Revolución de 1854

Movimiento revolucionario iniciado el 28 de junio de 1854, que puso fin a la Década Moderada (1844-1854) y dio inicio al Bienio Progresista (1854-1856). El Gobierno presidido por José Luis Sartorius (19 de septiembre de 1853 - 17 de julio de 1854), conde de San Luis, quedó totalmente desacreditado a finales de 1853, cuando los escándalos de las concesiones de los contratos ferroviarios provocaron un conflicto entre los Cortes y el Ejecutivo. Por otra parte la situación de la Hacienda era caótica, y el Gobierno carecía de apoyos en los medios económicos y financieros; paralelamente la escasez de cosechas y la exportación de grano por la Guerra de Crimea (1853-1856) ocasionaron un alza general de precios. Los problemas de subsistencia, el incremento del paro y la epidemia de cólera agravaron aún más la situación y derivaron en el descontento generalizado de la sociedad, lo que hizo que los distintos sectores sociales y formaciones políticas se unieran contra el Gobierno.

Así, el Partido Progresista, con el apoyo del Partido Moderado, se propuso derribarlo mediante un pronunciamiento al que se sumaron después las fuerzas populares. El 28 de junio de 1854 los generales de tendencia moderada O´Donnell, Dulce, Ros de Olano y Messina se pronunciaron en Canillejas, en las afueras de Madrid. En las proclamas y manifiestos, y en la Exposición que enviaron a la reina, se limitaban a acusar al gobierno de Sartorius de haber conculcado la Constitución vigente, de haber perseguido a los Senadores que habían votado contra su ministerio y de haber introducido la inmoralidad en la administración.

En esta situación, O´Donnell urdió una conspiración militar, que desembocó en la Vicalvarada, pronunciamiento llamado así por iniciarse en un acuartelamiento del pueblo madrileño de Vicálvaro; el 28 de junio de 1854, fuerzas de caballería del general Dulce (a la sazón director general de caballería), Ros de Olano, Messina, y de infantería del brigadier Echagüe, de Madrid, fueron arengadas por O´Donnell y marcharon hacia las afueras de la ciudad con la pretensión de intimidar al gobierno.

Pero tras el encuentro de Vicálvaro con las tropas gubernamentales (30 de junio), se vieron obligadas a dirigirse hacia el sur. Entonces los sublevados pretendieron ampliar su base social mediante la proclamación del «Manifiesto de Manzanares» (7 de Julio), que había redactado Cánovas en nombre de O´Donnell, que incluía una lista de reformas (entre ellas la reducción de los impuestos) e invitaba a formar juntas y se abogaba por la descentralización de las funciones del gobierno, libertad de prensa y reforma electoral, supresión de camarillas y organización de la milicia nacional. Este manifiesto dio origen al nacimiento del partido Unión Liberal.

Es un error creer que dicho manifiesto fue el desencadenante del movimiento revolucionario de 1854 que consiguió derrocar al Gobierno ; su contenido era fruto de la necesidad. Ante la falta de apoyos, los sublevados intentaron ampliar sus bases, atrayéndose a los progresistas y al pueblo mediante la promesa del restablecimiento de la Milicia Nacional, la formación de juntas, la convocatoria de Cortes, la mejora de la Ley Electoral y de imprenta, así como la reducción de los impuestos.

Tras las insurrecciones que se produjeron en Barcelona, Valladolid, Zaragoza, San Sebastián y Madrid, entre el 14 y el 17 de julio, y el fracaso de los Gobiernos propuestos por (Fernando Fernández de Córdoba, el duque de Rivas y Evaristo Fernández San Miguel), Isabel II llamó como último recurso a Espartero, que se avino a formar gobierno con O´Donnell el día 28. Siguiendo el modelo de revolución juntista ensayado desde 1808, en la mayoría de las provincias se formaron juntas revolucionarias, a lo largo del mes de julio, controladas, principalmente por el Partido Progresista, aunque también figuraban en ellas miembros de adscripción moderada y demócratas.

En Barcelona, en plena agitación social obrera a favor del asociacionismo y en contra de la implantación en las fábricas de las máquinas de hilar automáticas (las selfactinas), el capitán general de la Rocha desplazó de la Junta a los representantes del pueblo, progresistas y demócratas, y creó otra Junta con elementos moderados. En los distritos del sur de Madrid se formaron diversas juntas revolucionarias, destacando por su radicalismo y la heterogeneidad de sus miembros (progresistas radicales, demócratas, republicanos y socialistas) la del puente Toledo o Junta Sur. Para encauzar la situación, los progresistas constituyeron la Junta de Salvación, Armamento y Defensa de Madrid, presidida por el general Evaristo San Miguel.

Las medidas más revolucionarias que la juntas tomaron en algunas provincias fueron la supresión de los derechos de puertas y consumos y la abolición de los monopolios de la sal y del tabaco. El Gobierno se deshizo pronto de ellas: a principios de agosto pasaron a ser órganos meramente consultivos y el 23 de ese mismo mes ordenó su disolución definitiva declarando nulas cuantas decisiones hubiesen tomado.

El 28 permitió la salida de la reina madre María Cristina, evitando de esta forma su comparecencia ante la justicia, lo que provocó la sublevación de algunos grupos que habían luchado en las barricadas madrileñas.

El descontento popular pronto se hizo patente y las sublevaciones se prodigaron por doquier por la falta de reformas en el campo, la elevación de los precios de los alimentos y la ausencia de cambios en la política fiscal. Convocadas las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se celebraron el 4 de noviembre de 1854 sobre la base de la Ley electoral de 1837, aunque con la ampliación del número de diputados, la coalición de progresistas y moderados obtuvo la mayoría de los escaños. Sin embargo, la llamada Unión Liberal no se consolidó totalmente al quedar fuera de la coalición un sector de los moderados y los progresistas puros, estos últimos unidos a los demócratas.

El programa de la coalición liberal era de cariz moderado: saneamiento de la Administración, moralidad pública y aceptación de la monarquía constitucional. El 8 de noviembre de 1854 se abrieron las Cortes Constituyentes; en la primera sesión, a propuesta del Gobierno, se aprobó de forma mayoritaria -con sólo diecinueve votos en contra- que la forma política del país era la monarquía. La discusión del texto constitucional provocó un enfrentamiento con sectores de la Iglesia, pues la base del proyecto proponía permitir las prácticas religiosas no católicas, en tanto que éstas no se manifestasen públicamente.

Las relaciones diplomáticas entre el Gobierno español y la Santa Sede se rompieron definitivamente tras la aprobación de la Ley de Desamortización general de Madoz o Ley Madoz(1 de mayo de 1855). La Constitución de 1856, inspirada en la de 1837 y en el ideario progresista, nunca llegó a proclamarse por el boicot de los políticos moderados y de la misma corte.

Entre sus principios, recoge el de soberanía nacional, negando así el principio doctrinario, nervio del constitucionalismo ochocentista: el binomio Rey-Cortes; amplía los derechos políticos de los ciudadanos; proclama la libertad de imprenta sin censura previa y juicios con jurados, así como la igualdad de los españoles ante la ley; restablece la Milicia Nacional y el servicio en el Ejército; regula el acceso a los cargos públicos según el mérito y la capacidad; formula la independencia del poder judicial, y, finalmente, introduce la democratización de las instituciones: la elección popular de los senadores y de los alcaldes y el carácter representativo de las diputaciones.

El Bienio Progresista impulsó la revolución liberal burguesa con dos objetivos preferentes: la recomposición del liberalismo como fórmula política constitucional y parlamentaria en un nuevo marco político e institucional de base más amplia, y la introducción de reformas económicas para permitir un cambio de ritmo en el proceso de desarrollo capitalista agrario y una mejor configuración del mercado nacional

Con ello se buscaba una mayor apertura al exterior, que permitiera una agilización en el mercado y un impulso del crecimiento económico. El sistema financiero quedó ordenado por la Ley de sociedades anónimas de crédito (enero de 1856), que permitió su creación, siendo las más importantes las de procedencia francesa; por su parte, la Ley de bancos de emisión de 1855 superó el estricto marco de la anterior ley de 1851, al permitir la existencia de bancos de emisión, uno por localidad. La Ley de Ferrocarriles (junio de 1855) posibilitó el auge constructor que configuró la red básica ferroviaria española de la década siguiente. Finalmente, la Ley general de desamortización (mayo de 1855) intentó completar el proceso desamortizador de los bienes del clero secular y regular, de los ayuntamientos y los de las fundaciones educativas y benéficas.

Pero la historia del Bienio Progresista estuvo plagada de conflictos sociales que provocaron la quiebra del progresismo en el poder y la ruptura del pacto. El Gobierno se vio obligado a combatir los continuos movimientos populares que pretendían hacer realidad algunos de los puntos del programa progresista, como la abolición del impuesto de puertas y consumos (Málaga, 2 de diciembre de 1854); Zaragoza, 11 de noviembre de 1855; Madrid, 7 de enero de 1856), de las quintas (Valencia, 6 de mayo de 1856), o el abaratamiento de los alimentos básicos (Bilbao, 22 de diciembre de 1854; Valladolid, 22 de julio de 1856).

En diversas poblaciones andaluzas se produjeron también numerosas ocupaciones de tierras durante estos años. En Madrid, la Milicia Nacional exigió, en marzo de 1855, el cambio de algunos ministros por su orientación moderada. En Barcelona, en julio de este mismo año, se desató la primera huelga general de España, en protesta por la supresión de las organizaciones obreras y la famosa Unión de Clases. En Aragón, por las mismas fechas, sobrevino un levantamiento carlista.

La alta conflictividad social produjo hondo nerviosismo entre la burguesía y las gentes de orden. Los incidentes que se desarrollaron en varias ciudades castellanas en junio de 1856 (Valladolid, Astorga, Palencia, Benavente, Medina de Río Seco y Burgos) en los que la población destruyó fábricas harineras e impidió la salida de granos y harinas hacia los mercados extranjeros, provocaron la dimisión de Espartero, quien fue sustituido por O´Donnell (14 de julio), que decretó el estado de sitio en todo el territorio.

El contragolpe de O´Donnell, signo claro de vuelta a la reacción, provocó la insurrección de progresistas, demócratas y republicanos en varias ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza. la insurrección fue vencida con contundencia, produciéndose numerosas bajas entre los milicianos, soldados y civiles. El nuevo Gobierno de O´Donnell fue efímero y se limitó a destruir la obra del Bienio: disolvió la Milicia Nacional, suspendió las Cortes, puso en vigor la Constitución de 1845 y paralizó el proceso desamortizador. El partido Moderado regresó al poder a mediados de octubre de 1856 con Narváez, quien contó con el apoyo incondicional de los neocatólicos o absolutistas isabelinos.

Tras la experiencia del Bienio progresista, el movimiento obrero y popular en ascenso se apartó de forma definitiva del progresismo, recogiendo su herencia los demócratas y los republicanos.