La II República Española

Fue la victoria de los partidos republicanos de las grandes ciudades en las elecciones municipales de abril de 1931 la que envió al rey al exilio. El 14 de abril de 1931, la República fue proclamada en medio de una ola de entusiasmo popular. Las elecciones para unas Cortes Constituyentes tuvieron lugar dos meses después, dando una enorme mayoría a los republicanos y a sus aliados socialistas.

El gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, se enfrentó a una tarea titánica. De un lado estaban las viejas clases gobernantes (ejército, Iglesia y terratenientes), que esperaban su oportunidad para recuperar el poder. Del otro, las clases trabajadoras y los campesinos, impacientes por reformas profundas. Los partidos republicanos, débiles y divididos, habían de mantener el equilibrio entre estas dos fuerzas mientras se realizaban las reformas esenciales.

El gobierno provisional publicó decretos para remediar la situación de las zonas rurales: los salarios fueron casi duplicados, los terratenientes estaban obligados a cultivar toda su tierra, y se estableció la jornada de ocho horas. Se creó también la Guardia de Asalto, un cuerpo policial leal a la República. Pero la calma era frágil. La quema de conventos e iglesias en mayo de 1931, como reacción al discurso del cardenal Segura, mostró las profundas tensiones anticlericales y la dificultad de controlar a las masas.

La nueva Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, fue un documento avanzado que definía a España como una "República democrática de trabajadores de toda clase". Establecía el sufragio universal, incluyendo por primera vez el voto femenino, gracias a la defensa de Clara Campoamor. Pero su punto más controvertido fue el tratamiento de la cuestión religiosa.

El artículo 26, que disolvía la Compañía de Jesús y nacionalizaba sus bienes, prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y establecía un estado laico sin financiación al clero, provocó una profunda división. Dos miembros católicos del gobierno, Alcalá-Zamora y Miguel Maura, dimitieron. Este artículo enajenó a la República el apoyo de muchos católicos y de la derecha, que a partir de entonces la verían como un enemigo al que había que destruir. Manuel Azaña, que se había convertido en la figura dominante del nuevo gobierno, resumió su postura con una frase célebre: "España ha dejado de ser católica".

Con Manuel Azaña como presidente del gobierno, apoyado por una coalición de republicanos de izquierda y socialistas, se emprendió un ambicioso programa de reformas. En el ámbito militar, Azaña, como ministro de la Guerra, buscó crear un ejército profesional y leal a la República, obligando a jubilarse a un gran número de oficiales (la "Ley Azaña"). Se creó la Guardia de Asalto y se redujo el número de divisiones.

En educación, se declaró la enseñanza laica y obligatoria, y se emprendió un ambicioso plan de construcción de escuelas (casi 10.000 en dos años) y de formación de maestros. Las Misiones Pedagógicas llevaron la cultura a los pueblos más remotos. Se aprobó también la Ley de Divorcio, una de las más avanzadas de Europa, y se secularizaron los cementerios.

Uno de los hitos más importantes fue la aprobación, tras intensos debates, del Estatuto de Autonomía de Cataluña en septiembre de 1932, que otorgaba un gobierno autónomo (la Generalitat) a la región, con Francesc Macià como su primer presidente.

La reforma agraria era la promesa más esperada y, a la vez, la más difícil de cumplir. La Ley de Bases de la Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932 tras el fallido golpe de Sanjurjo, creaba el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para expropiar (con indemnización) las grandes propiedades, especialmente las de la nobleza (los "Grandes de España"), y asentrar a campesinos. Sin embargo, la ley era lenta, compleja y carecía de los recursos necesarios. Los resultados fueron muy limitados: en sus primeros años, apenas unos cuantos miles de familias fueron asentadas.

El 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado en Sevilla, como protesta contra la reforma agraria y el Estatuto catalán. El levantamiento, conocido como "La Sanjurjada", fracasó rápidamente gracias a la falta de apoyos y a la declaración de huelga general. Sanjurjo fue capturado y condenado a muerte, aunque luego fue indultado. Paradójicamente, este fracaso aceleró la aprobación de ambas leyes, pero demostró que una parte del ejército ya estaba dispuesta a rebelarse.

La CNT, bajo la influencia de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), se opuso frontalmente a la República "burguesa". Consideraban que las reformas no iban lo suficientemente lejos y que cualquier colaboración con el estado era una traición. Su táctica fue la "gimnasia revolucionaria": una constante sucesión de huelgas, insurrecciones y actos de sabotaje.

En enero de 1932 y enero de 1933 estallaron insurrecciones anarquistas en el Alto Llobregat y en zonas de Andalucía y Aragón, proclamando el "comunismo libertario" en algunos pueblos. El gobierno de Azaña respondió con dureza, utilizando a la Guardia de Asalto y aprobando la Ley de Defensa de la República, que permitía la detención y deportación de militantes sin juicio. Figuras como Durruti y Ascaso fueron detenidas y deportadas. Esta represión generó un profundo odio hacia Azaña y los socialistas entre las bases anarquistas, y creó una brecha insalvable en el seno de la izquierda.

Dentro de la CNT surgió una corriente más moderada, los "treintistas" (encabezados por Ángel Pestaña y Juan Peiró), que criticaban la espiral insurreccional y abogaban por un sindicalismo más puro. Fueron expulsados, creando una división en el movimiento libertario que duraría hasta 1936.

En enero de 1933, en la aldea de Casas Viejas (Cádiz), un grupo de campesinos anarquistas, creyendo que había llegado la revolución, se alzó contra la Guardia Civil. La respuesta del gobierno fue desproporcionada. El enviado del gobierno, capitán Rojas, ordenó la quema de la choza donde se habían refugiado los insurrectos, matando a varios de ellos, y posteriormente fusiló a una docena de prisioneros.

El escándalo de "Casas Viejas" sacudió a la opinión pública y a las Cortes. Aunque Azaña no ordenó las ejecuciones, su famosa frase "a los tiros, lo que correspondía" le hizo impopular y fue usado por la derecha y los radicales para desgastar al gobierno. La derecha, con su peculiar hipocresía, fue dura en sus protestas por el crimen cometido contra pobres hombres inocentes. El prestigio del gobierno quedó herido de muerte. En septiembre de 1933, Azaña dimitió y el presidente Alcalá-Zamora convocó nuevas elecciones para noviembre.

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a las derechas. La CEDA, liderada por José María Gil-Robles, se convirtió en el partido más votado, aunque no obtuvo mayoría absoluta. Alcalá-Zamora encargó formar gobierno al Partido Radical de Alejandro Lerroux, que gobernó con el apoyo parlamentario de la CEDA.

El nuevo gobierno inició una "rectificación" de las reformas del bienio anterior: paralizó la reforma agraria, devolvió tierras a los nobles, concedió una amnistía a los implicados en la Sanjurjada (incluyendo al propio Sanjurjo) y acercó posturas con la Iglesia. Los salarios bajaron y la conflictividad social volvió a aumentar. El gobierno, débil y corrupto (los escándalos del estraperlo y de los seguros de colonias salpicaron a los radicales), era cada vez más dependiente de la CEDA, cuyo líder, Gil-Robles, aspiraba a crear un estado corporativo al estilo austríaco.

En octubre de 1934, la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno fue considerada por la izquierda como el paso previo al establecimiento del fascismo. Socialistas, anarquistas y comunistas (por primera vez unidos en la Alianza Obrera, especialmente en Asturias) respondieron con una huelga general revolucionaria.

El movimiento triunfó en Asturias, donde los mineros, armados con dinamita, ocuparon la cuenca minera y la ciudad de Oviedo durante dos semanas, organizando comités revolucionarios. El gobierno envió al ejército de África al mando de los generales Franco y Goded, con tropas de la Legión y regulares marroquíes. La represión fue brutal, con miles de muertos y una durísima persecución posterior.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el "Estado Catalán" dentro de una República Federal española, pero el movimiento careció de apoyo obrero (la CNT no se sumó) y fue rápidamente sofocado por el ejército. Companys y su gobierno fueron detenidos. La Revolución de 1934 marcó un antes y un después, polarizando definitivamente al país.

Los escándalos de corrupción desacreditaron al Partido Radical, y Alcalá-Zamora convocó nuevas elecciones para febrero de 1936. Las izquierdas se unieron en una coalición electoral llamada Frente Popular, que incluía desde republicanos de izquierda a socialistas y comunistas. Su programa era moderado: amnistía para los presos de 1934 y retorno a las reformas de 1931.

El Frente Popular ganó las elecciones por un estrecho margen. Manuel Azaña formó un nuevo gobierno, exclusivamente republicano, que de inmediato decretó la amnistía y restableció el Estatuto catalán. Poco después, las Cortes destituyeron a Alcalá-Zamora de la presidencia de la República y eligieron a Azaña en su lugar. Indalecio Prieto, el socialista moderado, quedó fuera del gobierno.

Los meses siguientes, conocidos como la "primavera trágica", vieron un aumento de la conflictividad social. Campesinos ocuparon tierras en Extremadura y Andalucía, y las calles se llenaron de violencia entre falangistas y socialistas. La polarización era extrema. El ala izquierdista del PSOE, liderada por Francisco Largo Caballero ("el Lenin español"), presionaba para una revolución, mientras que las derechas, desengañadas de la vía parlamentaria, conspiraban abiertamente para un golpe militar.

Cataluña fue un termómetro constante de la tensión durante la República. Tras la aprobación del Estatuto en 1932 y la victoria de la Esquerra, la Generalitat, presidida por Companys, intentó desarrollar su autogobierno. Un punto clave fue la Ley de Contratos de Cultivo, que protegía a los rabassaires (campesinos arrendatarios) contra los propietarios.

El gobierno radical de Madrid recurrió la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional en 1934. La respuesta de Companys fue desafiante, lo que exacerbó las tensiones. Tras la Revolución de Octubre y la detención de Companys, el Estatuto fue suspendido. Su restablecimiento tras la victoria del Frente Popular fue uno de los primeros actos del nuevo gobierno, pero el daño político ya estaba hecho.

El nacionalismo vasco, liderado por el PNV de José Antonio Aguirre, era profundamente católico y conservador. Inicialmente hostil a la República por sus leyes anticlericales, la promesa de un estatuto de autonomía les hizo cambiar de actitud. Sin embargo, las negociaciones fueron largas y complejas, en parte por la división entre las provincias (Vizcaya y Guipúzcoa, favorables; Álava y Navarra, más reticentes).

La aprobación de un Estatuto Vasco, similar al catalán, se vio frustrada por el triunfo de las derechas en 1933. El conflicto del gobierno con la Iglesia y la violencia anticlerical de 1931 y 1934 alejaron aún más a los vascos del gobierno central. Finalmente, la negativa a aprobar su Estatuto y la política centralista de los radicales llevaron a los nacionalistas vascos a acercarse a las izquierdas, uniéndose al Frente Popular en las elecciones de 1936, a pesar de las profundas diferencias ideológicas. El Estatuto no sería aprobado hasta octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil.

Mientras la violencia callejera se recrudecía (con asesinatos de falangistas y socialistas), los preparativos militares para un golpe de Estado avanzaban. El general Mola, destinado a Pamplona, se convirtió en el "Director" de la conspiración, contactando con militares de toda España (Franco, Queipo de Llano, Goded) y con los carlistas y falangistas. El asesinato del teniente Castillo (de la Guardia de Asalto) por falangistas, y la consiguiente venganza con el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, fueron la chispa que precipitó los acontecimientos.

La muerte de Calvo Sotelo, una figura destacada de la derecha, conmocionó al país y aceleró los planes de los conspiradores. El gobierno de Casares Quiroga, débil e indeciso, no supo reaccionar a tiempo. El 17 de julio, el ejército de África se sublevó en Melilla, dando inicio a la Guerra Civil. La República, con sus profundas contradicciones internas y asediada por sus enemigos, entraba en su fase más trágica.

La Segunda República Española fue un experimento apasionado y trágico. Fue el intento de una España moderna, culta y progresista de imponerse sobre una España tradicional, rural y conservadora. Sus logros en educación, derechos civiles (voto femenino, divorcio) y autonomías regionales fueron notables, pero se vieron empañados por la violencia política, la intolerancia y una profunda crisis económica mundial.

El "laberinto español", como lo llamó Gerald Brenan, se cerró sobre sí mismo. La incapacidad de los distintos bandos para llegar a un entendimiento, la radicalización creciente y la injerencia de potencias extranjeras abocaron al país a una guerra civil de tres años que segaría cientos de miles de vidas y dejaría una huella imborrable en la historia de España. La República, con sus luces y sus sombras, sigue siendo un objeto de estudio, de memoria y de debate fundamental para entender la España contemporánea.