones apuntadas en líneas anteriores, había impresionado a las Cortes, que declaraban que el polígrafo asturiano en el sistema de ley agraria, tan admirado como querido de pobres y ricos, de grandes y pequeños, desenvolvió el principio de la naturaleza...

En su dictamen de 22-II-1812, la comisión de Agricultura se pronunció contra la posesión colectiva en forma tradicional y a favor de la individualización de las tierras concejiles, aunque dejando a los pueblos el dominio directo. Proponía que.

El decreto de las Cortes de 4-I-1813 se inspiraba en el dictamen antecedente, pero acentuando su sentido relativamente individualista, pues ordenaba que se redujeran todos los terrenos baldíos o realengos y de propios y arbitrios a propiedad particular plena, vendiéndose la mitad de los primeros por cuenta de la Deuda pública y dándose con los demás, en plena propiedad también, una suerte en concepto de premio patriótico a los defensores de la Independencia y de las colonias, y otra a los vecinos que lo solicitasen y careciesen de tierras propias.

El gobierno de Fernando VII derogó en 1814 -periodo 1814-1820- casi toda la obra de las Cortes liberales, y el decreto de 4 de enero no pasó del papel.

En la etapa liberal de 1820-1823 reapareció el famoso decreto, transformado en la orden de 28-XI-1820 y en el decreto de 29-VI-1822; pero el triunfo de la contrarrevolución-debido a la invasión de los 60.000 franceses de Angulema- dejó en suspenso de nuevo las leyes agrarias. Y el fracaso de las leyes españolas de 1813 a 1822 que llamaban al goce de la tierra a todos los ciudadanos, llevaba consigo el fracaso entero de la revolución.

En 1837 -periodo 1835-1843- recibe la desamortización su más fuerte impulso. Mendizábal saca a la venta, entregándola a explotación individual, propiedad territorial colectiva de manos muertas valorada en 4.000 ó 6.000 millones de reales.

Se desvivió en ese momento Flórez Estrada en persuadir al gobierno y al país de los riesgos que entrañaba el paso a propiedad individual de los bienes del clero y los municipios. En el periódico el Español desarrolló un plan económico conforme al cual en vez de vender a precio de papel sin valor y sin curso, .

Fermín Caballero apuntaba que lo científico hubiera sido desamortizar de acuerdo con la ciencia. Añadía este economista que el designio revolucionario que animaba la política desamortizadora, designio evidente, cedía ante otros expedientes inmediatos. Urgía al gobierno liberal hacer frente a los problemas del día, y uno de los más graves era el del déficit, verdaderamente astronómico, pues la guerra de la Independencia costó a España 12.000 millones de reales.

El recurso de cubrir el déficit presupuestario con emisión de Deuda estaba agotado, por cuanto la Deuda interior ascendía a 18.000 millones de reales en 1833. Esta fue una de las causas de que las tierras se malbarataran. El Estado no podía esperar, y las daba a precio de saldo. Por otra parte, los carlistas habían anunciado, como partido de la Iglesia que eran, que no reconocerían las ventas realizadas. Nadie quería, por tanto, las fincas si la baratura no garantizaba la disminución del riesgo de comprarlas.

Desde que regresó del exilio, a la muerte de Fernando VII, Flórez Estrada había vivido con la ilusión de conseguir que los reformadores aceptaran su plan, basado en la enfiteusis de todos los bienes baldíos y procedentes de manos muertas ; su fracaso le amargó la existencia todo el tiempo que aún vivió; dejó la política y se retiró a Grado. Consideraba la derrota como una gran desgracia para la nación española.

En general y salvo casos aislados, la revolución pasó, y llegamos a la ley desamortizadora de 1855 sin que el pueblo hubiese adquirido un palmo de tierra. Costa. p. 207)

Leyes desamortizadoras de 1855 y 1856

La desamortización recibió otro enérgico impulso en el bienio revolucionario de 1854-1856, siendo ministro de Hacienda don Pascual Madoz. Por decreto de 1-V-1855 y 11-VII-1856 se declararon en venta todas las fincas rústicas del clero, terrenos de propios, gremiales e instituciones caritativas. Por disposición especial se determinó que esa masa de propiedad sería vendida en subasta y en pequeñas parcelas para que pudieran adquirirlas las clases más pobres.

En el momento de la venta, el Estado exigía solamente el 10 por 100 del valor de la tierra; en cada uno de los dos años siguientes los compradores pagarían otro 8 por 100; otro 7 por 100 en los dos años subsiguientes; los tres quintos restantes del precio se aseguraban por hipoteca al 6 por 100 y por un periodo de diez años. Se calculaba que pagando esa renta el campesino sería dueño de su parcela en quince años.

El producto de las enajenaciones de los bienes del clero habría de invertirse en Deuda del Estado, al 3 por 100 de interés y a favor de la Iglesia.

No salió, sin embargo, la reforma tan perfecta como parecía en el papel; y se cumplieron los augurios de los enemigos de la venta de los bienes de propios. Decía en las Cortes, al discutirse las leyes de Madoz, el diputado por Extremadura señor Bueno.

Consecuencias sociales

En su alcance económico, la revolución liberal concluye virtualmente en 1856. Todo español en posesión de alguna fortuna, y la mayor parte de las fortunas eran territoriales, simpatizaba con la desamortización. El proletariado también, pero por razones distintas. La gente de dinero, que podía adquirir por una suma insignificante las tierras de los clérigos y los ayuntamientos, conjugaba en su conciencia la más profunda devoción con lo que se presentaba como el mejor de los negocios. Entre esta gente de dinero estaba la escéptica aristocracia de sangre.

El proletariado, por su parte, aunque no se iba a lucrar con el despojo de los eclesiásticos, aplaudía una medida que no podía menos de ser popular. Y los anticlericales, cualesquiera que fueran sus ingresos, veían en la desamortización la varita mágica que convertiría a la Iglesia de la noche a la mañana en una institución sin fuerza social. He ahí porque las leyes desamortizadoras se impusieron en un medio reacio al liberalismo. En este punto concreto, los liberales coincidían con la sociedad, y la Iglesia pasaba a ocupar el lugar minoritario de los liberales. En este punto nada más.

Hemos visto que los gobernantes liberales se afanaron por lanzar a la circulación toda la propiedad amortizada. El principio hubiese sido sano si los decretos de los reformistas se hubieran impuesto en su totalidad. Tan importante como destruir el poder territorial de la Iglesia era cuidar de que las fincas expropiadas fueran el fundamento de una clase media campesina. Atentos los liberales a esta necesidad, quisieron regular la distribución del suelo expropiado con disposiciones como las de Madoz.

Pecaron, sin embargo, por desconocer que si estaba en su mano despojar de sus bienes a las corporaciones públicas, no lo estaba en la práctica el compensar a los vecindarios del despojo desamortizador mediante la creación de una nueva economía popular.

La primera fase de la reforma: la expropiación de las fincas estancadas, podía realizarse con relativa facilidad, porque la oposición a esta medida era débil. El pueblo esperaba, quizás, que las promesas gubernamentales de vender las tierras en pequeñas parcelas a pagar a largo plazo le resarcirían del quebranto económico que le causaba la pérdida de los bienes propios y las fincas comunales.

Pero si eran muchos los interesados en que se cumplieran las disposiciones de los gobiernos liberales en su primera parte: la salida de la riqueza a la circulación, pocos se interesaban porque el pueblo se beneficiara con el cambio. Los especuladores y las clases pudientes se lanzaron con avidez sobre la propiedad desamortizada, y el designio liberal de la parcelación de las tierras expropiadas naufragó en aquella rebatiña que solo iba a favorecer a los más fuertes, esto es, a los más ricos.

El poeta Espronceda denunció en un folleto, en 1836, los fatales resultados de la política desamortizadora. ¿Como se atreve el gobierno -escribía- a disponer de los bienes del Estado en favor de los acreedores sin pensar en aliviar con ellos la condición de los pobres? Y aun estos decretos se han expedido a la casualidad; y con el desatino, que tampoco han surtido efecto que su compositor esperaba.

No hablaremos del de la venta de bienes nacionales, que tan justa y sabia crítica mereció de nuestro excelente economista don Álvaro Flórez Estrada, y que si no lo derogan las Cortes aumentará, sí, el capital de los ricos, pero también el número y mala ventura de los proletarios. El gobierno, que debía haber mirado por la emancipación de esta clase, tan numerosa por desgracia en España, pensó (si ha pensado alguna vez en su vida) que con dividir las posesiones en pequeñas partes evitaba el monopolio de los ricos proporcionando esta ventaja a los pobres, sin ocurrírsele que los ricos podrían comprar tantas partes que compusiesen una posesión valiosa

En fin, los liberales incurrieron en el error de destruir la economía popular vinculada a las instituciones sin estar seguros de que podrían resucitarla sobre nuevos moldes. Les parecía nociva y anacrónica toda la propiedad amortizada, sin establecer diferencia entre las fincas que, por pertenecer a las instituciones civiles, constituían propiedad indirecta del pueblo, y aquellas otras detenidas en el seno de corporaciones privadas que ningún provecho aportaban al proletariado.

Las apremiantes necesidades de la Hacienda y el dogmático criterio individualista de la mayoría liberal hicieron de la desamortización una reforma anárquica. Los pobres se resignaron -de momento- y los ricos aumentaron su fortuna.

Al tomar la revolución el carácter desamortizador, el choque con el clero se presentaba virulento e insoslayable; tanto más cuanto la institución espiritual se proponía retener sus propiedades por todos los medios. Mas la reforma desamortizadora, entretenida en un vicioso conflicto con la Iglesia, sembraba la confusión en punto al verdadero alcance social del pleito y dejaba intacto, repartido en latifundios y minifundios -a cual más pernicioso para la salud del país- el grueso del territorio nacional.

La extensión de la propiedad eclesiástica sumaba 1. 300.000 Ha. ; pero el territorio nacional constaba de 37 millones de Ha. , la mayor parte en manos de la nobleza y los propietarios civiles no nobles, y a tan considerable volumen de propiedad vino a unirse, por virtud de la desamortización, el territorio restado a los municipios y congregaciones religiosas.

En 1890 pudo hacerse ya el balance de la desamortización. Se habían expropiado bienes por valor de 2. 700 millones de pesetas, según Piernas Hurtado. Por los bienes rústicos de la Iglesia se habían pagado 500 millones de pesetas. La mayor parte de aquel capital representaba la proporción de propiedad popular, propiedad de todos los españoles, con que se habían enriquecido bolsistas y explotadores de turbulencias, al decir de Andrés Borrego.

La desamortización dejó al proletariado campesino más numeroso y más pobre que antes.

La abolición de los señoríos

Más afortunada fue la revolución en la abolición de privilegios de orden formal. Las prerrogativas de cuño feudal que disfrutaban los eclesiásticos y los nobles quedaron abolidas.

Como estamento, la nobleza apenas tenía expresión. Pero gozaba derechos ya insostenibles. En 1826 se contaban todavía 403. 382 nobles e hidalgos, la mayor parte en inanición, próceres honorarios y vendedores de humo. En el censo de dicho año pasaron a la Historia como clase social con fueros, y en 1857, y luego en la Constitución de 1876 se estableció que los nobles que aspiraran a ocupar un sillón en el Senado tendrían que poseer copiosa fortuna.

Con la supresión de los mayorazgos, quedaron mermados los privilegios de clase de la aristocracia de sangre. También quedaron abolidos a lo largo de la centuria los señoríos, en la forma que se verá. Había en España 13. 309 pueblos y lugares que eran de señorío, con una renta de 82. 500.000 reales.

Todos los derechos jurisdiccionales o feudales de los señoríos (administración de justicia, provisión de los oficios de república, etc.), con todos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos y las prestaciones reales que trajeran aquel origen, fueron incorporados a la nación por leyes de 1811, 1813, 1823 y 1837.

Pero dejaron en pie los demás derechos territoriales de los señores, aprovechamientos, arriendos, censos y prestaciones estipuladas, con independencia del señorío jurisdiccional, entre los dueños de este, o sea los perceptores, y los pueblos obligados a satisfacerlos, todo lo cual quedaba en la clase de los demás derechos de propiedad privada, debiendo considerarse y guardarse los actos de su constitución como contratos de particular a particular.

Prescribieron los derechos feudales, pero el señor de la tierra trocó a sus antiguos súbditos y vasallos en arrendatarios y jornaleros, que le pagaban rentas o trabajaban para él en condiciones no muy diferentes de las de otro tiempo.

España dejó de ser, en suma, un país feudal de derecho; pero no pasó a ser una nación burguesa. La revolución liberal no creó una clase media campesina, que era lo que la Historia y sus principios le exigían. La estructura de la sociedad española no sufrió mudanza básica. En 1860, el número de propietarios territoriales rebasaba los dos millones y medio; la mayoría, propietarios de latifundios y minifundios.

La revolución había dejado en Francia cuatro millones de nuevos propietarios con predominio de los medianos. Una clase burguesa fuerte, como era la francesa, sea agregó este respetable refuerzo mesocrático del campo, vital para su sistema de libertad política.

En España, donde por no existir industria ni comercio pujantes, era más necesaria que en Francia la propiedad agraria mediana, la revolución acentuó el desequilibrio de nuestra propiedad rústica, y por consiguiente, el desequilibrio de la sociedad española.

Si en 1856 termina virtualmente la revolución en el orden económico, no ocurre lo mismo con la expropiación de los pueblos, que prosigue a lo largo de todo el siglo XIX. Aquella voracísima oligarquía liberal se apoderaba todavía en 1888 de una parte de los bienes concejiles que restaban. Sabemos que la ley de 1-V-1855 desamortizó y declaró en venta los predios pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos (art. 1º), pero exceptuando los terrenos que son hoy de aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha por el gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputaciones respectivas (art. 2º).

Tomando pie en esta ultima condición, el ministro de Hacienda, señor Camacho, presentó a las Cortes en 1887 un proyecto de ley (convertido en ley con ligeras modificaciones en 8-V-1888), en el que se daba por supuesto que los pueblos habían renunciado a su derecho y que las tierras de aprovechamiento común y gratuito de los vecinos, lo mismo que las dehesas destinadas al pasto de los ganados de labor del respectivo distrito, habían adquirido carácter de propios y se habían convertido en enajenables por el hecho de no haber sido exceptuadas; en su consecuencia, que la Hacienda tenía derecho a apropiarse un 20 por 100 de su valor (como en los bienes de propios).

Los ayuntamientos, por olvido de pedir excepción, o por extravíos de expedientes, quedaban a la merced del gobierno en este asunto, y fueron expropiados en aquella suma.

Fundación de la Guardia Civil

Mediado el siglo XIX aparece junto a las viejas clases y castas, una nueva clase social, plutocracia de armas tomar, que se había enriquecido en los años trágicos y revueltos de la desamortización y la Guerra carlista. Los nuevos ricos lo eran a expensas de la Iglesia, y en no escasa medida gracias a la dilapidación de los bienes territoriales de las corporaciones públicas. Pudo advertirse pronto que el traspaso de propiedades había creado al pueblo una situación insostenible.

El campo -Castilla, Extremadura, Andalucía- estaba sublevado: en 1840 había estallado en Málaga la primera revuelta campesina por el reparto de las tierras. La revolución había multiplicado el número de proletarios; y el infeliz campesino sin tierra no estaba dispuesto a conformarse. Apareció el bandolerismo. Ocho mil hombres sin armas, y sin más incitación belicosa que la de su hambre, se apoderaron de Loja, patria de Narváez, en la provincia de Granada. Pedían el reparto de tierras. El gobierno ahorcó a seis y mandó a presidios de África a cuatrocientos.

Para remediar aquel estado de cosas, las fuerzas sociales, cada cual de acuerdo con su genuina significación, hacían lo que podían. Los liberales, buenos filántropos, fundaron la caritativa asociación Amigos de los Pobres. Los conservadores fundaron la Guardia Civil.

La Guardia Civil era exactamente la institución armada que necesitaba la oligarquía una vez que se decidió a mantener por el hierro y por el fuego un régimen de propiedad a todas luces subversivo. La revolución española, como todas las revoluciones alumbró sus santos y sus pícaros. Entre estos se contaba González Bravo, inverecundo sujeto, que saltó a la vida pública en el confuso periodo de la treintena, a caballo sobre un desvergonzado corcel periodístico llamado el Guirigay, en el cual difamaba a doña María Cristina, la reina gobernadora.

Pero mientras duró su mando, el arribista dio un paso de enorme significación en la historia contemporánea de España fundando la Guardia Civil. No fue suya la idea, sino de la nobleza terrateniente, del duque de Ahumada y del conde de Vistahermosa. Estos próceres, angustiados por el estado de sorda rebelión en que comenzaban a vivir las regiones de la gran propiedad, facilitaron a González Bravo el esquema del nuevo ejército de ocupación del campo español, y el ministro lo llevó a la práctica. También intervino en este asunto Narváez, cuyo pueblo había caído por algunos momentos en manos de las turbas rurales.

Las Juntas Populares

Aquello fue -observa uno de nuestros historiadores- el despertar aturdido de una nación adormilada al rudo golpe de una guerra terrible. Se acumulaban las impresiones, las ideas se agitaban locamente en los cerebros debilitados por siglos de atrofia. Por eso causó espanto, y hoy nos parece natural y lógico que en cuanto el rey volvió de su destierro y fue restablecido luego en su trono por la reacción victoriosa de Francia, esas Cortes fantásticas e ingenuas desapareciesen pulverizadas y como un incidente sin precedentes ni efectos en el seno de la atonía y de la adoración devota del pueblo, al cual se restituían sus antiguos y queridos símbolos. Entre un sueño y otro sueño, la Península, sacudida, se desperezó, y medio dormida expulsó a los franceses y esparció la semilla de las revoluciones futuras. Oliveira Martins. pp. 384, 385.

Lo que importa retener como característica radical de la revolución liberal española es la circunstancia de su incubación en una filosofía extraña al medio español del instante. Es esta filosofía irresistible, es decir, la época, en último análisis, quien aniquila las viejas instituciones. Pero el mismo hecho de que la revolución fuera importada, procedente de la Europa burguesa, y se realizara de arriba a abajo, impuesta por una minoría ilustrada, no abandona la posibilidad de que surgieran los órganos y las instituciones indispensables para transformar rápida y seguramente la nación.

Los pocos burgueses que había en España violentaron el carácter de la masonería, haciendo de las logias el instrumento de una obra que no podía incumbir a una sociedad secreta. El pueblo, en estado de naturaleza, como Segismundo, se movía confusamente, sin verdaderos guías, abandonado a su precario instinto civil. Luego que renacía la libertad a hombros de algún soldado de fortuna, cada ciudad constituía su junta, como en los días en que España se quedó sin rey. Estas juntas provinciales no eran la institución afirmativa de los jacobinos franceses, sino, como durante la guerra de la Independencia, partículas del Estado que se había roto, manifestación espontánea del instinto de conservación de la sociedad.

La sociedad trataba de salvarse del caos. El brote eruptivo que representan las juntas no denuncia, pues amor al desorden ni anarquismo en el pueblo, sino, todo lo contrario: el propósito espontáneo e instintivo de evitar la total ausencia del poder político, esto es, de salvar al país de la anarquía. Pero a la hora de hacer uso de su poder las juntas daban palos de ciego. La revolución carecía de órganos populares. Las Cortes no podían escapar a su condición aristocrática. Una relación entre el pueblo y las Cortes que recordara a la que ligaba a los jacobinos y a la Convención, no existía en España. Fuera de media docena de ciudades, la masa veía con indiferencia las gesticulaciones de los políticos de Madrid, los pronunciamientos y los cambios de gabinete.

Por tal motivo, las Cortes liberales nunca llegaron a ser una verdadera Convención y acabaron, como tenían que acabar, en estamento de próceres y procuradores, fundado precisamente por la flor y nata del liberalismo doceañista, del liberalismo aristocrático. Martínez de la Rosa no truncaba con ello la revolución política del doceañismo, sino que la conducía a su desenlace lógico. No obstante, el dogma de la soberanía nacional -en una nación de cuya estructura económica brotaba espontáneamente la monarquía absoluta- iba siendo grato al pueblo, y la libertad ganaba secuaces cada día.

Huérfana de instrumentos, sin apoyo orgánico en el pueblo, la revolución, que había comenzado introduciendo al Ejército profesional en la política, no había acertado a constituir ni la sombra de un nuevo poder. Tampoco tenía realidad el poder civil cuando el gobierno de la nación estaba en manos de los antirreformistas, porque este estado civil que los reaccionarios se esforzaban en encarnar había muerto a principios de s. Aquella ficción de poder se hallaba, pues, amenazada de continuo por los frailes o por los militares de uno u otro bando, cuando no caía en sus manos. Los generales pretorianos eran más fuertes que la revolución y que la reacción. El Ejército, lo único organizado, turnaba en el poder con una u otra bandera política.

La revolución liberal entra desde le primer momento en un callejón sin salida -del que no ha logrado salir en ciento cincuenta años- y sienta los jalones de una tradición a la que liberales y republicanos españoles serán fieles hasta nuestros días. La ausencia de una clase media peninsular tenía que esterilizar todo ensayo de aclimatación de la libertad; y a su vez, la libertad había de impedir que se creara la clase media, porque hay reformas que por su profundidad y amplitud rebasan el marco puramente legislativo del parlamento elegido por sufragio universal.

Los progresistas españoles eran también dogmáticos en punto a la libertad, y la libertad se convertía en un insaciable Baal jurídico, cuya panza nunca estaba bastante repleta de constituciones, proyectos de ley, decretos, reglamentos y víctimas de carne y hueso. En Francia el terror había devorado a los hombres, y en España la libertad devoraba a la revolución.

Cuando los primeros liberales, que eran los más ingenuos, advirtieron que el pueblo hacía un uso caótico de la libertad, se pasaron a la reacción. Atacados por ambos flancos: por los ultramontanos, que resistían las reformas, con indiscutible derecho constitucional, y por el pueblo impaciente, con justo derecho constitucional también, los progresistas desmayaban.

La mayoría de los hombres de Cádiz: Martínez de la Rosa, el conde de Toreno, Istúriz, Alcalá Galiano, abandonaron las filas de la reforma. El propio Mendizábal es un personaje desalentado en 1847. Su ideal consistía ya en que Narváez dejara turnar en el poder a los progresistas. Y con Mendizábal luego Madoz, y Cortina, y tantos otros, terminan dominados por el melancólico sentimiento que más pronto o más tarde suele invadir a todos los liberales españoles: la persuasión de que la revolución en España es estéril.

Mendizábal

De los gobernantes civiles del liberalismo, el único hombre de acción fue Juan Alvarez Mendizábal. De ascendencia semítica, trocó su apellido materno por aquel otro con que ha entrado en la historia. Mendizábal había nacido en Cádiz, cuyos pueblos recorrió de mozo ofreciendo la variada mercancía del buhonero. La revolución liberal tuvo en este personaje su más consecuente campeón.Revolucionario, pero no "afrancesado", pues, al contrario, no veía con simpatía a los franceses, conjugaba a la perfección su oficio de comerciante con el de conspirador. Es más: ambas circunstancias nos lo presentan como genuino representante de la clase media europea, entre la cual hubiera desempeñado un papel político más afortunado que en España, donde, como tantas veces he dicho, la revolución burguesa carecía de clase social que la impulsara y sus líderes eran, a la vez, la masa. Dependiente de la casa Bertrán de Lis, en vísperas de la conjuración masónica de 1819, Mendizábal pasaba por ser el alma de aquel comercio, y su influencia en la empresa era la de un socio principal. Participó en la insurrección junto a Riego, según vimos, para escapar a Londres cuando Fernando VII recuperó su vesánico poder, gracias a las tropas de Angulema, en 1823. Desde Londres siguió conspirando y aumentando su fortuna personal, que llegó a ascender a un millón de libras esterlinas, y que dejó en la capital inglesa bajo la custodia de alguien que la disipó en ausencia de su dueño.

El paso del comerciante gaditano por la embajada de España en Londres bajo el gobierno del conde de Toreno, fue sumamente fructífero para los liberales. Mendizábal, cuyo prestigio en los medios políticos y financieros de la capital británica era muy alto, se acreditó de sagaz diplomático. Su política consistió en explotar la rivalidad anglofrancesa, y lo hizo con indudable éxito. Porque convencida Inglaterra de que Francia decidiría intervenir a la postre en la guerra civil española a favor de los liberales para consolidar los intereses políticos y económicos franceses en la Península, dispuso el envío de la legión Evans. Y por otra parte, recelosa Francia de la misma intención por el lado de su competidora, movilizó un contingente de la legión extranjera contra los carlistas. En todo ello anduvo la mano del diplomático Mendizábal, que supo jugar hábilmente el naipe de la mutua desconfianza entre los gobiernos de Londres y París, con el excelente resultado de que ambos dieron apoyo militar a Isabel II.

Cuando regresó a España, Mendizábal se impuso a todo el mundo por sus conocimientos financieros. En peligro el trono de doña María de la Gloria, la reina liberal portuguesa, el político español reorganizó el Ejército y la Marina del reino vecino, y puso orden en su Hacienda, contribuyendo así a impedir que el pretendiente don Miguel se alzara allí con el cetro.

En España, en el momento en que Mendizábal recogió el poder de manos del conde de Toreno, la nación hervía, una vez más, con juntas indómitas, conflagración que el gobernante progresista sofocó como por arte taumatúrgico, gracias a su enorme prestigio. Prometió milagros financieros, y la opinión los creyó posibles, tratándose de banquero tan sagaz. Se empleó a fondo en la obra desamortizadora. Las Cortes le dieron un amplio voto de confianza, pero Mendizábal no supo hacer uso de él. Cayó, en rigor, por no tener política, por falta de orientación clara. Había hecho esperar demasiado de sus recursos y habilidad personales; su mano insegura y sus errátiles propósitos decepcionaron al país.

Mendizábal era un tipo gigantesco: en Cádiz le llamaban Juan y Medio. En 1843 su formidable humanidad se movía entre el pueblo de Madrid, dispuesto a resistir a Narváez, cuyos cañones tronaban en las afueras de la capital. Pero era aquélla una batalla perdida para la revolución.

El periódico de Mendizábal, que era el de los progresistas, El Eco del Comercio, pasaba por peligrosísimo, y Toreno, siendo primer ministro, se había decidido a suspenderlo en agosto de 1835.

Nada atestigua mejor el carácter de la revolución que el pavor que infundía este Eco del Comercio en los salones de Madrid. En el complot de los sargentos de La Granja apareció complicado don Angel Iznardi, redactor-jefe del temible periodiquito. Era aquella la revolución de la clase media, y los banqueros, los pocos banqueros que había en España, infundían serias sospechas a la policía y organizaban juntas revolucionarias como la que don Justo Sevillano formó en Madrid en 1854.

Espartero

Don Baldomero Espartero, duque de la Victoria, duque de Morella, príncipe de Vergara, conde de Luchana, caballero del Toisón de Oro, etc., murió en 1879 en su retiro de Logroño, a los ochenta y siete años de edad. Agobiado de títulos, cruces y honores pasó este español, el que más cerca anduvo de ser "el héroe" de la revolución liberal.

Oriundo de la bucólica Mancha, Espartero nació entre mulas contumaces -su padre era un carretero con ocho hijos y en el seno del genuino pueblo de la Castilla de trajinantes, en el Campo de Calatrava.

A los quince años formaba ya en un batallón de estudiantes que guerreaba contra los franceses de Bonaparte. Desafiando la voluntad paterna, se negó a abrazar la profesión eclesiástica, y optó por la militar. La guerra de la Independencia le confirmó soldado. Peleó luego en América a las órdenes de Morillo. Allá pasó ocho años durante los que recibió innumerables heridas. El desastroso fin para nuestras armas de la batalla de Ayacucho cortó su carrera en el Nuevo Mundo, del que regresó con muy alta graduación. La rendición de Ayacucho empañó un tanto en España el prestigio militar de Espartero y sus hombres, que recibieron el sobrenombre de "ayacuchos" con timbre peyorativo.

A la muerte de Fernando VII, don Baldomero se presentó en la escena política como uno de los campeones de la causa de Isabel II, y en la guerra carlista fue digno adversario de los fanáticos capitanes del pretendiente. Espartero se movía en las barrancas del Norte con la agilidad de un Zumalacárregui. En el vencimiento militar del carlismo, el duque de la Victoria tomó parte decisiva. Nadie entendía, del lado de la reina, la táctica militar del momento como él. Sellada la paz de Vergara, fue "el pacificador de España" y el hombre más popular de la nación.

En América y en España, había tenido sobrada coyuntura de darse a conocer. No era hombre enigmático, de repliegues psicológicos. Sus dos virtudes militares consistían en un insuperable valor personal y en un cariño por el soldado raso que ningún militar español igualó. A imitación de los generales romanos, repartía a voleo las prebendas entre sus parciales, pero en cuanto a su moral personal tenía ganada fama de incorruptible. Le sobraba ambición, que sin ella no hubiera llegado a donde llegó. Ascendió a cimas con que el hijo del aldeano no podía soñar. Fue, en realidad, rey de los españoles por virtud de su regencia, y pudo serlo, quizás, si hubiera querido, en 1869, cuando Serrano le ofreció la jefatura del Estado en una nación sin monarca y sin republicanos

. Espartero era un campesino castellano, con el rostro, las maneras y la terquedad de un labrador manchego. Toda su vida fue lo mismo. Ni su portentosa carrera, ni la pluralidad de investiduras, ni su paso por los salones y las cámaras grabaron el menor rasguño en su rústico carácter. En los salones y en el parlamento, el duque de la Victoria se perdía. Dentro de los uniformes más vistosos, posando sobre las alfombras más ricas, sentado de hecho en el trono de España, era un aldeano a quien el destino le había jugado la treta de improvisarlo estadista. Hombre del pueblo y soldado, amaba al pueblo y a la milicia sobre todas las cosas. Tenía un pronto ejecutivo y a las veces inexorable, y en tales momentos ejecutaba a media docena de hombres, bombardeaba Barcelona o hacía cualquier otro disparate de barbarote. Pero de todos los generales de la ocasión, el hijo del carretero era el de temple más noble. Narváez era rencoroso, un andaluz con el alma de hielo. O'Donnell, desleal. Serrano, oportunista, un hombre sin principios. Don Baldomero no conocía el rencor. En una sociedad como la isabelina, de petimetres atildados, de generales lindos y de ambiciones complicadas, Espartero era el desorden en el vestir, la llaneza ruda en los modales y la rectitud en el propósito. Se equivocaba porque se tenía que equivocar, porque era un labrador contumaz y un general de fortuna, no un gobernante. A su caso puede aplicarse lo que se dijo de Mario: "El primer hombre de España y, sin embargo, un novicio en política."

El vencedor de Zumalacárregui, era vencido por su ex protegido, O'Donnell, mílite mediocre, pero astuto político. Y por Narváez, inferior a O'Donnell en la política, pero, desde luego, superior a Espartero en los salones y en los consejos de ministros. Al lado de don Baldomero, O'Donnell era un Fernando el Católico en maquiavelismo.

Espartero entra en la política por inercia, porque le arrastran a ella los acontecimientos, y cuando llega al poder se muestra irresoluto y confundido. Ningún otro general español fue jamás, por razones políticas, más popular que él. El pueblo, sobre todo el pueblo de Madrid, estuvo siempre a su lado. En su fuero íntimo, Espartero fue siempre fiel a los humildes, entre los cuales nació, humilde como el que más, en el pueblecito de Granátula, cuando en Francia iba a caer la cabeza de Luis XVI.

Don Baldomero no acertó, en el supuesto de que se lo propusiera, a encauzar la revolución liberal. La situación política que presidió o sostuvo de 1839 a 1843 resintió de la desorientación del general. A nadie dio completa satisfacción, y los que se llamaban amigos del regente, como sus enemigos, pudieron maniobrar a placer en los cuarteles, en las Cámaras y en los mentideros Fue el ensayo de gobierno de un hombre bien intencionado, pero incapaz de conservar, y menos de fundar, un movimiento político. No supo hacer de su inigualada popularidad el instrumento ejecutivo de un sistema que le consagrara como jefe indiscutido de la revolución y creara el relativo equilibrio que faltaba a la sociedad española para organizarse en un régimen de convivencia. Nadie, hasta entonces, había gozado como Espartero la doble confianza casi ilimitada del pueblo y del Ejército. Pero el poder se le escapó de las manos.

En la última gran oportunidad para las reformas, en el bienio de 1854-1856, la gran cabeza enciclopédica de don Pascual Madoz preparaba en el ministerio de Hacienda reformas mejor orientadas que las de Mendizabal. Mas la reacción, suelta, se servía de la plebe para alborotar a la nación, o intrigaba en Palacio. Conflictos dentro del gobierno parlamentario, ruptura con el Vaticano, las guardias pretorianas de los demás generales, impacientes por participar del botín. Tal era la situación. Y al frente del gobierno, por última vez, el libertador de Bilbao, pendiente de un parlamento de abogados e intrigantes.

No reunía el conde de Luchana condiciones de estadista, y además, nunca mostró gran afán de conservar el poder, que los triunfos militares y una confusa ambición personal, pusieron a su alcance. Tras Espartero, el vencedor de los cimbrios carlistas, vino O'Donnell, y el carlismo, derrotado en los campos de batalla, comenzó a gobernar, como en seguida veremos.

A pesar de todo, el pueblo vio en la caída de Espartero su propia derrota.

Como correspondía a un hombre cuyo genio más íntimo está en colisión con la política, el duque de la Victoria se apartó a su rincón de Logroño para no abandonarlo ya. Aquellas encrucijadas no eran para él, que seguramente prefería tratar con Cabrera; con tigres mejor que con zorros.

Se había reproducido en la historia de España el infalible fenómeno de las guerras civiles ganadas por la democracia. Espartero volvió del Norte con la aureola del héroe popular, del héroe cuyo destino no puede detenerse en la victoria militar y lo arrastra al centro del vórtice nacional para que ponga orden y guíe. Pero carecía Espartero, para ser el héroe cabal, de aquello que un César, un Cromwell, un Napoleón tuvieron en abundancia: dotes de hombre de Estado superiores a las de soldado.

Y al fallar "el pacificador de España" en la política, la revolución liberal "esta mezquina revolución", que dijo Larra-, que con él había alcanzado su punto más alto, inicia su proceso descendente, está vencida.

La Iglesia contra Fernando VII

Carlista -dice el Diccionario de la Academia Española- es el partidario de los derechos que don Carlos María Isidro de Borbón y sus descendientes han alegado a la corona de España. Sin embargo, el carlismo tiene poco que ver en realidad con el pleito dinástico que se plantea al morir Fernando VII. Movimiento social, de mucha mayor consideración de la que se desprende de una simple y vulgar disputa sucesoria, su aparición se remonta a las jornadas que siguieron a la restauración del absolutismo por las tropas de Angulema.

Seis años antes de contraer matrimonio Fernando VII con María Cristina de Borbón, siete años antes de que naciera Isabel II y diez años antes de pasar el rey al otro mundo, existía ya el carlismo. Lo crea la Iglesia cuando advierte que la monarquía de Fernando se opone a que España sea la teocracia ideal con que los fanáticos soñaban al derrumbarse todas las instituciones ... a nosotros no nos embromáis, porque os conocemos: ahora andáis con careta del pretendiente, pero es mentira; vosotros existíais antes que él. Larra, en la Revista Española, 18-II-1834. En 1824 los eclesiásticos empiezan ya a agitarse contra Fernando VII. Fundan el Partido Apostólico y el Ángel Exterminador, su organización de combate. Los apostólicos se proponen cambiar de monarca. Frente a la monarquía se alza en Cataluña una Junta Suprema del Principado, que comienza a lanzar al clero a los campos y se dirige al rey exigiéndole imperativamente la sumisión de la corona a la Iglesia. Fernando parte con Calomarde para Cataluña en septiembre de 1825, y desde Tarragona dicta una proclama a los catalanes. El documento tiene indudable interés.

En esta proclama, el rey y los absolutistas que lo acompañan descubren el carácter de la protesta apostólica, cuya finalidad no es otra que la de destruir hasta los fundamentos las instituciones monárquicas. Cuando los franceses colocan de nuevo a Fernando VII en el trono, y el monarca se dispone a gobernar, la Iglesia le sale al paso, decidida a impedir que el poder civil se consolide en detrimento de la teocracia. Ciertamente, era un soberbio disparate intentar la resurrección de la monarquía visigoda en el siglo XIX -lo hubiera sido tratar de exhumar la del siglo XVI-. Pero estaba hasta cierto punto dentro de los natural que una Iglesia socialmente soberana aspirara a dominar a los demás poderes. No era Fernando VII , sin embargo, un monarca que enfeudara la corona a ningún otro poder. Pronto dio la respuesta confiando la represión de los alborotos al conde de España. La sima que separaba al rey, celoso de sus fueros, de la extrema derecha del catolicismo se iría ensanchando a medida que se desarrollara el conflicto y se multiplicaran los choques. Los apotólicos buscaban señor obediente, y cifraban sus esperanzas en el hermano de Fernando VII, el infante don Carlos. Así nació el carlismo, en vida de Fernando VII y contra él.

Don Carlos

Mucho antes, pues, de morir Fernando VII se había formado en Madrid otra corte, la de don Carlos, una corte íntima, extraoficial, frente a la corte oficial y legítima. La monarquía favorita de la Iglesia tenía allí acabada expresión. don Carlos era la cabeza civil suprema de la organización apostólica y del Ángel Exterminador . Dato de valor para conocer aquel ambiente de la acechante monarquía teocrática es la absorbente figura de la mujer de don Carlos, la infanta portuguesa doña María Francisca. Señora de largo resuello, violenta, supersticiosa y dominada por el deseo de ceñirse la corona, para no ser menos que su hermana, la segunda esposa de Fernando VII, doña María Francisca era, como todas las hembras de su tipo, una fuerza que ningún enemigo inteligente despreciaría. Se ganaba tiempo tratando con ella antes de hablar con el pretendiente. Clérigos y seglares, todos muy devotos, se daban cita en aquella corte no reconocida por las potencias. Todas las mañanas oían misa y todas las tardes rezaban el rosario.

Don Carlos aventajaba con mucho a su hermano en las virtudes que hemos dado en polarizar en el corazón. No había comparación posible entre él y Fernando. Junto a este, francamente encanallado, don Carlos poseía indudables dotes de caballero. Luego que los carlistas se echaron al monte, más de una vez el pretendiente detuvo la mano fratricida de sus capitanes. Para la Iglesia hubiera sido el rey ideal. Tenía laxa la voluntad, y la ciega devoción, que en él no era hipocresía, sino sentimiento sincero, y su débil concepción del mando, junto a la pasión de reinar, constantemente alimentada por su mujer, hacían de don Carlos dúctil instrumento de los clericales.

Príncipe de ánimo endeble, necesitaba para actuar, el estímulo próximo de un carácter más fuerte que el suyo. Irresoluto y agobiado por el peso de la responsabilidad -condiciones que exasperaban más tarde a un Zumalacárregui-, podía asegurarse que de ocupar el trono acabaría suplantado por un valido, que habría de ser, con toda probabilidad, eclesiástico. Los apostólicos descubrieron pronto en don Carlos el rey idóneo y le tomaron por candidato para representación civil de la teocracia que preparaban. Pero el carlismo tenía otra dimensión. No era solo un movimiento de clérigos. Era, asimismo, la reacción del campo contra la ciudad.

El campo contra la ciudad

Que el tendón ideal del carlismo era la teocracia no ofrece duda. Todos los hilos nos llevan a esa conclusión, por si no bastara, ahí está la participación del clero en la guerra, sobre todo el regular; el propio Cabrera, el insustituible caudillo de la causa, que debía saber lo que quería cuando asolaba el Maestrazgo, vino a corroborarlo a su regreso de Londres, en 1848, cuando, refractándose de su viejo credo, declaró que había pasado la hora de la Inquisición y el gobierno de los frailes.

Mas, como apuntamos, el carlismo presenta otro aspecto no menos interesante. En sus famosas Memorias, el británico C. F. Henningsen, capitán de lanceros en el estado mayor de Zumalacárregui, subraya que el carlismo es la rebelión de las gentes devotas del campo contra los habitantes corrompidos de las ciudades. En su lado civil, en efecto, el carlismo es un movimiento de campesinos y pastores contra la industria y el comercio, y contra su secuela, el liberalismo.

Henningsen recoge el sentimiento de Zumalacárregui cuando nos informa de que España se divide en agrícola e industrial, y que la España industrial, como la del resto del mundo, nada produce, vive del sudor del campesino y por ley natural debe estar subordinada a la sociedad agraria. tanto más -agrega- cuanto que, afortunadamente, la parte industrial solo forma la décima parte de la población española.

La reacción de pueblos y capitales al llamamiento del pretendiente en 1833 confirma el punto de vista expuesto por Henningsen en cuanto a la división política de España. La insurrección de los carlistas en Bilbao, dirigidos por los frailes del convento de San Francisco, no se sostiene, porque Bilbao -opina el capitán de lanceros- como todas las poblaciones mercantiles, contiene dos terceras partes de liberales. San Sebastián, otra capital, permanece fiel a la Constitución. Vitoria, ciudad rural y de tierra adentro, se presenta dividida en su actitud respecto al carlismo. Pamplona, incluso, quedaría en poder de los cristinos. Todas las ciudades grandes se pronuncian por la reina, insiste el observador británico.

Defienden la causa de la reina -continúa- los habitantes de las costas de Andalucía y Cataluña, todas las ciudades marítimas y los grandes centros de población interior, que -se consuela- no suman porción muy importante del país. De Cataluña se adhieren al pretendiente los montañeses; desde luego, la costa catalana y Barcelona son liberales.

El área carlista se extiende del Ebro a los Pirineos, con fracción de la Rioja dentro, y sus focos de resistencia están en el corazón de las quebraduras montañosas. Eraso, el primer caudillo de don Carlos, fiel a la condición antiurbana del carlismo, se fue, huyendo de las ciudades, a proclamar a Carlos V en las peñas históricas de Roncesvalles. El campo, por labios de Eraso, declaraba la guerra a la ciudad, esto es, a la civitas, al Estado, a la civilización. el carlismo es eso: un movimiento contra la civilización, el furibundo misoneísmo de la conciencia campesina española trabajado por los clérigos.

Hay otro modo de definir a los carlistas, y es definiendo a los hombres contra quienes se levantan ellos, los hombres alejados de la vida campesina de Europa por la educación académica. Contra estos hombres se subleva la Vandea (guerra de la Vendée), que es la Navarra francesa en el orden político, y en España los carlistas se alzan contra sus modestas contrafiguras.

Don Carlos no logra entrar en ninguna ciudad populosa. Sus capitanes llegan a cruzar la Península en operaciones que eran huidas veloces, con las botas liberales en los talones. Pero la urbe repudia el carlismo. El 11-IX-1837, don Carlos entra en Arganda, se acerca a las tapias de Madrid, más bastó la milicia urbana y un pelotón de soldados -que no había más fuerza en la capital de la monarquía- para cerrarle las puertas. La minoría carlista en Madrid no se movió.

En la II guerra carlista, treinta años después, se reproduce la situación. Los partidarios del pretendiente consiguen dominar todo el Norte. Uno a uno van cayendo en su poder todos los pueblos. Tras la toma de Estella -capital del carlismo-, se les rinden villorrios, aldeas y poblachones de Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Quedan otra vez por los liberales, sin embargo, las grandes ciudades, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Tolosa, Irún, y Pamplona inclusive, islas del constitucionalismo en medio de aquel agresivo océano carlista, sitiadas, asediadas, sin comunicaciones con el Centro, resisten obstinadamente.

Y en cuantas ocasiones se repitiera la guerra, volvería a darse la misma división. La ciudad, la gran ciudad, en España como en el resto de Europa, es liberal. Die Stadtluft macht frei, el aire de la ciudad hace libre al hombre, reza un proverbio alemán.

Dicho está que el carlismo no es un fenómeno social exclusivamente español; es un movimiento político social pariente del vandeano . Leyendo aquellas atroces campañas de las columnas infernales de Turreau, con la réplica no menos atroz de los campesinos vandeanos, hay que preguntarse que hubiera sido de Francia si en vez de realizar su revolución con una burguesía poderosa la hubiera intentado, a la manera de España, con una clase media débil. No puede haber duda de que el indomable foco de la Vandea, incendio fácilmente sofocado por la Convención, aunque no sin extremado rigor, habría sido exactamente la Navarra de Francia.

Lo que aconteció en la patria de Robespierre fue que la aplastante superioridad de la nobleza del comercio con dinero en el bolsillo vació de peligrosidad el movimiento vandeano, no ya con las razzias de Turreau y Rossignol, sino mucho antes, cuando la burguesía francesa se convirtió, laboriosa y silenciosamente, en la nación. Así, la Vandea, con sus ramalazos del bajo Poitou y la Bretaña, no pudo tener eco peligroso en el resto del país, y fue como un cuerpo extraño en la sociedad francesa, decididamente urbana en Weltanschauung El cuerpo extraño en España era el urbanismo. La Vandea era el signo geográfico de la ignorancia y el clericalismo en un pueblo ilustrado. La ciudad española era, por el contrario, el presuntuoso ademán de la ilustración en un pueblo sin letras.

No podían faltar, pues, vandeanos en el ejército de don Carlos. Henningsen trató a un oficial apellidado Aubert, que murió en uno de los encuentros con las tropas de la reina y que había venido a España a continuar, bajo la bandera del carlismo, la lucha que su padre había comenzado, y él seguía, enfervorizado, contra la libertad francesa. Su padre fue un rico agricultor de La Vandea que peleó contra la Convención, y en aquellas luchas perdió la vida.

El hijo tomó parte en la conflagración vandeana de 1832 y estuvo en la defensa del castillo de la Pennissière. Se alistó con don Carlos en 1836 y murió gritando ¡Vive le roi!, sin que se sepa si en ese momento estaba pensando en Henri Cinq o en Carlos V. Esta gente de l´Armée Catolique et Royal venía a luchar en el ejército de la Fe por lo que suponía la misma causa. Y en realidad lo era, con la diferencia de que lo que en Francia se consumía en la utopía, en España tenía mucho más ambiente y ciertas posibilidades de triunfar, como a la postre se impuso fugazmente, aunque sin don Carlos, a la sociedad española.

En una nación como España, donde se acusaba tan desniveladamente la preponderancia campesina sobre la industria y el comercio, el carlismo estaba muy lejos de perecer por el hecho de que sus ejércitos ondearan bandera de tregua. La causa del pretendiente -simple nombre dado a un formidable hecho social- era incompatible con el mar y las ciudades, esto es, con el comercio y con la industria. Por consiguiente, mientras España no tuviera una burguesía pujante, el carlismo sería invencible, si no en cuanto fuerza militar, sí como hecho social.

El conflicto en el Norte

Es evidente el carácter monástico-campesino del movimiento carlista. El carlismo tiene su raíz en los conventos y en las aldeas. Abundan más su parciales entre los regulares que entre el clero secular, entre los frailes que entre los curas. Las capitales, como hemos advertido, e incluso los pueblos grandes, le son hostiles. Respondamos ahora a esta pregunta: ¿Por qué el carlismo termina siendo una suerte de ideario regional confinado en el Norte de España?

Uno de los factores que determinan ese interesante hecho es la geografía: las espléndidas condiciones del terreno para la guerra irregular, y sobre todo, la proximidad de la frontera francesa. De ello nos ocuparemos a continuación. Pero, ¿lo explica eso todo? ¿No hay, quizás, valores étnicos y morales en juego? Acaso cupiera sentar la hipótesis de que la población vasconavarra y el montañés catalán se hallan más dentro de la vida campesina que el resto de los españoles en general. Sabido es que abundan las observaciones de escritores y filósofos -españoles y extranjeros- que ven en el español uno de los hombres más influidos por el espíritu del territorio. Otros han visto en nuestro apego a la tierra o en nuestra fusión con la geografía una virtud que nos erige, afortunadamente para nosotros, en reserva humana europea y quien sabe sí, por tanto, en la raza de más brillante porvenir.

Con todo, no hay inconveniente en admitir nuestro ruralismo metafísico, en el que pudiera haber cierta gradación, siendo vascos, navarros y catalanes presa más firme del espíritu de la tierra que los demás españoles. Los carlistas más combativos, en todo caso, los ha dado Cataluña. Entre ellos el ex seminarista Ramón Cabrera, el más representativo probablemente. Las partidas carlistas catalanas no cedieron nunca ni en fanatismo ni en ferocidad a las vasconavarras.

Los primeros rebeldes reaccionarios contra Fernando VII fueron los apostólicos catalanes. Los primeros clérigos que se echaron al campo fueron los catalanes. La primera junta teocrática fue la Junta Suprema de Cataluña, con sede en Manresa. Las provincias catalanas constituyeron centros de la rebelión ultramontana tan difíciles de domar como los de la Borunda. Pues bien, en el libro de Amade sobre el Renacimiento catalán se nos dice: El catalán moderno sigue siendo, a pesar del avance comercial e industrial, el campesino tenaz que fue siempre. , lo que corrobora el obispo Torras y Bages, uno de los padres del catalanismo, con su observación de que en las numerosas industrias de su diócesis, los industriales tienen siempre algo de campesinos.

Por otro lado, en las regiones de lengua vasca -recuerda uno de nuestros historiadores- es la vida de aldea más intensa, y más destacada la resistencia a la iniciación europea. En efecto, por sus ideas, sus costumbres y su planta física, el vasco es un pueblo esencialmente rústico, una sociedad de aire libre que discute los negocios públicos al pie de un árbol. Mas sin menosprecio de cuanto se acaba de anotar, lo decisivo parece ser el medio, incluso en pueblos de espíritu rural muy acentuado. El vasco de Bilbao o de San Sebastián y el catalán de Barcelona o de Reus no eran, en general, carlistas.

En otros factores precisa buscar, pues, la explicación de que por qué el carlismo, al menos en su manifestación más virulenta, queda localizado en las Vascongadas, en Navarra y en Cataluña. Potencialmente, la sociedad rural española es toda ella carlista cuando se alza el pretendiente en 1833, y al tiempo que se rebela el Norte se insurrecciona parte de Castilla y Andalucía. En realidad, la primera revuelta se produjo en Talavera, en la provincia de Toledo.

Pero el poder de la aristocracia de sangre en las regiones del latifundio merece tomarse en consideración. Buena parte de esta aristocracia, la que llamaban ilustrada, aunque católica en muchos casos, se oponía al extremismo carlista. Como se oponían todos aquellos que, sin ser aristócratas, temían la promesa hecha por los carlistas de restituir a la Iglesia sus propiedades territoriales y urbanas, o de paralizar la desamortización.

La sociedad española se hallaba dividida en sus alturas, y la nobleza, que en general vivía en las ciudades, no compartía unánimemente la idea del Estado teocrático. Este hecho tenía que repercutir en los pueblos en que el poder territorial de la aristocracia no había perdido su antiguo carácter por completo. ¿Se debe la supremacía del carlismo en el Norte a una razón estratégica de carácter geográfico? La historia nos dice que un pequeño ejército podía resistir casi indefinidamente en aquella época en las anfractuosidades de la Borunda, y en las Amézcoas.

Cierto que breñas, gargantas y serranías se dan en muchas otras zonas de España; pero ninguna otra zona española disfrutaba la proximidad de la frontera francesa. De incalculable valor para los carlistas, que por allí recibían sin cesar armas y municiones y provisiones de boca, además de tener cubierta la retirada.

En cambio, la lucha en los llanos de Castilla, y la que pudiera entablarse en cualesquiera otras montañas del país, siempre fáciles de incomunicar, se presentaba a toda luz desfavorable al carlismo. En las estepas la guerra tenía que tener como característica la movilidad, y los carlistas, inferiores en efectivos a los liberales -en parte merced a la natural rivalidad entre los militares y los frailes- podían hostilizar a los cristinos con las rápidas marchas de Gómez o las diabluras del cura Merino, mas al cabo salían derrotados.

Decía Zumalacárregui que si los carlistas tuvieran todos los hombres que había perdido fuera de Navarra el famoso cura, don Carlos hubiera entrado en Madrid. Este fantástico y típico guerrillero carlista, terror de Castilla a los sesenta y cinco años y edificante ejemplo de ferocidad, fue cabrerizo en sus años mozos; del rebaño pasó a la Iglesia, a la que iba a servir con la mentalidad agreste que le infundió su convivencia juvenil con la cabra trashumante.

Llegó a ser general por méritos contraídos en la irregular guerra contra Napoleón. Después no dejó de disparar, siempre que se le ofreció coyuntura en las luchas contra la Constitución, un terrible artefacto de su propio invento, que el cura, ataviado mitad de eclesiástico y mitad de bandido, hacía funcionar sin desmontar del caballo.

El abrazo de Vergara

Los carlistas apoyaban su rebeldía en el derecho de sucesión de don Carlos. Pero en buena lógica la pretensión de don Carlos era insostenible. Sus parciales, al paso que se declaraban fieles seguidores de la tradición, invocaban el derecho a reinar del hermano de Fernando VII fundándolo en la ley sálica, que Felipe V introdujo en España, Carlos IV derogó por la pragmática sanción, y Fernando VII llegó a admitir en su lecho de enfermo, para rectificar a poco y designar heredera a su hija Isabel II.

Que el carlismo, conocido luego por tradicionalismo, sostuviera que no podían reinar las hembras en el país de Isabel la Católica era una contradicción que de cualquiera se podía esperar menos de esa parte. De acuerdo con las tesis de los carlistas, el deber de todo tradicionalista estribaba en aniquilar la filosofía importada de Francia para que prevaleciera en su lugar la ley sálica, importada también de Francia.

No más morir Fernando VII comenzó la I guerra, y el ejército carlista se formó en base al ejército de la Fe, que a su vez surgió de otra organización paramilitar, los voluntarios realistas, contrafigura reaccionaria de la Milicia Nacional. Estos voluntarios realistas estaban armados en toda España en el periodo de la ocupación francesa que siguió a la restauración del absolutismo en 1823. Al final, el ejército carlista terminó llamándose el Requeté, nombre originario del estribillo de una copla de guerra que cantaba el tercer batallón de Navarra, uno de los tenidos en mejor estima por Zumalacárregui.

El carlismo, en su lado militar y civil se desprendió, por tanto, del absolutismo y fue la nueva forma que adoptó el fanático partido apostólico. Desde octubre de 1833 hasta agosto de 1839 se luchó con denuedo y fiereza en las peladas lomas del Maestrazgo, en los rosarios montañosos de las Vascongadas, en los inaccesibles parajes de Navarra, sin más huella de la presencia del hombre, a menudo, que la cabaña de un pastor colgada de un despeñadero.

La muerte de Zumalacárregui herido en una pierna en el sitio de Bilbao cuando observaba las posiciones enemigas con catalejos desde un balcón del palacio lindero con la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, fue fatal para don Carlos. A partir de ese momento, el pretendiente, ya sin la recia y aglutinante personalidad de su caudillo, se mostró inepto para gobernar a su hueste. En Vergara se rindió el ejército carlista en condiciones que acreditaban la indulgencia liberal. Don Carlos abdicó en favor de su hijo, el conde de Montemolín, que se llamó Carlos [VI], en 1845.

Hasta 1860, el carlismo se sostuvo, de una parte, como el rescoldo de una hoguera mal apagada, con lumbraradas esporádicas, cual el de Cataluña en 1847, y de otra, abriéndose paso, sinuosa y tenazmente, en la corte de Isabel II. La política reaccionaria que privó en el reinado de Isabel II tuvo por leit motiv la reconciliación de la monarquía con la Iglesia, y acabó, como era inevitable, con la subordinación del Estado al poder espiritual, que era lo que ambicionaban los carlistas. Ya el abrazo de Vergara, colofón de una victoria militar de los liberales, representa, en lo político, un triunfo del carlismo.

Bravo Murillo, primer ministro en la fecha del famoso concordato de 1851, intenta con su reforma constitucional ganar a los carlistas para la causa de Isabel II. En 1856 vemos a don Cándido Nocedal de ministro de la Gobernación bajo Narváez. El carlismo había llegado al poder. Alejado de España Montemolín, toma la dirección de su causa en la corte, don Francisco de Asís, el rey consorte, un sujeto entregado a los clericales, y de tan peculiar psicología que se indignaba con Serrano porque trabajaba en la corte a favor de los progresistas -otras veces apoyaría a la reacción-, y estimaba detalle baladí los amores de Serrano con su mujer, la reina.

Este don Francisco de Asís ocupaba ahora el puesto que don Carlos disfrutaba entre los apostólicos frente a la corte de Fernando VII. Era un instrumento servil del carlismo contra su propia mujer, cuyo derecho a reinar don Francisco ponía en duda. Mediante la Suprema Comisión Real, con agentes secretos en todos los centros vitales del Estado, se lograban innumerables puestos de confianza y mando para los carlistas. Nadie podía ahora gobernar en España sin someterse a los dictados de la Iglesia. El verdadero gobierno español lo componían: sor María de los Dolores Patrocinio; el padre Claret, confesor de la reina; el padre Fulgencio, confesor del rey consorte, y fray Cirilo de la Alameda, el jefe de los apostólicos en tiempos de Fernando VII, el de la entrevista con Alcalá Galiano. Fray Cirilo era ahora cardenal-arzobispo de Toledo. ¡Durante la guerra carlista, fray Cirilo había sido ministro en el consejo del pretendiente!

España tenía ahora un gabinete teocrático. Narváez, Bravo Murillo, O'Donnell, Sartorius, eran todos hombres de paja. El auténtico Gobierno de España estaba formado por la monja y los frailes que acabamos de mencionar. Isabel II solo reinaba nominalmente. La corona, al fin, estaba presa en las mallas del carlismo, que solo en un terreno respetaba el libre albedrío de la sensualísima señora: en el de la elección de amante. Los carlistas talares de la corte estaban detrás de la corona, con los hilos de la política y la intriga en la mano. La aconsejaron que firmara las leyes de don Pascual Madoz en 1856, y que luego despidiera a Espartero. La reina cuya ambición se limitaba a convertir la noche en día, abrazar a su amante predilecto y luego recibir la absolución de su confesor favorito, firmó, y asesorada por el sanedrín eclesiástico, escribió al papa asegurándole que pronto borraría la impía decisión, y los bienes de la Iglesia estarían de nuevo salvados.

El gabinete de Fray Cirilo indujo a la Santa Sede bajo mano a que rompiera relaciones con España, con lo cual se agravaron las dificultades de la situación. Para colmo de males, el Cristo de la iglesia de San Francisco comenzó a sudar sangre, como inconfundible protesta celestial contra la expulsión de Sor Patrocinio de los recovecos de la corte. La reina llamó a O'Donnell, y la teocracia se constituyó formalmente otra vez con todos sus ministros tonsurados, sin faltar uno. A O'Donnell, una vez prestado el servicio de reponer a Sor Patrocinio en Palacio y salvar los bienes de la Iglesia, le sustituyó Narváez, con el tradicionalista Nocedal en el ministerio de Gobernación.

A su hora, el gabinete de clérigos también expulsó al fiero ex ayudante Mina. Narváez salió furioso y dijo que estaba hasta los huesos de aquella gente. Cerró su protesta con un atronador ¡Voy a ser más liberal que Riego! Mas ni por esas vías del disimulo podía ya imponerse a España una teocracia. El carlismo, ni embozado se estabilizaba en el poder. La reina iba a pagar con el trono su dejación de prerrogativas.

Mientras tanto Montemolín no se conformaba con que fray Cirilo gobernara por él. Montemolín quería reinar. En diciembre de 1860 el general Ortega, capitán general de las Baleares, desembarcó en la costa catalana con 3. 500 soldados, el pretendiente y su hermano Fernando. El golpe resultó fallido, pero era tanta y tan notable la gente complicada en el pronunciamiento de Ortega, que la corte hubo de echar tierra al asunto, perdonando a todos. El pretendiente para obtener la libertad, renunció a sus presuntos derechos. Marchó a , y allí publicó una revocación de su renuncia. Pero en el tiempo que medió entre la renuncia y la revocación de la renuncia, el hermano menor, don Juan, se proclamó pretendiente.

Este don Juan acusaba alarmantes ribetes de liberal, cosa que escandalizó al partido carlista. A todo esto, Montemolín declaraba que don Juan no había interpretado a derechas su acto de Cataluña, realizado bajo la amenaza de perder la libertad, y por consiguiente, según él, sin validez. El pleito quedó resuelto por la muerte de Montemolín, la de su mujer y la de don Fernando, todos segados en quince días por una fiebre maligna. Urgía al partido tener un jefe, porque don Juan estaba considerado como hereje. Recayó la autoridad del carlismo, pues, en el hijo de don Juan, de más fibra ortodoxa, don Carlos María, quien en 1868, momento de esperanzas para el movimiento, tomó el nombre de Carlos [VII]. Isabel II, ya destronada, se entrevistó en París con don Carlos y puso a su disposición cuantiosos fondos.

Reaparición de Cabrera

Y aquí vuelve a entrar en escena Ramón Cabrera, el tigre del Maestrazgo, siquiera se nos presente ahora transformado en el gozquecillo de Wentworth. Cabrera se había casado con una inglesa en su exilio de Inglaterra. El sañudo guerrillero de Carlos [V] se había convertido en un disciplinado ciudadano, que hablaba inglés, poseía cierta fortuna y recordaba sus correrías de la mocedad con esa melancólica indulgencia con que se disculpan los propios pecados de la juventud. La notable transfiguración moral de Ramón Cabrera estaba prevista en aquellas líneas de Larra:

Como adelantamos, Cabrera volvió a España en 1848, y se estremeció Cataluña al oír que había pasado los Pirineos. Pero, con evidente asombro de los catalanes, en vez de lanzar una agresiva proclama carlista, manifestó que había perdido la fe en el gobierno absoluto del rey y la Iglesia; que ya no estábamos para despotismos y que la Inquisición y el gobierno de los frailes no eran de estos tiempos.

Predicaba un nuevo carlismo puritano, que tendría por objeto imponer limpia honestidad a la corte. El clima civil de Inglaterra había transformado a este bárbaro. El hombre de acción había muerto en él. Sin duda por no molestarse en cambiar de partido, Cabrera siguió siendo carlista. Carlos [VII] le captó. Pero el viejo caudillo puso como condición que se reservara a él la designación del momento más preciso para el ataque, un momento que no habría de llegar nunca, a juzgar por la filosofía del nuevo Cabrera. A despecho de lo acordado, don Carlos, embozado en un disfraz, entró en España con los más impacientes de sus secuaces en julio de 1869, y llegó hasta Figueras, de donde, tras comprobar, desalentado, su impotencia, regresó a París. Al conocer la aventura, Cabrera rompió en santa indignación, dimitió la jefatura del partido y se volvió a Londres con su inglesa. El movimiento se venía abajo al carecer de los servicios de un hombre de la talla del despedido.

Don Carlos salió tras Cabrera, y una vez más consiguió encuadrarlo. Pero Cabrera estaba hecho un honrado constitucionalista, que no colaboraría si previamente don Carlos no prometía gobernar con las Cortes y la Constitución. El pretendiente se rindió al hombre de orden, y en efecto le prometió Constitución y Cortes. El partido se alzó entonces en bloque contra el constitucional consejero, y Cabrera, al disputársele la facultad de elegir los asesores del rey, abandonó definitivamente el carlismo.

Las anteriores incidencias prueban que el carlismo se reconocía anacrónico. Había triunfado en España en la medida en que podía abrirse camino, y más lejos no hubiera ido nunca de no haberle favorecido, al cabo de setenta años, el tremendo accidente histórico que entregó los destinos de España al general Franco a principios de 1939. El mismo Nocedal aconsejaba a don Carlos en 1870 que entrase en alianza con los republicanos para derrocar a Amadeo de Saboya. Todavía, como acabamos de señalar, había de dar guerra el carlismo, que será una fuerza en tanto no se modifique las planta de la sociedad española. Mas a partir de 1860 no pasa de ser un movimiento perturbador sin probabilidades de realizar plenamente sus ideas.

En mayo de 1872 los carlistas se volvieron a levantar al grito de ¡Abajo el rey extranjero! don Carlos penetró otra vez en España. El despego que la oligarquía tradicional sentía hacia el Saboya, el apoyo que los republicanos dieron a los carlistas y la quiebra absoluta del Estado, ayudaron al carlismo en esta última insurrección sangrienta del siglo XIX. En pocos días, los soldados del pretendiente capitularon y firmaron el convenio de Amorebieta, reproducción casi literal del acto de Vergara. Aquella no fue más que una tregua, sin embargo, y la guerra continuó hasta el 28-II-1876, en que don Carlos repasó la frontera francesa. Cabrera ya había enviado su adhesión a Alfonso XII.

Don Carlos María, cuarto pretendiente y nieto del primero, fue sucedido, al fallecer en 1909, por don Jaime, su hijo. Don Jaime murió en 1932, sin dejar descendencia. Y el último rey de los carlistas fue don Alfonso Carlos, hermano de don Carlos María, y por tanto, tío de don Jaime. Don Alfonso Carlos pereció arrollado por un automóvil en Viena, a los ochenta y siete años de edad, en 1936. Con él se extinguió la dinastía, de la que fue su postrer varón.

Desaparecida la dinastía, el carlismo no interrumpió por eso su marcha. Era un movimiento anterior al problema de la sucesión y hubiera o no pretendiente -factor subalterno-, tendría vida en tanto en España no se creara aquella atmósfera urbana que reconcilió el alma salvaje de Ramón Cabrera con la civilización.

Conmoción en la sociedad

La agresión absolutista que se desencadena con la insignia de Dios, Patria y Rey -el rey lo último, la iglesia lo primero- produjo una conmoción de incalculable alcance en la sociedad española. María Cristina de Borbón y muchos de los generales y políticos que la servían se vieron forzados a defender las ideas y el sistema político del liberalismo.

La conducta de la Iglesia había trazado una divisoria, en parte artificial, en la sociedad; se era liberal, aunque no se sintiese el liberalismo, o carlista. La mayoría de aquellos políticos y militares agrupados en torno a la reina no simpatizaban con la monarquía constitucional. Eran absolutistas, pero repudiaban la teocracia; querían una monarquía reaccionaria, pero no presidida ni coartada por los curas.

A móviles oscuros se ha atribuido la adhesión de los generales Llauder, Córdoba y Quesada, los tres con mando entonces, a Isabel II en el momento mismo en que comenzó la guerra. Mas en esa conducta había motivo más profundo que la ambición personal. Estos tres generales absolutistas se alistaban contra el carlismo, como tantos españoles, porque rechazaban la anacrónica y perturbadora ambición de la Iglesia. La consecuencia fue que el bando liberal o cristino contuvo innumerables antiliberales, individuos que nunca hubiesen guerreado contra el clero si el clero no los hubiera atacado.

De otra parte, la insurrección de los cenobios puso de plano el poder político en manos del pueblo. La monarquía de Isabel II hubo de buscar escabel en las masas. Se necesitaba perentoriamente al pueblo para batir a don Carlos, y se puso en sus manos, no el voto -y mucho menos la tierra- sino el fusil político. La Milicia Nacional, reorganizada y con el significativo título de Urbana, recibió la aprobación de la corona. Se admitió en ella a todo el que lo deseó, y junto al Ejército regular se levantó otro, el urbano, de doscientos mil hombres. La Iglesia, que se proponía coartar el paso a la libertad, se negó a sí misma como institución de orden, y dio a la libertad tan desapoderado impulso, que anegando a toda la sociedad, espantó pronto a los propios liberales.

Los O'Donnell

Podemos fijar el nacimiento de la nueva oligarquía en los aledaños de 1860. Al doblar la centuria su primera mitad, la infeliz revolución española, ya en el último periodo de su pleamar y bajamar, arroja a la arena política un ente extraño: la fantástica oligarquía que va a determinar la suerte de España a lo largo de varias generaciones. Es esa una hora de superlativa importancia en nuestra historia, porque hacia 1860 se trasluce -lo vemos ahora con manifiesta claridad- lo que va a ser la España contemporánea

La revolución entra entonces en su ocaso, y su descenso coincide lógicamente con la ascensión de los nuevos y los viejos ricos, que toman posiciones para consolidar la propiedad que la subversión nacional respetó y creó en su singular vaivén. Los cimientos políticos de la Restauración están echados. Catorce años más tarde España tiene ya nuevas instituciones, ¡y qué instituciones!

Inaugura el reinado de la clase social que a mediados de s. pugna por darle rumbo a España, un soldado de gran temperamento político: don Leopoldo O'Donnell. Le ayuda en su obra, con evidente impulso director, un joven abogado malagueño, personaje preciosísimo, suelto de pluma y aficionado a la Historia: don Antonio Cánovas del Castillo. De los generales que suplantan a los políticos en el reinado de Isabel II, el de mejor instinto político es O'Donnell; y como la mayor parte de los rasgos psicológicos de don Leopoldo O'Donnell se encuentran en su padre, don Enrique, llevaremos adelantado mucho camino en la presentación del duque de Tetuán, trazando una rápida semblanza política del conde de la Bisbal.

Don Enrique O'Donnell, de marcado origen irlandés -los O'Donnell descendían, como los demás españoles con apellido irlandés, de una de las familias irlandesas que fueron a refugiarse en España en el siglo XVI y después-, tuvo intervención muy acusada en la guerra de la Independencia. Valeroso, como casi todos sus compañeros de armas en aquella descomunal contienda, se distinguió como soldado en innumerables encuentros. Pero su hazaña cumbre, la que le valió el condado, fue el socorro de víveres que introdujo intrépidamente en Gerona, sitiada por el general Augereau, que ceñía el anillo de hierro francés al cuello de las inmortales gentes de Álvarez de Castro con amago de seguro estrangulamiento.

Al final de aquella epopeya, O'Donnell sigue a Wellington en la invasión de Francia con un ejército de su propia factura, levantado en Andalucía.

Años después, en vísperas del pronunciamiento de Riego, el conde de la Bisbal andaba por la costa andaluza organizando el ejército que había de ir a someter a los insurrectos de América. O'Donnell estableció íntimo contacto con los primeros conspiradores y llegó a ganar su confianza, al punto de que estos le consideraban como un conjurado más, y no el menos ilustre. En sazón, la trama ordenó, sin embargo, la detención de los intrigantes, y a seguida informó a Fernando VII del abortado complot. El rey le colmó de prebendas, le otorgó una pensión de las arcas reales y le concedió el collar de Carlos III. Además, le nombró capitán general de Madrid.

Sublevados Riego y Quiroga en Andalucía, el monarca, seguro de la lealtad de O'Donnell, le ordenó que al frente de las tropas de su mando saliera para Cádiz a reprimir el levantamiento. El conde de la Bisbal, penetrado de la flojedad de la causa absolutista, rompió, obediente, marcha, pero al llegar a Ocaña se unió a los rebeldes y proclamó la Constitución. Este brusco golpe de O'Donnell abrió las compuertas de la presa, y soltó el torrente que barrió el absolutismo en 1820.

Los constitucionalistas conocían ya a don Enrique, atento al juego de todos, se hacía indispensable a unos y a otros, pues ni liberales ni serviles llevaban tanta ventaja al adversario, que les fuera dable desdeñar el refuerzo que en el instante de la victoria, siempre vaga y amenazada, aportaba O'Donnell. Así es como, una vez más, el conde de la Bisbal aparece encargado de la defensa de Madrid en 1823, cuando se cernía sobre la capital el asalto de Angulema

Don Enrique recabó cuanto consideró imprescindible para contener a los franceses a las puertas de Madrid. Mas el viento soplaba ahora contra la Constitución, y el proteico soldado, maestro, como hemos visto, en ese género de jugadas, abandonó la defensa del paso de Somosierra, descorazonó al pueblo con oportuna literatura derrotista y se pasó a Angulema. El conde de la Bisbal terminó sus días en Bayona, en 1834, retirado de la lucha, de la que le apartaron sus achaques físicos. No tuvo liviana influencia en la precipitación de su fin el fusilamiento de uno de sus hijos, hecho prisionero por Zumalacárregui en Alsasua.

Los O'Donnell recuerdan infinitos casos de familias españolas, patéticamente escindidas en aquellos tiempos -y en los nuestros- en sus sentimientos políticos. En el ejército de la reina luchaban dos o tres O'Donnell, y otros tantos peleaban por don Carlos. Un Carlos O'Donnell, coronel con Zumalacárregui, murió en Echauri de una terrible herida, pidiendo a sus amigos que le pegaran un tiro, para acabar pronto. Juan, su hermano, cayó herido en Mendigorría, y prisionero de los cristinos, sucumbió brutalmente asesinado por las turbas en Barcelona, con ciento sesenta cautivos más.

Primo de este era el coronel liberal que había tomado en vida de su padre el título de conde de la Bisbal, y cuyo fusilamiento aceleró la muerte de don Enrique. Los carlistas capturaron al joven conde en la derrota que Zumalacárregui infligió al general Quesada en Alsasua.

Las circunstancias que concurren en este suceso son dramáticas por demás, porque el coronel O'Donnell, aunque militar de alta graduación al servicio de la reina, no hacía en ese momento la guerra, sino que se había aprovechado del avance de Quesada, para, usando tan fuerte escolta, llegar a Pamplona, donde le esperaba su novia, absorta en los preparativos de la boda y encendida, sin duda, en las ilusiones y sueños de la ocasión. Por aquellos días los cristinos habían pasado por las armas al alcalde de Atoun, sospechoso de carlismo.

Era el periodo más feroz de la guerra, y O'Donnell, que en otro momento solo hubiera perdido la libertad, se hallaba irrevocablemente condenado a perder la vida. Zumalacárregui llevaba muy en serio esto de las represalias y creía que el rango equivalente en el Ejército al de un alcalde en la sociedad civil era el de coronel. De consiguiente, el apuesto conde de la Bisbal tenía que morir.

Un caso análogo al del coronel O'Donnell es el del conde de Villa-Manuel, grande de España de primera clase, hecho prisionero por los carlistas en las Rocas de San Fausto, cerca de Abarzuza, cuando iba de paso para unirse al ejército del Norte con la categoría de coronel.

Llevado ante Zumalacárregui se condujo con gran dignidad. Sostuvo que siempre había sido liberal, que lo seguiría siendo y que creía un deber propagar sus ideas y luchar por ellas, a cuyo tenor se había alistado voluntariamente en el ejército de la reina. Terminó declarando que no esperaba compasión de los carlistas, pero que si le dejaran con vida, prometía no volver a empuñar las armas contra ellos. Zumalacárregui, impresionado por la franqueza y decoro personal del prisionero, le sentó a su mesa y departió con él en términos de cordialidad. El caudillo carlista accedería a canjearlo por un prisionero de su bando.

Zumalacárregui y Villa-Manuel estaban cenando al día siguiente en Lecumberri, cuando llegó la noticia de que Rodil había fusilado a los prisioneros carlistas; y aquél, con mueca de disgusto, alargó la nota a su invitado, sobre la mesa, y le dijo que podía pasar el resto de la noche con su confesor. Acabada la cena, el conde se fue a buscar al cura y el jefe carlista a ordenar los preparativos para la ejecución. Al amanecer fusilaron a Villa-Manuel. Este episodio vale, sin duda, por la mejor semblanza que pudiera trazarse de Zumalacárregui

O'Donnell y Cánovas

Don Leopoldo O'Donnell, futuro duque de Tetuán, hermano del desgraciado coronel y del otro O'Donnell que murió en Arquijas, y primo de los dos que sucumbieron en Echauri y en Barcelona, no se dejaba atrapar tan fácilmente, y escapó con fortuna a aquel vórtice de sangre. No ofrece duda que Leopoldo, llamado quizás decisivamente, a influir en la política española, había heredado como ningún otro pariente la conformación psíquica del viejo conde de la Bisbal. Hasta en la oportunidad de su retirada de los asuntos públicos y en la elección del lugar para morir se pareció a su padre.

Como políticos, Espartero y Narváez -nada digamos de Serrano- nunca se remontaron a la altura de don Leopoldo O'Donnell. Lo cual no quiere decir que la política de O'Donnell fuera elevada. Mucho debió valerle el consejo de Cánovas del Castillo, inseparable lugarteniente civil del general y cofundador del Estado español a imagen y semejanza de la nueva oligarquía. Luego veremos quien era Cánovas, y en que consistió su éxito.

Indudablemente, esta clase social por la que hablan O'Donnell y el sobrino de Estébanez Calderón, percibe con certero instinto su carácter de cosa que está naciendo. El título del periódico de Cánovas, Las Novedades, es harto expresivo. Con esa conciencia, seguros de sí mismos, y sabiendo lo que está en juego, O'Donnell y Cánovas entran en la liza política. Su política es pésima, porque perpetuará la guerra civil y colocará en gravísimo peligro de muerte a la nación, pero esta oligarquía sabe lo que quiere, premisa clave del éxito en la vida, contra lo que acontece a la sazón a los demás partidos, todos en crisis y desorientados.

Cánovas del Castillo, el hombre del porvenir, se mueve entonces a la sombra de la poderosa figura de O'Donnell. La identificación del soldado y el historiador en el orden de las ideas es notoria. Una condición de O'Donnell disgusta a veces a Cánovas: su portentosa capacidad para la intriga. El exagerado maquiavelismo del general inquieta al malagueño, porque en algunos momentos, como cuando O'Donnell se entrega al gabinete de frailes, es decir, al carlismo, desdibuja toda la política oligárquica y puede arruinar la obra en que ambos están empeñados. La nueva oligarquía trae a la política española por única inspiración un afán de reposo.

La antigua aristocracia de sangre -que también ha hecho su agosto en le periodo de las vacas gordas de la desamortización-, las familias enriquecidas en el río revuelto de la Guerra civil, los viejos y los nuevos monopolizadores del suelo nacional, los negociantes y altos funcionarios que han hecho fortuna en América, de donde ahora vuelven, los prelados sensatos, la encumbrada burocracia peninsular, la plana mayor de aquel ejército macrocéfalo, todos aspiran al disfrute de lo que poseen en una España sosegada. Por tanto, la oligarquía es realista y en política interior repudia las aventuras. El acierto de Cánovas y lo que decidió su triunfo personal estriba en que fue como una antena y recogió como nadie los deseos y ambiciones de la nueva clase social.

Si una clase social puede estar alguna vez representada en todas sus virtudes y defectos morales, en sus egoísmos y en sus delirios insensatos, por un solo hombre, esta compenetración milagrosa se da de manera impecable entre la nueva oligarquía española y don Antonio Cánovas del Castillo. Ante todo, el joven letrado interpretó sagazmente ese irresistible deseo de quietud que las clases conservadoras comienzan a manifestar justamente cuando él, imberbe aún, pisa el umbral de la vida pública. Cánovas era la encarnación viva del monstruo engendrado por la revolución. Solo aventajaba a aquella insensible clase social en luces, sin las cuales no hubiera podido hacer lo que hizo con ella.

Pero aunque Cánovas era en gran parte la cabeza pensante de O'Donnell, no nos olvidemos del general. A semejanza de su padre, don Leopoldo O'Donnell no era hombre atormentado por los casos de conciencia. En eso era también como Cánovas: le importaba ante todo, el fin. Estos personajes tenían una política, cosa que nadie tenía en España hacia 1860, y la iban a imponer a la nación. O'Donnell no creía en nada, si no era, como Cánovas, en sí mismo.

Entró en la política por propio impulso, por vocación irresistible. No se parecía en nada a Espartero, que fue arrastrado a la política y tomaba en serio la causa popular; ni a Narváez, profundamente convencido de que con su política de rigor estaba salvando a España de la anarquía. Si Narváez y Espartero dan la sensación de haber sido remolcados a la política por la fatalidad, la actuación pública de O'Donnell es la de un hombre que necesita la vida pública para usar sus excepcionales condiciones de cortesano y sus dotes singulares de mando; mando de hombres, no de soldados. O'Donnell, en suma, era un político, inclusive cuando dirigía la guerra; los otros eran soldados, incluso cuando presidían el gobierno.

La Unión Liberal

En 1854 se sublevó O'Donnell en Vicálvaro. La situación estaba madura para los radicales. Pero O'Donnell era sospechoso a las izquierdas; no inspiraba confianza ni a reaccionarios ni a progresistas. ¿Cual era el programa de O'Donnell? ¿Qué quería, aparte el poder? El general estaba en rebeldía en los arrabales de Madrid.

La capital, nerviosa y revuelta, no parecía dispuesta a entregarse. Entonces interviene Cánovas del Castillo -veintiséis años de edad- y lanza el famoso Manifiesto de Manzanares, con el que pone al pronunciamiento una etiqueta liberal. Madrid, ahora, abre las puertas a O'Donnell, encarrilado por su amigo en la senda de la victoria. Pero la victoria pertenece a los progresistas, y sube al poder Espartero, con O'Donnell en el ministerio de la Guerra.

Don Leopoldo había abrazado al conde de Luchana espectacularmente, pero no más constituido el ministerio comenzó a trenzar con la reina y la camarilla teocrática la intriga que iba a derribar a Espartero. En 1856, O'Donnell se alza con el mando, y el pueblo sale a la defensa de Espartero. Se moviliza la Milicia Nacional y se hace fuerte en los palacios de Vistahermosa y Medinaceli. Capitanea a los rebeldes el insigne Madoz, y los bombardea... Serrano.

En Barcelona la batalla duró dos días y costó quinientas vidas. Así reaccionó la oligarquía cuando advirtió que explotaba el Manifiesto de Manzanares en beneficio de la revolución. Mas el gabinete de frailes, activo tras la pantalla de la corona, despidió, como adelanté, melifluamente, a O'Donnell, luego que vio salvados los bienes de la Iglesia.

El plan de Cánovas se abría, no obstante, camino. Ni él ni O'Donnell era hombres capaces de desfallecer. Del 54 al 58, la nueva oligarquía, en lucha con los elementos de la vieja política -el carlismo y los pronunciamientos- perfecciona su política, de suerte que cuando en junio de 1858 la reina encarga otra vez a don Leopoldo la formación de gobierno, el movimiento ha alcanzado sorprendente madurez.

Por primera vez desde el s. anterior va a tener España un ministerio estable, un gobierno que durará ¡cinco años!, insólito fenómeno, tan asombroso, que incita a todos a llamar a aquellas Cortes de la Unión Liberal el Parlamento Largo . El genio político de Cánovas encuentra ahora coyuntura de desplegar todas sus artes, las buenas y las malas, en lo que es evidentemente la invención de la política española contemporánea.

Convendrá repetir que la nueva oligarquía trae un anhelo incoercible: la paz interior. Cuanto conspire contra la paz interior hay que eliminarlo mediante la fuerza o el compromiso. Los campesinos se soliviantan en Castilla, Extremadura y Andalucía -es precisamente bajo el mando de O'Donnell cuando se produce la rebelión de Loja-, pero esta cuestión no preocupa al duque de Tetuán ni a su hueste: la consideran un pleito privado entre los braceros sin tierra y la Guardia Civil. Y así, como en todo lo demás, en lo porvenir, porque constituye firme propósito de la nueva clase social que la estructura de la sociedad española permanezca inalterable por los siglos de los siglos.

Descartado ese factor de inquietud para los designios de la oligarquía, quedaban en calidad de principales agentes del desorden otros tres, con los que urgía entenderse: el carlismo, o impulso gobernante de la Iglesia; los pronunciamientos, o afán político del Ejército, y la oposición parlamentaria, o crítica impertinente de los partidos.

Cánovas no ocultaba su admiración por los carlistas. Pero tenía la convicción de que en tanto la Iglesia no renunciara a gobernar, en España no habría sosiego. Su plan consistía en llegar a un compromiso con la Iglesia, a base de la supeditación de la institución espiritual al poder civil. Por eso mismo, la Constitución predilecta de Cánovas era la de 1845, pero liberalizada. De ahí el acta que promulgó O'Donnell en 1856, aliviando el peso absolutista a aquella carta otorgada de Narváez.

Veinte años después esta fórmula reaparece en la Constitución de 1876. Cánovas, nótese, pensaba en 1897, al morir, exactamente como en 1860. Era un hombre incapaz de evolucionar, como la língula, y en eso también fue el redactor de La Novedades el espíritu de la clase social que representaba hecho figura humana. Cánovas repudiaba el carlismo porque era un movimiento notoriamente utópico que, sin posibilidades de triunfar, amenazaba con su extremismo el pacífico disfrute del poder oligárquico. Hombre de realidades, el estadista de la Restauración iría en sus concesiones a la Iglesia tan lejos como fuera compatible con el reposo nacional, pero no más allá.

Por consiguiente, Cánovas, Ríos Rosas, Cortina, Alonso Martínez, los genuinos representantes civiles de la nueva oligarquía, retiraron en cierta ocasión su apoyo a O'Donnell, porque le jefe,, como acontece a todos los personajes de su idiosincrasia, se enredaba en los hilos de su propio maquiavelismo y se abandonaba otra vez a la camarilla absolutista. Pero el enojo, naturalmente, fue fugitivo, porque el duque de Tetuán se recuperó pronto del impolítico desliz.

En punto al Ejército, se ambicionaba expulsarlo de la política, y no solo en aras de la soberanía del poder civil, sino porque la dictadura militar arrastra como secuela sobresaltos y peligros, que, cual los inherentes al carlismo, turbaban il dolce far niente de la oligarquía. En consecuencia, Cánovas, Ríos Rosas, etc. , combatieron en 1864 la dictadura de Narváez, y fueron desterrados. El tercer elemento gastador del desasosiego aparecía vinculado a los partidos disconformes con la política de la oligarquía. Había, pues, que someter a aquellos núcleos rebeldes. ¿Como? Corrompiéndolos. El pacto del Pardo, que no se selló en el Pardo, tiene un antecedente en la Unión Liberal de 1858.

La Unión Liberal existía ya en el magín de la nueva oligarquía en vísperas del pronunciamiento de O'Donnell en Vicálvaro. El manifiesto de la regeneración liberal, que Cánovas redactó, era un llamamiento a la confabulación de los partidos, con el designio programático de parar en seco la marcha de España. Aquel plan se frustró por la intransigencia de los progresistas, que querían seguir adelante con la desamortización. En 1858, sin embargo, ya habían desaparecido aquellos inconvenientes.

La Unión Liberal inició su etapa de gobierno con un programa de desusada brevedad: que nadie se moviera. Toda su política estribaba en que hubiera quietud en la nación. Se hicieron concesiones a la Iglesia, se sobornó a la oposición, se corrompió a la prensa, se reprimieron duramente las protestas campesinas, y a los militares se les prepararon una serie de suculentas aventuras en el exterior. La fisonomía del gobierno era la del futuro partido liberal-consevador que fundaría luego don Antonio Cánovas del Castillo. Toda la política de la España de la Restauración estaba ya bosquejada ahí. Ese fue su primer gran ensayo.

Posada Herrera

La nueva oligarquía nacía corrompida y para corromper, y corrompería cuanto tocara. O'Donnell formó su gobierno con todos los pesimistas indignes, que giraban, como soles muertos, en torno del hombre que traía a España, cubierta con un rótulo liberal, la política del descanso. De ahí en adelante sería considerado como sujeto perturbador todo el que tuviera una iniciativa, y como delincuente vulgar todo el que hablara de reformas. El escepticismo de fin de s. , aquella abulia que apagó todas las vibraciones del alma nacional, fue una enfermedad específica de la nueva oligarquía, ya ostensible en el periodo que examinamos y transmitida luego, por contagio, a toda la sociedad española.

El gobierno-milagro de O'Donnell y Cánovas descansaba -se trataba de descansar- en la corrupción y no en una corrupción cualquiera, sino en una corrupción sistemática de todos los órganos del poder. Era un gobierno sin política propiamente dicha y sin principios y sin ideales. La oligarquía no tenía fe en España ni creía en los españoles. La Unión Liberal era una almáciga de políticos desengañados, hastiados de una lucha que parecía no conducir a ninguna parte. Gentes cínicas, como O'Donnell y Cánovas, o socarrones, como Posada Herrera. Junto a esos hombres, Narváez era un Quijote, y los carlistas unos románticos desesperados. La nueva oligarquía venía, en efecto, contra todo lo vital español, contra lo absurdo como contra lo discreto, contra lo bueno y contra lo malo.

O'Donnell ofreció una cartera ministerial a todo personaje de cuenta. Primero a su guardia, en la que figuraban viejos progresistas desilusionados que se llamaban resellados . Después a los directores de periódicos adversarios, a los jefes más inquietantes de la oposición, a los radicales con fama de insobornables. Unos aceptaron, otros no. Pero los que aceptaron, ya estaban corrompidos.

Posada Herrera, a quien podemos considerar como el fundador del caciquismo, maestro insigne de todos los Romero Robledo del porvenir, tomó a su cuenta la corrupción del sufragio y el amaño de los parlamentos. Y lo haría, no a la ligera y violentamente, como Sartorius. Estos eran tiempos nuevos. Los electoreros de antaño carecían de inventiva, no eran científicos, procedían sin tacto. Cortes tan burdamente apañadas se revolvían contra sus creadores y duraban poco. Claro que ahora Posada Herrera, pieza convenientemente ensamblada en una política homogénea, trabajaba al compás de los demás ministros, cada cual corrompiendo por su lado, y podía lucirse.

Para comenzar, el gran elector, como le llamaban, cuidó de que las futuras cámaras contuvieran una oposición, ni tan numerosa que pusiera al gobierno en peligro, ni tan débil que facilitara la escisión de la mayoría gubernamental. Posada tenía la teoría de que una cámara formada por amigos del gobierno, es decir, unánime, acaba dividiéndose. Por otro lado, los revolucionarios debían tener representación parlamentaria; de lo contrario, perturbaban el gobierno en la calle.

Interesaba en lugar preferente que obtuvieran acta de diputado y senador los amigos de O'Donnell y Cánovas. Pero no era menos importante que salieran elegidos los jefes de los radicales y los de los ultramontanos. A los absolutistas, más próximos a la situación, se les asignaron treinta escaños en las Cortes; a los radicales veinte. Los tibios progresistas de lengua mordaz recibían puestos en el Senado, o eran espléndidamente colocados en la burocracia, o salían en importante comisión para las colonias.

El gobierno hacía cuanto podía por atraerse a todos. Nadie le podía negar buena voluntad. Por lo mismo no toleraba enemigos, fuera de los imprescindibles para que el flamante sistema funcionara. Todo político, periodista o soldado influyente podía medrar a sus largas. Podía ser ministro, o diputado, o senador, o director de periódico, o jefe de negociado o alto funcionario de Cuba.

Pero ¡ay del que osara dificultar la obra del gobierno! Con los que se plegaban a la política de O'Donnell y Cánovas, atenciones, estipendios, recompensas; con los incorruptibles, la persecución y la cárcel. Nunca duraron tanto tiempo en España un gobierno y un parlamento. La nueva oligarquía contempló su obra y la encontró perfecta.

La guerra de África

La nueva oligarquía no se proponía gobernar a España; venía a gozar del poder, que para ella era un fin en sí mismo, y a despachar los asuntos de trámite, a la que saliere. Su ideal era el compromiso con los sectores disidentes, pero no el fecundo compromiso de los que se ponen de acuerdo para hacer algo, sino la conjura desmoralizadora de los que se confabulaban para que no se haga nada. La primera transacción de la oligarquía con la Iglesia se fraguó en el convenio de 25-VIII-1859, por el cual se reconocía el derecho de los clérigos a adquirir y retener toda clase de bienes y valores. Este era el extremo más transcendental del acuerdo, el que apremiaba a la Iglesia despejar. En fuerza de ceder, O'Donnell ganó terreno al carlismo. Otro tanto haría con el Ejército.

Pero el compromiso de los oligarcas con el Ejército había de ser más funesto aún. Define la política de la oligarquía la solución que dio a este magno problema También aquí marcó un rumbo. Abrumada por la proximidad de un Ejército político y desmesurado, la Unión Liberal decidió abrir de nuevo a las armas españolas las rutas de África.

De nuevo se falseaban e invocaban a contrapelo los mandatos de la tradición, pues si España estuvo interesada en Argelia no lo estuvo en Marruecos, que Fernando el Católico reconoció por el tratado de Cintra en 1509 como zona de exclusiva influencia portuguesa; e Isabel la Católica se había referido en su testamento famoso, no al Mogreb, como señala uno de nuestros modernos arabistas, sino a Argelia. Pero en Argelia ya estaban los franceses.

La intervención militar de España en Marruecos era otro de los puntos del programa de la nueva oligarquía. Cánovas era también en esto el pensamiento que no necesita interrogar a la clase directora para conocer sus anhelos. En su Historia de la Decadencia de España, publicada en 1854, ya descubre que España puede ser todavía una gran nación continental y marítima si se producen ciertos hechos, y entre ellos incluye la expansión por la vecina costa de África.

Diez años antes, don Serafín Estébanez Calderón, tío de Cánovas, había escrito un Manual del oficial en Marruecos. El Solitario interesó al sobrino en los problemas de África. En 1858 aparecen los Apuntes sobre la Historia de Marruecos, de Cánovas, libro oportuno, que solo precedió en un año a la primera guerra de la nueva España en el Rif. Cánovas inspiró a O'Donnell la política española en África.

Sin embargo, el principal resorte que movía a la oligarquía a perseguir aventuras en el exterior no era la expansión, sino, de un lado, la urgencia de emplear a un ejército político, en conflicto, por su tamaño, con una política de paz, y de otro, la necesidad de dispersar la atención del pueblo y embriagarla, en beneficio de la tranquilidad interior, con glorias militares.

Pero estas glorias militares, por no responder a un designio político ulterior, ni a una exigencia histórica, se desvanecen rápidamente, sin que compensen de las pesadas cargas que este género de aventuras impone a una nación, de cuyo cuello se cuelgan, como argollas de plomo, por generaciones. A hombres como O'Donnell y Cánovas se dirigía Maquiavelo cuando escribió en sus Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio que las conquistas hechas por repúblicas mal organizadas, arruinan en vez de engrandecer al conquistador.

No estaba España para fraudes tan peligrosos. Con una deuda flotante de 175.000.000 de pesetas, un déficit presupuestario de 500.000.000, la producción asolada por los impuestos -que no pagaba la oligarquía, según tendremos ocasión de ver-, O'Donnell improvisó cuantas campañas militares, en África y en América, cabía realizar entonces. Era un político sin principios, a busca de pretextos para apasionar al país y embalarlo lejos de la política interior

De primeras don Leopoldo puso los ojos en el África occidental española. Pero su intento de ocupar firmemente y explotar las posesiones de Fernando Poo, Annobón y Cabo San Juan fue un fracaso. La guerra de Italia parecía ofrecer el anhelado pretexto para trasladar el foco de la atención popular lejos de Madrid. El poder temporal del Papado se hallaba en peligro. El príncipe de Parma, cuyo trono también estaba amenazado, era un Borbón, pariente de Isabel II. El gobierno español puso entonces en pie un respetable ejército de 100.000 hombres. Mas lo de Italia se precipitó, y cuando O'Donnell quiso intervenir, la guerra tocaba a su fin, el de Parma había sido destronado y la unidad italiana se mostraba desafiante.

¿Que hacer, pues, con aquel ejército de 100.000 hombres? No había tiempo que perder, si se quería preservar la paz interior, y la oligarquía cayó en la cuenta de que lo mejor sería dar una lección a los moros. Prueba de que aquel gobierno andaba a la búsqueda de zalagarda.

Los motivos de enojo con los moros eran entonces copiosos. España tenía casi olvidado el continente de color desde que canalizó sus energías expansionistas hacia América. De no haber sido por los piratas, África no hubiera distraído la atención española después de la muerte del cardenal Cisneros. Nos quedaban en el norte de África dos posesiones importantes, Ceuta y Melilla, que servían particularmente de penitenciarías, y a lo largo de la costa existían pequeños establecimientos pesqueros y comerciales, nidos del matute.

Aquellos moros, vecinos pegadizos, molestaban a nuestras gentes, que los tenían encima como avispas. Así era desde tiempo inmemorial. En 1859 las cabilas derribaron unas garitas en construcción en las afueras de Ceuta. Por su parte los indígenas de la otra zona se quejaban de que la guarnición de Melilla salía a coger leña más allá de la línea fronteriza, y para acreditar su disgusto golpearon por aquellos días a un grupo de españoles.

Ni estos eran los primeros incidentes, ni los más enconados, con la morisma aludida, ni la afrenta exigía otra intervención que la puramente policíaca. Pero O'Donnell -la oligarquía- necesitaba una guerra, y lo entendió de otro modo. Inmediatamente se convino que el honor nacional había sufrido infernal injuria. La prensa se encargó de templar el ánimo patriótico del país. La nación se colocó, casi unánime, detrás del gobierno, que era lo que le interesaba a O'Donnell, más que castigar ofensas a nuestro prestigio. Fueron inútiles las admoniciones de los hombres avisados que señalaban los inconvenientes de romper la paz en África, dado el estado de España, con sus heridas de la guerra civil todavía sangrantes.

Sin otro preámbulo, el gobierno español envió un ultimátum al Majzén, que ni se había enterado de lo que pasaba en las tapias de Ceuta y Melilla, porque su control de las cabilas era harto somero; se le exigía que en el plazo de diez días la obra destruida fuera rehecha por los moros, los agresores castigados, la bandera española, saludada, y la cláusula del tratado hispano-marroquí que prohibía la fortificación de Ceuta revocada.

El Majzén, o gobierno del sultán, que rehuía un conflicto de semejante carácter, accedió a todo, menos a modificar el tratado, y respondió a este punto que en aquel momento agonizaba el sultán y que no se atrevía a decidir. El sultán, que contaba ochenta y un años, falleció a poco. Su sucesor, sin negarse a negociar, pretendía prolongar la espera. Inglaterra ofreció su mediación.

Convencido, sin embargo, el gabinete británico de que O'Donnell estaba resuelto a la guerra, lord Russel anunció confidencialmente que Inglaterra no se opondría a la acción española, pero que España debía comprometerse a no anexarse ningún nuevo territorio como consecuencia de la guerra, y que si ocupaba Tánger en el curso de las operaciones lo habría de abandonar al terminar la campaña. O'Donnell se mostró conforme con las estipulaciones británicas. El gobierno español renunciaba de antemano a sacarle fruto a la guerra. Y es que la guerra, para la oligarquía, era un fin.

O'Donnell se cayó las condiciones que había puesto Inglaterra, y la nación, en lo esencial, estuvo a oscuras. Lo mismo hizo Cánovas en otro caso análogo, siquiera fuera más grave, cuando escamoteó al país, en el conflicto de Cuba, nuestras verdaderas relaciones con los Estados Unidos.

El 22-X-1859, O'Donnell declaró la guerra al sultán de Marruecos, y se colocó al frente del Ejército español: 40.000 hombres. Como tenía que ocurrir, la campaña se llevó mal desde el principio. O'Donnell quería ocupar Tetuán, y no paró la debida atención en las dificultades de la empresa. Se llevó a cabo el desembarco en Ceuta, al amparo de las baterías de costa. Así que las fuerzas españolas salieron de esta posición, se encontraron con la acometida salvaje de los moros irregulares, apoyados enseguida por el ejército del príncipe Muley al Abbas, hermano del sultán.

La marcha, siguiendo las línea de la costa, se presentaba sobremanera dificultosa para los arrojados y sufridos españoles, porque la artillería y los carros se hundían en dos palmos de lodo. La estación del año era, además la menos favorable para la campaña. Los campamentos se anegaron, y las aguas de noviembre sitiaron a nuestras tropas, al formar en aquellos parajes auténticos lagos.

El abastecimiento se había confiado a la flota de guerra, que se habría de deslizar junto a la costa, paralelamente al avance de las fuerzas de tierra. Pero O'Donnell no había contado con el temporal -no había contado con nada-, muy bravo en aquella estación de borrascas, y el Ejército, excelente por su material humano, se quedó sin víveres ni municiones. El cólera, la disentería y las fiebres hicieron su espectral aparición en los campamentos, llamados del hambre, y la fuerza quedó reducida a 15.000 hombres. El Ejército español, de ese modo deslucido y castigado, tardó en llegar a Tetuán dos meses.

Prim, sin contar con el alto mando, cosa natural en un Ejército de disciplina resentida por la política, se había metido con poca cordura en el valle de los Castillejos, de donde salió con sus soldados merced a uno de esos va banque característicos de la desesperación española, arrollando, al fin, a la morisma, que se dispersó aterrorizada y dejó expedito el camino de Tetuán. Aquella batalla costó a España seiscientos hombres, y en el asalto a Tetuán cayeron otros ochocientos. La hueste bereber de Muley al Abbas estaba vencida, y se retiró melancólicamente al interior

O'Donnell fijo las siguientes condiciones de paz al sultán: España entraría en posesión de todo el territorio conquistado por sus soldados entre Ceuta y Tetuán, esta ciudad inclusive; una indemnización en metálico, a pagar por los moros, de cincuenta millones de pesetas; apertura de la ciudad de Fez a los misioneros españoles; legación española en la capital del imperio y un tratado de comercio. Considerando los moros excesivas las pretensiones de O'Donnell se reanudó la lucha, que culminó en la victoria española de Wad-Ras, el 23-II-1860.

La oligarquía había ido ya demasiado lejos. Había perdido siete mil hombres, la mayoría víctimas del cólera, y a un Ejército fatigado por el barro y los peñascales se le abría la inhóspita perspectiva de seguir adentrándose en territorio enemigo, con los terribles desfiladeros del Fondack delante, y con riesgo de desaparecer. Además, se llevaba gastado mucho dinero, más del que la nación sospechaba.

En abril de 1860 se hizo la paz. O'Donnell, cauto ahora, se mostró menos exigente. Su obsesión era tener algo que ofrecer al país, e insistió en que Tetuán quedara temporalmente en manos de los españoles como garantía del pago de la indemnización. Nada de lo obtenido llegó a compensar a la nación de los sacrificios en hombres y dinero realizados en aquella improvisada aventura.

O'Donnell volvió, sin embargo, de África con la aureola de héroe. Obtuvo el ducado de Tetuán, y Madrid lo aclamó en las calles. Con todo, la guerra de África hubiera sido un pecado venial, del que la historia habría absuelto a la oligarquía, si no hubiera entrañado otras consecuencias que las que inmediatamente tuvo. Lo peor fue que España, desorganizada y exangüe, se metió en la trampa de África para quebrantarse física y moralmente por generaciones.

Guerrear no es colonizar. Antes suele ser la guerra, y más la guerra como fin, obstáculo grave en el camino de la colonización. La circunstancia de que al cabo de los siglos España tornara los ojos a África para castigar a todo el imperio marroquí por los excesos de unas cabilas, exacerbó el odio del Islam a nuestra bandera, y trocó la necesaria colaboración de los indígenas para la defensa de España al otro lado del Estrecho en auténtico odio berberisco.

Aventuras en América

Verdes todavía los laureles de África, con tanto trabajo conquistados, y receloso de que se ajaran, O'Donnell emprende la segunda aventura, esta en el continente americano.

El estado de Santo Domingo, verdadero caso de litigio histórico, se hallaba en conflicto con la vecina Haití, y decidido a buscar apoyo fuera, solicitó su reincorporación a la monarquía española. En un pleito de esta naturaleza, España debía moverse con cautela. Ni era unánime entre los dominicanos el deseo de traspasar su soberanía, ni el sector que buscó a España perseguía otra cosa, en el fondo, que allegarse un aliado para sus fines de política interna. El asunto no estaba nada claro.

No más promulgada la anexión por decreto de 19-III-1861, comenzó la acción de España en la isla. Se diría que no nos habían llamado, pues en cuanto entraron los españoles -tropas y funcionarios de Cuba- en Santo Domingo, se unieron todos los indígenas contra nosotros en una inesperada guerra contra el invasor. Y aconteció lo de siempre: España no podía retirarse ya sin menoscabo de su prestigio. Tuvo, pues, que continuar la aventura, que duró cuatro años, nos arrebató diez mil soldados y redujo los recursos de la Hacienda en cien millones de pesetas. En mayo de 1865, la oligarquía abandonó resignadamente Santo Domingo.

A lo vivo el problema dominicano, O'Donnell y Cánovas se resolvieron a atrapar otra oportunidad que mantuviera la curiosidad nacional pendiente del exterior, y ocupados a los militares.

Triunfante el partido liberal de Benito Juárez en la guerra civil mexicana -trasunto de la guerra civil española, con los clericales mexicanos en el lugar de nuestros carlistas-, el gran estadista indio quiso poner cierto orden en la nación. Las finanzas mexicanas se resentían, con todo lo demás, de los efectos de la cruenta lucha, y el Congreso decretó la suspensión del pago de los intereses de la Deuda exterior por dos años. Los tenedores de títulos mexicanos en Europa pidieron la intervención armada contra México. Inglaterra, Francia y España acordaron ajustarle las cuentas a Juárez, en vista, también, de que de resistía a dar satisfacción a las potencias en otros extremos, como reparación de daños causados a súbditos extranjeros durante la lucha.

En octubre d e1861 las tres naciones decidieron formalmente la intervención. Y aunque renunciaron en teoría a mezclarse en los asuntos internos de México y proclamaron el derecho de esta nación de darse libremente la forma de gobierno que le placiera, los franceses se proponían imponerla una monarquía, y los españoles iban, de paso, a explorar el terreno y averiguar si sería posible sentar en el hipotético trono mexicano a un pariente de Isabel II.

Un escuadrón español, en línea con los ingleses y franceses, entró en aguas de la indomable República. Prim, al frente de sus tropas, ocupó San Juan de Ulúa. Pero la expedición tripartita no entusiasmaba a los Estados Unidos, que desde 1823, cuando proclamaron la doctrina Monroe, se guiaban en tales trances, generalmente, por la política dogmática del Keep off.

Benito Juárez era, por otra parte, un experto diplomático y entró en negociaciones por separado con los componentes de la alianza, a los que dividió. Quedó aislada Francia, contumaz en el designio de destruir la República mexicana. En abril de 1862 se retiraron las fuerzas españolas y británicas, dejando que se estrellaran los franceses, que, confabulados con los monárquicos mexicanos, insistían en llevar a remate su audaz golpe de Estado. Bien es sabido cuan patéticamente acabó.

Prim había percibido claramente a su llegada a México que solo podría sostenerse allí la monarquía si se ocupaba el país con un ejército extranjero. No tenía, pues, fe en aquella empresa. Pero O'Donnell, bien porque se forjara más ilusiones, bien porque quisiera entretener a Prim lejos de la Península, resintió la vuelta del héroe de los Castillejos. También la resintió Francia, y se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas, con amenaza de serio conflicto. No poco coadyuvaron las peripecias en el exterior a sostener en el poder a la Unión Liberal; mas esa política también tenía su lado peligroso para el gobierno, que a pesar de todo, no era aún omnipotente e irresponsable como lo sería en la Restauración.

En 1865 volvió al poder la Unión Liberal, y en el ministerio del duque de Tetuán figuraron, como de costumbre, Cánovas, Alonso Martínez, Posada Herrera, etc. Ese segundo ensayo solo duró un año, pero la oligarquía se presentó ya más madura. Sor Patrocinio y el padre Claret fueron confinados a los conventos. Posada Herrera perfeccionó, si la perfección cabía en ello, sus artes de taumaturgo electoral.

Se ofrecieron sendas carteras ministeriales a tres directores de periódicos progresistas, que las rechazaron. Otros progresistas aceptaron puestos en el gobierno y en las cámaras. La idea era, como diez años antes, destruir a la oposición, pero no realizando su programa, en el supuesto que la oposición tuviera alguno, ni ganando a país con obras, sino corrompiéndolo todo, asociando en el pacífico disfrute del poder a todo sujeto políticamente peligroso, y a los que no, persiguiéndolos.

Ya conocemos la política interior y exterior de la nueva oligarquía. (En 1865-66 O'Donnell y Cánovas repitieron el ensayo de 1958-63. Este es el esbozo del linaje de gobierno que tendrá España desde 1874 hasta 1923.