Revolución de 1868

También Septembrina, Gloriosa de Septiembre o La Gloriosa. Movimiento revolucionario protagonizado por las fuerzas unionistas, progresistas, demócratas y republicanas, unidas circunstancialmente contra el Gobierno moderado con el propósito de expulsar del trono a Isabel II (1833-1868) y a la dinastía que esta representaba. Durante la gestación de la revolución -iniciada con un pronunciamiento o levantamiento cívico-militar, según los autores- se sucedieron un gran número de acontecimientos políticos que poseen un gran trasfondo social e ideológico, al que no escaparon sus protagonistas directos, por cuanto se consideraba que era la ocasión para proceder a una serie de cambios y transformaciones estructurales de la situación política y económica española, tendentes tanto a la democratización de la vida política como a la destrucción de los obstáculos que impedían la consolidación del incipiente capitalismo español.

La Revolución de 1868, que inauguró el Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874) fue la solución natural de la descomposición hacia la que caminaba el sistema político español, cuya decadencia estaba condicionada por la situación de los partidos. El moderado era incapaz de unir los diversos sectores que existían en su seno, los cuales se hallaban separados más por disputas personales que por motivos ideológicos; la incuestionable figura de Narváez lograba aunar voluntades en torno a su proyecto, pero estas se desgastaban con el ejercicio del poder. Similar situación mostraba la Unión Liberal, agrupada en torno a O´Donnell. Fuera del poder se encontraban progresistas y demócratas. En los años previos al estallido de la Revolución, los progresistas se habían abstenido de participar en las elecciones generales como protesta frente a las actuaciones del Gobierno, que mediatizaba la voluntad popular e impedía el completo ejercicio de las libertades. la actuación de la reina Isabel II, que se inmiscuyó en la actividad gubernamental, cesando y nombrado ministros de acuerdo con su particular visión de la Constitución, había radicalizado los planteamientos de ciertos grupos, abocándolos posiciones anti-borbónicas y anti-monárquicas. El sector militar también fue objeto de una dura represión.

Los progresistas, capitaneados por el general Prim habían preparado pronunciamientos que les facilitasen el acceso al poder, siendo el más grave de ellos el que tuvo lugar en Madrid el 22-VI-1866, al que se unieron numerosos ciudadanos, desesperados por la crisis económica, y que fue duramente reprimido. Demócratas y progresistas abogaron por la conspiración como medio para expulsar a Isabel II; a los unionistas solo les detenía la actitud de O´Donnell, quien, desde el exilio se negaba a participar en un experimento que consideraba peligroso. El 16-VIII-1866 demócratas y progresistas, reunidos en Ostende, acordaron la unidad de acción para expulsar a la reina y convocar Cortes constituyentes que decidiesen el destino del país; sin embargo, esta unidad se quebró posteriormente, al no aceptar los progresistas las propuestas políticas de los republicanos acerca del sufragio universal. La oposición del ejército a los recortes presupuestarios y la política represiva contra los generales unionistas fue una de las últimas ayudas al estallido de la revolución. Por otra parte, la crisis internacional de 1864 llegó a Españan dos años más tarde, cuando, en junio de 1866, se produjo una caída de la Bolsa que produjo el cierre de varias sociedades de crédito, a lo que el Gobierno respondió con un aumento de los impuestos.

El malestar entre la población se agravó a causa de las malas cosechas de 1866 y 1867, que provocaron el alza de precios y situaciones de hambre en algunas regiones. La crisis también tuvo incidencia en los sectores industriales -descenso de los rendimientos en el sector textil- y las empresas ferroviarias, así como en los negocios inmobiliarios. Situados en la recta final de la conspiración, las alianzas cambiaban continuamente, sobre todo como consecuencia de la política gubernamental. La muerte de O´Donnell, en diciembre de 1867, supuso la caída de una de las últimas barreras para que sus seguidores se uniesen a la revolución. Por otra parte, en abril de 1868, falleció Narváez, que ocupaba en aquel momento la presidencia del Consejo de Ministros. Con su desaparición se venía abajo uno de los apoyos fundamentales de la Corona. Su sucesor fue González Bravo, quien no tenía el carisma de su predecesor para asegurar la disciplina de los militares; su política despótica, por otro lado, no ayudó a frenar las ansias conspirativas.

Entre el 17 y el 19 de septiembre de 1868 se fraguó el pronunciamiento del contralmirante Topete en la bahía de Cádiz, quien contó con el apoyo de los generales Prim (cabeza del progresismo) y Serrano, (dirigente de la Unión Liberal); su objetivo era derribar la monarquía isabelina y a sus representantes políticos. Apenas diez días después, el 28-IX, el general Serrano vencía al general Novaliches, en la batalla del puente de Alcolea (Córdoba). Tal derrota supuso un impulso decisivo para la extensión del movimiento revolucionario: por toda España se sucedieron los levantamientos populares y la creación de juntas revolucionarias. Isabel II se encontraba en san Sebastián (Guipúzcoa) cuando, a través del telégrafo, tuvo noticias de la sublevación. De inmediato intentó ponerse en contacto con Napoleón III (emperador de los franceses, 1852-1870) para que le prestara su ayuda; sin embargo este se inhibió, de manera que el 30-IX la reina se veía obligada a abandonar España rumbo a Francia, mientras la junta revolucionaria se hacía cargo del control de Madrid.

El 8 de octubre se constituyó el Gobierno Provisional, bajo la presidencia del general Serrano y con Prim en la cartera de Guerra, Sagasta en la de Gobernación, Álvarez Lorenzana en la de Estado, Romero Ortiz en la de Gracia y Justicia, Topete en la de Marina, Figuerola en la de Hacienda, Ruiz Zorrilla en la de Fomento y López de Ayala en la de Ultramar. El 21 de octubre se hizo público el decreto gubernamental por el que se procedía a la disolución de la juntas revolucionarias constituidas por toda la geografía española. Cuatro días más tarde, el Gobierno Provisional publicaba su Manifiesto de la Nación, en el que quedaban recogidas la práctica totalidad de las propuestas políticas mantenidas por las disueltas juntas, a excepción de la que solicitaba la abolición de las quintas.

El programa de acción política, sin embargo, no iba acompañado de directrices económicas; de este modo, aunque conseguido el objetivo inicial -limpiar España de los hombres corrompidos que la habían gobernado-, fue difícil articular un programa coherente que representara un eficaz recambio político, traducción de la España con honra, grito con que los sublevados en Cádiz habían querido tipificar su acción y su ideal político. Acabar con lo existente era un objetivo demasiado vago como para materializarlo luego en una acción de gobierno que conviniera por igual a las personas y los partidos comprometidos; implicaba programas muy distintos para un progresista, para un liberal unionista o par un republicano.

Cada cual pondría énfasis en un aspecto distinto del ámbito político, social o económico. Así pues, el consenso para derrocar a Isabel II no respondía a un contenido doctrinal común ni a un programa compartido ni, por tanto, a unas acciones escalonadas y conjuntas. Ahí estuvo uno de los mayores escollos de la Revolución y la causa principal, aunque no única, de su fracaso. En este contexto, la disolición de juntas y el caos económico generaron un malestar entre la población que dio lugar, en los meses de diciembre y enero, a diversas sublevaciones campesinas en el área andaluza, entre las que destaca la de Cádiz, que, iniciada el 6-XII-1868, se prolongó durante una semana.

Desde el estallido de la revolución, por otra parte, se asistió a un continuo enfrentamiento entre el Gobierno Provisional y la Iglesia, como consecuencia de las medidas adoptadas: por Decreto de 12-X-1868 se procedió a la disolución y expulsión de la Compañía de Jesús, así como a la expropiación de sus bienes; el 19 del mismo mes se declararon extintos los conventos y casas de religiosos, y el Decreto del 6-XII derogó el fuero eclesiástico. Todas estas medidas fueron contempladas por la Iglesia y por un sector de la sociedad como un atentado contra la libertad de aquella. Así mismo, en las colonias, desde octubre de 1868 se sucedieron diversos enfrentamientos entre las tropas españolas y los grupos independentistas cubanos liderados por Céspedes.

Precisamente en Cuba se iba a desarrollar un foco de tensión permanente durante todo el sexenio Democrático, hecho este que desempeñaría un papel destacado en el desgaste y en el descrédito de los distintos gobiernos y dirigentes que se sucedieron hasta 1874. Una de las principales conquistas de la Revolución de Septiembre había sido el sufragio universal, aspiración muy enraizada en los procesos revolucionarios europeos, especialmente los de 1848.

Un Decreto del Gobierno Provisional de 9-XI establecía, por primera vez en España, el sufragio para todos los varones mayores de veinticinco años, logro que, pese a las restricciones por cuestión de sexo o de mayoría de edad legal, se podía entonces considerar como una victoria social. Las elecciones municipales de 18 de diciembre fueron las primeras en las que se usó este derecho, lo que se tradujo en un considerable aumento del número de electores, pese a que la abstención fue todavía muy grande, como consecuencia tanto de la despolitización de amplios sectores de la población como de los errores y carencias del censo de votantes.

Entre el 15 y el 18 de enero de 1869 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, en las que, por primera vez, la votación se realizó por sistema universal directo masculino. Los resultados confirmaron en el poder a la mayoría progubernamental o coalición monárquica (progresistas, unionistas y demócratas). Entre el 11 y el 22 de febrero de 1869 tuvo lugar la apertura y constitución de las Cortes democráticas, que iniciaron la elaboración de un texto constitucional. El 30 de marzo se presentó a Cortes el proyecto constitucional, que fue aprobado por mayoría el 1 de junio y promulgado el día 6 del mismo mes. La nueva Constitución (1869) vino a recoger en su articulado varios puntos importantes del ideario democrático, algunos de los cuales ya habían sido puestos en marcha por el Gobierno Provisional constituido en octubre de 1868.

Entre su lista de libertades destacan el derecho de reunión y de asociación; así mismo se garantizaba la libertad de palabra y de imprenta, con fuertes medidas para evitar la censura previa, el depósito o la responsabilidad del editor. Otro punto destacable es el relativo al derecho de petición, que se ampliaba a sus últimas consecuencias, de tal manera que el ciudadano podía dirigirse tanto a las autoridades ordinarias como a las Cortes y al rey. Proclamaba por otra parte, la libertad de cultos en relación con los extranjeros presentes en España. En lo que se refiere a la Iglesia católica, no existía una adscripción de esta al Estado, pero tampoco se establecía una completa separación, pues el Estado se comprometía a mantener el culto y a los ministros de esta confesión. Como las constituciones más avanzadas del siglo, en su parte orgánica declaraba que la soberanía reside en al Nación, de la cual emanan todos los poderes.

Así mismo, declaraba que España se constituía en una monarquía, pero, en virtud de las especiales características del Sexenio, surgía como una elección popular realizada por aquella libertad soberana. El poder legislativo lo hacía recaer únicamente en las Cortes, en las que reside la potestad de hacer leyes. El rey, simplemente las sanciona, pero carece de poder de vetarlas, y las mismas Cortes son las que pueden acordar la reforma de la Constitución. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno; en relación con el poder judicial, existe en realidad un claro deslindamiento respecto de sus funciones y de su auténtica independencia. La libertad de enseñanza se acompañó de una serie de disposiciones como el Decreto de 14-X-1868, que derogaba la Ley de instrucción Primaria y restablecía las escuelas normales.

Por Decreto de 21 de diciembre del mismo año se suprimía toda la legislación universitaria, y se implantaba también la libertad en la enseñanza superior, consagrando este derecho como auténticamente natural. En el plano puramente legal, se daba vía libre a la enseñanza privada, aunque apoyando la pública, con desarrollo de centros de enseñanza a todos los niveles, concediendo al profesorado auténtica libertad de cátedra.

Otra muestra de estas libertades cívicas se halla en el Decreto de libertad de imprenta de 1868, que dio pie a la correspondiente ley de 20-IV-1869. Esto último dio lugar a la fundación de nuevas revistas y periódicos y a la producción de innumerables folletos y libros en general: entre 18969 y 1874 aparecieron, solo en Madrid, más de un centenar de periódicos, sesenta de ellos de cariz político. La prensa obrera aprovechó también esta libertad; entre este tipo de publicaciones cabe citar La Federación, de Barcelona, yLa Emancipación, de Madrid. Incluso en el ámbito religioso nació una prensa de cariz protestante o discrepante con el catolicismo, como el periódico Los Neos sin Careta, alentado por el sacerdote liberal José García Mora. Este conjunto de decretos y leyes ponen de manifiesto que la Constitución de 1869 se basaba en una labor legislativa previa, impulsada por el Gobierno Provisional desde octubre de 1868, de manera que las disposiciones cívicas, de culto, de libertad de imprenta y demás, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, vieron la luz antes de que se aprobara el texto constitucional.

Aprobada la Constitución y establecida una forma monárquica del Estado, fue preciso acudir a una regencia en tanto no hubiera un rey. Dicha regencia fue establecida, por votación de las Cortes, en la persona del general Serrano,, duque de la Torre; jurada por este la Constitución, el general Prim, fue encargado de formar gobierno. Desde un punto de vista social, las clases populares, presionadas por la crisis de subsistencia, mostraron su decepción por la moderación de las reformas, especialmente en Andalucía, donde, a causa del problema de la tierra, se sucedieron los disturbios protagonizados por los sectores más radicales, encabezados por el partido Federal, y que culminaron con la insurrección federalista de otoño de 1869. Ese mismo año se produjo una encendida protesta en Cataluña por el hecho de que, en la Ley de Presupuestos, el ministro de Hacienda Laureano Figuerola presentó un arancel de aduanas donde se preveía la reducción progresiva de las tarifas extraordinarias que gravaban la importación de mercancías extranjeras, lo cual iba a representar según los empresarios catalanes, la ruina de las fábricas españolas. Los cerealistas castellanos y las herrerías vascas se sumaron a esas protestas, que fueron compartidas por los obreros y la opinión general, y vinieron a señalar un principio de distanciamiento respecto del régimen revolucionario.

En 1870, las Cortes aceptaron la propuesta del general Prim de ofrecer el trono al duque Amadeo de Aosta, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II (1861-1878). Amadeo llegó a Madrid en diciembre y asumió el trono como Amadeo I (1870-1873). La monarquía fue un fracaso por diversos motivos, pero, principalmente, por el asesinato de su principal valedor, Prim, y por la actitud vacilante de la gran burguesía, hecho que fortaleció a los sectores reaccionarios (alfonsinos y carlistas), y también a los sectores republicanos e internacionalistas. Los carlistas, por otra parte, iniciaron su tercera guerra en mayo de 1872, y los republicanos promovieron varios levantamientos, de modo que Amadeo I, falto de apoyos, presentó su dimisión ante las Cortes, propiciando la proclamación de laI República