La Revolución Francesa

La Asamblea Nacional se erige en Constituyente

La revolución liberal se había realizado. La unión de los tres órdenes en una misma Asamblea Nacional anunciaba el advenimiento de la igualdad civil, y el rey, al sancionar la misión que la Asamblea Nacional acababa de imponerse de dotar a Francia de una Constitución, cedía a los representantes de la nación el poder legislativo. En el futuro, las reformas procederían de la Asamblea y no del rey, y la soberanía pasaba a la nación, representada por los diputados elegidos. La Asamblea Nacional, consagrando la profunda revolución que acababa de realizarse, se erigió, el 9 de julio, en Asamblea Nacional Constituyente.

El rey, pareciendo no darse cuenta de la importancia de estos acontecimientos y ganado de nuevo por la influencia de la corte, creyó que aún era posible dar marcha atrás destituyendo a su ministro Necker, sospechoso de liberalismo, para sustituirlo por el aristócrata Breteuil, partidario de resistir frente a las nuevas ideas, y de hacer un despliegue de tropas en los arrabales de París.

Inmediatamente, el pueblo parisiense reaccionó contra el absolutismo. El Comité de Vigilancia, creado por los electores, declaró que debía sustituir al Ayuntamiento de París y organizó a toda prisa una milicia ciudadana, para la que requisó armas en medio de una gran efervescencia popular. Intimado el gobernador de la Bastilla a entregar el armamento que se le pedía, su negativa provocó el que la guardia ciudadana, apoyada por obreros del barrio de Saint-Antoine, se amotinara y asaltara el 14 de julio de 1789 la antigua fortaleza que servía de prisión al Estado, y que el populacho diera muerte al gobernador de la misma.

En vez de reprimir la revuelta, Luis XVI rehusó empeñarse en una lucha sangrienta contra sus súbditos y se presentó ante la Constituyente para anunciar la retirada de las tropas y la vuelta al poder de Necker. Y el 17 de julio, aceptando el nuevo régimen, Luis XVI se trasladó a París y fue recibido por el Ayuntamiento que acababan de constituir ilegalmente los electores, mientras que la milicia ciudadana le rendía honores bajo el mando de La Fayette. La escarapela tricolor fue enarbolada allí por vez primera.

La toma de la Bastilla tuvo enorme resonancia en todo el país. Al pretender oponerse al nuevo régimen para después ceder ante una revuelta callejera sin mostrar resistencia, el rey permitió ver que el absolutismo era solo una fachada hueca y que la monarquía había perdido la dirección de los acontecimientos.

La carencia de instituciones se manifestó en todos los órganos de la autoridad, y la anarquía consiguiente hizo soplar sobre Francia un viento de pánico. El campo cesó de abastecer a la ciudad y por todas partes la población rural exigió la abolición de los derechos feudales. Numerosos nobles renunciaron espontáneamente a sus derechos, pero en donde se negaron a ceder hubo asaltos seguidos de pillaje y asesinatos.

Abolición de los privilegios por la Constituyente

El movimiento de emancipación que se manifestaba en la clase rural precipitó los acontecimientos. La noche del 4 de agosto, la Constituyente derogó las prestaciones personales, la servidumbre y los derechos feudales. Fue proclamada la igualdad de todos los franceses ante los impuestos. Cuando la Asamblea suspendió la sesión, en medio del mayor entusiasmo, el antiguo régimen había sido derrocado.

Los Derechos del Hombre

Al igual que había hecho el Congreso americano, la Constituyente decidió hacer preceder la Constitución de una declaración hecha para todos los hombres. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada el 26 de agosto de 1789, establecía en su preámbulo:

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre...

Como consecuencia, la Asamblea declaraba los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La soberanía reside esencialmente en la nación. La ley es la expresión de la voluntad general, y todos los ciudadanos son iguales ante ella.

En medio de grandes dificultades, la Constituyente realizó una obra sorprendentemente constructiva. La Constitución, cuyo anteproyecto estaba terminado en julio de 1790, representa la culminación de una evolución hacia el triunfo del individualismo y un sistema político fundado sobre la soberanía nacional. La parte esencial de la Constitución de 1791 es la Declaración de los Derechos del Hombre que le sirve de preámbulo.

Desde el punto de vista político, consagra la separación de los poderes. El rey deja de confundirse con el Estado y se transforma en el primer representante, irresponsable e inviolable. Detenta el poder ejecutivo, que ejercita por medio de ministros responsables. El poder de legislar pertenece a la Asamblea legislativa, elegida por períodos de dos años. El rey posee un veto suspensivo sobre sus decisiones, pero no puede aplicarse en materia fiscal. El poder judicial es ejercido por jueces electos e inamovibles.

En materia administrativa, las antiguas provincias son suprimidas, creándose en su lugar 83 departamentos. Fueron suprimidos los Parlamentos. En materia criminal, se abolió la tortura y los derechos del inculpado fueron rodeados de garantías.

En materia financiera, se establece la igualdad del impuesto. En lo económico, las corporaciones fueron suspendidas y se suprimieron las aduanas interiores. La prohibición de los gremios y de las huelgas se mantuvo.

En resumen, la Constitución de 1791 marca la cima de una larga evolución hacia el individualismo, la centralización y la unificación, de que había sido capital instrumento la monarquía desde hacía siglos.

Sin embargo, la Constitución establecía un sufragio censitario, reservando el voto a los propietarios (ciudadanos activos), dejando de lado a los no propietarios (ciudadanos pasivos). Francia contaba con 4.298.000 ciudadanos activos que elegían a 50.000 electores. A pesar de esta separación, el régimen que la Constitución daba a Francia era el más democrático de cuantos entonces eran conocidos en el mundo.

La cuestión más difícil que se planteó a la Constituyente fue la de las relaciones entre Iglesia y Estado. Proclamó la libertad de cultos, pero conservó para el culto católico el carácter de culto nacional. La Constitución Civil del Clero, votada en julio de 1790, suprimió las antiguas diócesis e instaló en los 83 departamentos otros tantos obispos, introdujo el principio de la elección de los obispos y párrocos por los electores civiles, y suprimió los conventos. Se impuso a los eclesiásticos la obligación de prestar juramento de fidelidad a la Constitución.

El Papa condenó este estatuto. La crisis financiera, agravada por la negativa a pagar impuestos y la deuda flotante de 2.000 millones, llevó a la nacionalización de los bienes de la Iglesia (estimados en 3.000 millones) para sanear la hacienda, a cambio de que el Estado retribuyera al clero.

La condena del Papa colocó al rey, que había sancionado el estatuto, ante un dilema: entre su deber civil y su deber religioso, optó por este último. El 20 de junio de 1791, el rey huyó de París para unirse al ejército del general Bouillé. Dejó una proclama en la que reprochaba a la Constituyente el haber hecho imposible todo gobierno. Detenido en Varennes, fue conducido de vuelta a París el 25 de junio. La huida del rey agravó la crisis y fortaleció a los republicanos.

La Declaración de Pillnitz (agosto 1791), firmada por Leopoldo II y Prusia, amenazaba con intervenir para restablecer la monarquía, lo que exacerbó el ambiente antimonárquico en Francia. A pesar de todo, la Constitución fue votada definitivamente el 3 de septiembre y el rey juró fidelidad a ella el 14. La Asamblea Constituyente se disolvió.

La Asamblea Legislativa, elegida tras la disolución de la Constituyente, se encontró con una situación llena de dificultades: crisis religiosa, crisis financiera (el asignado había perdido el 40% de su valor), inflación, paro y agitación social. Los jacobinos y cordeliers presionaban para radicalizar la revolución. La guerra contra Austria, declarada en abril de 1792, comenzó con reveses, lo que aumentó la tensión.

El 10 de agosto de 1792, las secciones de París, instigadas por la Comuna insurreccional, asaltaron las Tullerías. El rey se refugió en la Asamblea, pero bajo la presión de la multitud, la Asamblea suspendió sus poderes y convocó una Convención Nacional elegida por sufragio universal. El rey fue encarcelado en el Temple. La Comuna de París impuso una dictadura de facto.

La Convención se reunió el 20 de septiembre de 1792, el mismo día de la victoria de Valmy, que frenó la invasión prusiana. Al día siguiente, la Convención abolió la monarquía y proclamó la República. Comenzaba el año I de la República.

En la Convención, dos grupos principales se enfrentaron: los girondinos, liberales y moderados, y los montañeses (jacobinos), más radicales y partidarios de medidas extremas. El juicio y ejecución de Luis XVI, votada por la Convención el 16 de enero de 1793 (361 votos contra 360), marcó una etapa decisiva. Fue ejecutado el 21 de enero. La ejecución del rey radicalizó el conflicto y llevó a la formación de la Primera Coalición contra Francia.

Tras la ejecución del rey, la Convención, dominada por los montañeses, estableció un régimen de excepción para hacer frente a las graves amenazas exteriores (guerra con la coalición) e interiores (sublevación de la Vendée, federalismo). Se creó el Comité de Salud Pública, que concentró el poder ejecutivo, y el Comité de Seguridad General, encargado de la policía.

En junio de 1793, los montañeses, apoyados por la Comuna de París, arrestaron a los diputados girondinos. Se votó una nueva Constitución (la Constitución del año I), más democrática, pero su aplicación fue suspendida. Se instauró un gobierno revolucionario. La Ley de Sospechosos (septiembre de 1793) permitió detenciones masivas. El Terror se convirtió en el instrumento del gobierno. La guillotina se cobró miles de víctimas, entre ellas la reina María Antonieta (16 de octubre de 1793) y, más tarde, los propios dantonistas y hebertistas.

Robespierre, figura dominante del Comité de Salud Pública, intentó establecer una dictadura personal basada en la "virtud" y el terror. Promovió el culto al Ser Supremo. Pero sus ambiciones y las leyes draconianas (como la Ley del 22 Pradial, que aceleró los juicios) terminaron por unir a sus enemigos en la Convención. El 9 de Termidor (27 de julio de 1794), Robespierre y sus seguidores fueron arrestados y ejecutados al día siguiente. El Terror había terminado.

Tras la caída de Robespierre, la Convención termidoriana desmanteló el aparato del Terror, liberó a los sospechosos y redujo el poder de los jacobinos. Se elaboró una nueva Constitución, la del año III (1795), que establecía el Directorio. Este régimen volvía al sufragio censitario y separaba el poder legislativo en dos cámaras (Consejo de los Quinientos y Consejo de los Ancianos) y el ejecutivo en un Directorio de cinco miembros.

El Directorio fue un período de inestabilidad política, corrupción y dificultades económicas. Tuvo que hacer frente a amenazas de realistas y jacobinos, recurriendo a golpes de Estado para mantenerse. En el exterior, las guerras continuaron. Fue en este contexto donde destacó un joven general: Napoleón Bonaparte. Sus victorias en Italia (1796-1797) le dieron enorme prestigio y poder.

La expedición a Egipto (1798-1799) fue un intento de Bonaparte de amenazar los intereses británicos en Oriente, pero acabó en fracaso estratégico. A su regreso a Francia, en medio de una nueva crisis militar y política, Bonaparte dio el golpe de Estado del 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799), que puso fin al Directorio y lo sustituyó por el Consulado, del que él mismo fue Primer Cónsul. La Revolución Francesa había terminado, dando paso a la era napoleónica.

La Revolución Francesa, en su compleja y violenta década, destruyó las bases del Antiguo Régimen: los privilegios feudales, la monarquía absoluta de derecho divino y la sociedad estamental. Estableció los principios fundamentales de la Francia moderna: la soberanía nacional, la igualdad civil, la libertad individual y la propiedad como derecho sagrado. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convirtió en un faro para los movimientos liberales y democráticos de todo el mundo.

Sin embargo, la Revolución también mostró las peligrosas derivas del idealismo llevado al extremo: el Terror, la dictadura de una minoría, la persecución religiosa y el militarismo expansionista. La inestabilidad crónica y la falta de un poder ejecutivo fuerte y respetado allanaron el camino para el autoritarismo militar de Napoleón, quien, paradójicamente, consolidó muchas de las conquistas revolucionarias (el Código Civil, la administración departamental) mientras sacrificaba las libertades políticas.

El legado de la Revolución es, pues, dual: es la cuna de la democracia y los derechos humanos, pero también el laboratorio donde se ensayaron las técnicas del terrorismo de Estado y la guerra total. Su estudio sigue siendo esencial para comprender las tensiones entre libertad, igualdad y orden que definen la política contemporánea.