Dictadura de Primo de Rivera

El general Primo de Rivera captó el sentimiento nacional en el manifiesto que dirigió al país, primer documento oficial de la rebeldía, y el cual, si no podía tenerse por prontuario de la futura política del régimen militar, testimoniaba en todo caso conocimiento pleno de lo que anhelaba la opinión pública. Eje de la nueva política era el lema del Somatén, que hacía suyo el dictador: Paz, paz, paz; y las murallas de la revuelta Jericó española se derrumbaban al sonido de esta trompetería.

La proclama fulminaba un fallo inapelable contra los oligarcas, cosa que tendría el refrendo popular: "pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión". Absolvía a la corona de los pecados notorios de corrupción, cargando la responsabilidad sobre la oligarquía: "La tupida red de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real".

El general confundió a los capitalistas catalanes en varios extremos, y no porque los políticos de la Lliga fueran excesivamente ingenuos, sino porque habían optado también por la paz del Somatén. El sistema político que concluía —la Restauración— no había nacido de la improvisación. Vivió en el magín de sus inventores muchos años antes de que se convirtiera en realidad. Cánovas se tomó dos años de plenos poderes, de dictadura embozada, y solo cuando la obra estuvo en marcha permitió que se consultara al país.

Desapareció en la Constitución de 1876 el sufragio universal, pero Cánovas lo temía por complicado, no por irreductible a sus métodos. No fue, pues, este régimen un producto empírico, nacido de la espontaneidad nacional, sino conscientemente trabajado por un grupo de estadistas sin fe en los destinos de su patria. La legalidad maquiavélica de la Restauración descansaba sobre el andamiaje caciquil, fábrica de parlamentos y sustentación de los dos grandes partidos que garantizaban el usufructo del poder a una misma clase social.

Destruidas las instituciones básicas de la Restauración se agotaban las posibilidades de la dictadura legal; y por eso el golpe de Estado del general Primo de Rivera tenía que acompañarse de consecuencias revolucionarias. La dictadura militar nacía no solo fuera de la ley, sino que ipso facto colocaba en incómoda postura a la última institución oligárquica: la monarquía constitucional. Otra vez quedaba España sin instituciones. La nación retornaba en el orden político al siglo XIX, lo cual se reflejará catastróficamente en la II República.

Los militares tomaron posesión plena del Estado e invadieron todos los reductos de la oligarquía. El 30 de septiembre disolvieron los ayuntamientos de toda España, semilla y fruto de la política partidista y caciquil. Quedaron sustituidos por juntas de asociados y representantes de la autoridad militar. Se decretó la incompatibilidad de cuantos hubiesen sido ministros de la corona, presidentes de las cámaras o consejeros de Estado, para ocupar cargos públicos.

Se clausuraron las cámaras, se disolvieron otros organismos, se adjudicaron las representaciones oficiales en las grandes empresas subvencionadas por el Estado a los militares, y la mano castrense llegó hasta los remotos rincones de la vida pública mediante los delegados gubernativos —capitanes, comandantes, tenientes coroneles— que tomaron el mando político en provincias y pueblos.

No sobrepujaban los militares en luces ni en virtudes a la oligarquía y eran totalmente inexpertos en el arte del gobierno. La fuerza, como siempre, no organizaba nada. Pero esta última falla tenía un lado positivo: no había que temer la invención de un nuevo sistema de eficacia pareja al que moría. Mientras más acusada fuera la ausencia de legalidad y más martillearan sobre el viejo sistema, menos fácil sería la resurrección del régimen derribado.

No tocaron a la propiedad agraria, y en consecuencia no descuajaron el caciquismo, pero los grandes ministros, los gobernadores militares y los delegados gubernativos desconcertaron la máquina política hasta dejarla inservible. Crearon nuevos intereses, dando preferencia a unos caciques sobre otros, o acumulando en sí mismos toda la influencia. España padecía un régimen arbitrario, mas no era peor que el caído. Desde cualquier punto de vista, la dictadura militar representaba un progreso respecto de lo abolido: también eran humillados, perseguidos y encarcelados los ricos y los grandes.

El mismo dictador era mejor persona que la mayoría de los políticos extrañados. Primo de Rivera tenía la planta del andaluz cabal: sensible tras una máscara alegre y resuelta, era indiscreto, sensual, efusivo y desprendido. Su cultura descubría profundas deficiencias, compensadas con arrojo personal. Su frivolidad estaba entreverada con serias inquietudes, pero entendimiento vulgar quiso hacer de la dictadura militar un régimen patriarcal, sin deshonrarse con la crueldad del tirano.

No mejoró la política administrativa con la formación del gobierno de hombres civiles en 1925, equipo de voluntarios deseosos de hacer carrera y de ensayar sus ocultas dotes de estadista al amparo del soliloquio ministerial. Estos gobernantes inéditos se creían genios —y algunos no eran torpes— cuando se comparaban con los generales, y de ahí les vino un exceso de confianza. Esto le pasó a Calvo Sotelo, gestor de la Hacienda. La obra del resuelto ministro le costó al Estado cinco mil millones de pesetas, y el déficit presupuestario que legó se cifró en mil millones.

El gobierno de hombres civiles representó un cambio inspirado en el deseo de fundar unas instituciones que fijaran la dictadura sobre una base de cierta permanencia. Pero el dictador no pudo crear un partido político, aunque lo intentó con la Unión Patriótica. Pretendió levantar un órgano representativo con la Asamblea Nacional, y el país le hizo el vacío. La función de la dictadura era puramente liquidadora de un sistema agotado. Primo de Rivera venía, en última instancia, a disolver las instituciones de la Restauración, inconsciente de ello.

La política económica y social de la dictadura presentó características continuistas: protección cerrada a los cereales y al olivo y a la industria; favorecimiento de la Banca; abandono total del bracero sin tierra y protección del obrero industrial y mercantil, a expensas del comercio y de la industria. La dictadura era, por consiguiente, un régimen tan hostil a la clase media como la oligarquía. Lo que cambió fue la forma de gobierno, fenómeno que hizo de la oligarquía opresora una clase oprimida políticamente.

La política social de la dictadura era congruente con su política económica. Un gobierno de burgueses se habría inclinado a proteger al proletariado campesino, pero el gobierno agrario de Primo de Rivera hizo la política contraria: todas sus mercedes las reservó para el proletariado industrial y mercantil y al proletariado del campo lo dejó abandonado al arbitrio de los grandes terratenientes.

Para los obreros de las minas, fábricas y talleres, la dictadura fue un régimen considerablemente más benévolo que el de la oligarquía absoluta. Elevó el nivel de vida de la clase trabajadora de las ciudades y se prestó en todo al proletariado no campesino una atención que atestiguaba, primero, el interés del dictador en sosegar la lucha de clases en las grandes poblaciones, y segundo, su designio de imponer un orden orgánico en el mundo del trabajo y el capital. Primo de Rivera lo podía hacer porque cuantas concesiones obtuvieran los obreros procederían de las cajas de las empresas industriales y mercantiles, no del bolsillo de los propietarios del suelo.

El movimiento obrero español estaba todavía formándose. No existían condiciones para el fascismo, ni Primo de Rivera podía ser un Mussolini. La propaganda revolucionaria se había concentrado desde 1909 sobre la forma de gobierno. La convicción de que el cambio solo afectaría a la forma de gobierno impidió a la dictadura militar desembocar en el fascismo y fue un factor trascendental en la lucha de las clases pudientes contra el Estado militar.

Primo de Rivera entró en relación con Manuel Llaneza, el jefe socialista de los mineros del carbón, asegurándole que el nuevo régimen respetaría todas las ventajas sociales conseguidas. El partido socialista español había sufrido las conmociones por la revolución rusa. En 1921 se escindió entre los que aprobaban las 21 condiciones de Moscú y los mayoritarios que las recusaban. La UGT agrupaba 200.000 obreros, muchos campesinos. La dictadura encarceló a los líderes anarcosindicalistas, pero su trato fue más benévolo que la política de la oligarquía, que había hecho del terrorismo un arma política en Barcelona.

La iniciativa más importante de Primo de Rivera en el ámbito social fue la creación de los comités paritarios, organismos arbitrales para entender en los conflictos entre el capital y el trabajo. El 26 de noviembre de 1926 apareció el decreto-ley sobre organización corporativa nacional. La UGT acordó dirigir una circular aconsejando acogerse a dicha disposición.

Desde un principio comprendieron los líderes de la UGT que los comités paritarios podían tener consecuencias muy favorables para el movimiento obrero. Por ellos se hacía forzosa la organización sindical de la clase trabajadora. La legislación corporativa de la dictadura presuponía la existencia de sociedades obreras que pactaran con las organizaciones patronales, y donde no había proletariado organizado tenía que organizarse. El fascismo italiano había destruido las organizaciones sindicales del proletariado; en cambio, la dictadura española inducía a los obreros a adherirse a los sindicatos socialistas.

Dirigió la política social Eduardo Aunós, ministro de Trabajo. Tuvo el propósito de extender los comités paritarios a la lucha de clases en el campo, pero la mano omnipotente de los propietarios territoriales lo detuvo. En la agricultura habrían representado una gran subversión, porque los campesinos no se hallaban organizados. Al caer la dictadura, la UGT había acrecido sus efectivos en cien mil afiliados.

La presencia de Largo Caballero en el Consejo de Estado fue censurada, pero la ejecutiva de la UGT consideró que no existía motivo para oponerse a que la clase trabajadora tuviera representación, siempre que la designación la hiciera la propia Unión General. Así, Largo Caballero fue elegido consejero.

Probablemente la dictadura de Primo de Rivera fue más beneficiosa que perjudicial para la nación. Su principal mérito estriba en haber destruido, políticamente, a la oligarquía, rompiendo el aparato civil de la Restauración. El segundo hecho de importancia fue la terminación de la guerra de Marruecos.

Primo de Rivera abogó siempre por el abandono. En noviembre de 1924 ordenó la retirada a una línea más fácil de defender, que fue costosísima en hombres. La agresión de Abd-el-Krim a las posiciones francesas impuso la acción militar conjunta de España y Francia, derrotando al cabecilla rifeño en 1925. El ejército español desembarcó en la bahía de Alhucemas el 8 de septiembre, afirmándose en una extensa línea fortificada. La guerra de Marruecos, pesadilla de la nación, había terminado virtualmente.

Primo de Rivera, que se dio por entero durante meses a la empresa, cesó oficialmente en el mando del ejército de África el 2 de noviembre. El 27 de mayo de 1926 se entregó Abd-el-Krim a las autoridades francesas. El dictador había prometido resolver el problema de Marruecos y lo cumplió. La pacificación fue realmente la única obra constructiva de la dictadura.

Abd-el-Krim, líder rifeño derrotado por la colaboración hispano-francesa.

El talón de Aquiles de la dictadura era su falta de base jurídica. Su poder provenía de una rebelión militar victoriosa y con cada atropello recordaba ese origen irregular. La oligarquía, aunque favorecida en sus intereses materiales, sufrió tal golpe en su patrimonio político que a las pocas semanas del nuevo régimen comenzó a luchar contra el Estado militar. La clase media del comercio y la industria también se agitó, y los intelectuales resentían la falta de libertad.

Al tercer año de la dictadura, las clases neutras declaraban ya abiertamente su enojo. Podía tenerse por hecho notorio que la dictadura descansaba ya, en 1926, exclusivamente sobre la voluntad del monarca y la de los cuarteles. La primera, tornadiza e impulsiva, comenzó a faltarle a Primo de Rivera a los pocos meses del golpe. En ningún momento estuvo el dictador seguro del monarca. Si don Alfonso había sido el autor principal de la dictadura, fue también el primero en asustarse de sus consecuencias.

El complot de la noche de San Juan (1926) fue un ensayo frustrado de revolución concebido por el rey y los oligarcas para salvar a la monarquía deshaciéndose del dictador. Al conde de Romanones, al general Weyler y al doctor Marañón se les impusieron multas millonarias. Sánchez Guerra, jefe del partido conservador, se expatrió dejando un manifiesto acusatorio.

La conspiración de epigramas, sonetos y revueltas estudiantiles (a partir de 1927) minaba al régimen. Vastas zonas de opinión se hacían republicanas. Los oligarcas abandonaban al rey. El 26 de enero de 1930, Primo de Rivera consultó a los capitanes generales si debía seguir siéndolo. Los militares no le renovaron la confianza, y el dictador abandonó su alto puesto al día siguiente, con gran satisfacción del rey.

Caída la dictadura quedó aislada y sin protección la monarquía. En estas vísperas, la democracia española estaba acéfala. Tácitamente se iba formando detrás de los desertores de la monarquía. El más conspicuo era Niceto Alcalá Zamora, que en abril de 1930 se declaró republicano con genial oportunidad. La oligarquía se colocaba a la cabeza de la revolución. Alcalá Zamora preconizaba una República conservadora, sin alma, servida por gentes que habían estado mucho a la derecha. Brindó a San Vicente Ferrer y anunció que vería con gusto a la cabeza de su República al cardenal de Toledo.

Pero la República no podía ser conservadora. La dictadura había metido a la política española en una vía muerta, llevándola de nuevo al cauce del siglo XIX. La oposición a la monarquía de Alfonso XIII fue hasta el final un eco de la oposición a la monarquía de Isabel II. Al emplazar la política española dialécticamente en el siglo XIX, Primo de Rivera anulaba la obra de Cánovas y provocaba una reacción equivalente a la de los revolucionarios de 1868.

Caía la monarquía por el resultado adverso de unas elecciones municipales. La República surgió del seno de las ciudades; el campo había votado por la monarquía. En el domicilio del doctor Marañón, el conde de Romanones traspasaba los poderes al ex romanonista Alcalá Zamora. La oligarquía territorial cedía el mando a la oligarquía territorial. Alfonso XIII era ya un rey fugitivo. Quedó proclamado por sexta vez en poco más de un siglo el evangelio de la soberanía popular. La guerra civil seguía su curso.